En los últimos meses, el estado de Oaxaca ha dado mucho de qué hablar, convirtiéndose en el epicentro político nacional. Diversos han sido los sucesos que han evidenciado la falsedad del discurso político del gobierno de Salomón Jara, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo; que a su vez también es el principio moral fundamental de Morena y su Cuarta Transformación.
Desde el cobarde asesinato del Maestro Alejandro Leyva en julio pasado, sumado a las recientes detenciones de diversos personajes, entre políticos y ciudadanos, vinculados con organizaciones delictivas y agravios del patrimonio municipal. De los cuales resalta la del ahora expresidente municipal de Juchitán de Zaragoza, acusado por autoridades federales, por su presunta participación en actividades de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
Todos estos eventos han ocasionado un cataclismo en la política local.
Con un efecto de bola de nieve que ha dejado al descubierto toda una dinámica de aviadores en diversas instituciones del gobierno del estado, así como gobiernos municipales. Ventilando un nuevo episodio del avance de la gobernanza criminal, así como de la opacidad y decisiones según intereses por parte de la clase política morenista oaxaqueña.
Esta afirmación no es para menos. Un claro ejemplo que la sustenta es que, si bien el Congreso de Oaxaca, en una sesión extraordinaria, aprobó con 35 votos a favor y ninguno en contra, la desaparición de poderes en Juchitán, esto sucedió en medio de la presión mediática y política, pero para el pueblo oaxaqueño, en especial el juchiteco, fue una burla y agravio en contra de su inteligencia y buena voluntad.
Sobre todo, por los antecedentes que existen.
En junio del 2025, el Congreso del estado aprobó la desaparición de poderes del cabildo electo en Zapotitán de las Palmas, justificándose en un vacío de autoridad, acusaciones de violencia política de razón de género, ingobernabilidad y de desvío de recursos de casi 24 millones de pesos que el gobierno del estado no había entregado al municipio. Actos denunciados por la exalcaldesa Inés Martínez Reyes.
Posteriormente, el 23 de julio del mismo año, se aprobó la desaparición de poderes en San Mateo Piñas, consecuencia del asesinato de Lilia Gema García Soto, presidenta municipal, y por la renuncia masiva de los concejales. Sobre esto, una de las principales líneas de investigación apunta a la denuncia realizada por parte de García Soto ante la FGR por el presunto desvío de 25 millones de pesos.
Con estos antecedentes, ¿por qué entonces, a pesar de las múltiples denuncias ciudadanas dadas a conocer en diversas plataformas digitales consecuencia de los diversos sucesos delictivos registrados desde hace más de tres años, no se tomó la misma decisión con el gobierno de Juchitán de Zaragoza?
Interrogante que revela la opacidad institucional del gobierno estatal pero también del Congreso del estado que, en su gran mayoría, pertenecen al mismo partido.
No existe duda que lo sucedido en Juchitán trajo consigo un efecto en cadena, dejando al descubierto la pesada loza de corrupción que impera en el estado, con ejemplos que son del dominio público, y que, al mismo tiempo, consolidan el deterioro institucional del gobierno del estado de Oaxaca. Pero también en municipios con importancia política por su ubicación y tamaño de población.
Como Oaxaca de Juárez, gobernado por Ray Chagoya Villanueva, que también se encuentra en el ojo de la crítica social. Y no es cosa menor, en el contexto de las recientes detenciones en el estado, figuran la de Ricardo R.P., alias “El Duck” en agosto pasado, que se desempeñaba como Síndico Municipal de la ciudad capital. De acuerdo con las investigaciones, el motivo de su detención es por su probable participación en una red dedicada al robo, alteración y venta de automóviles en la Zona Metropolitana de Oaxaca.
En este mismo contexto, el pasado 7 de octubre fue detenida la directora de Fomento Cultural del mismo municipio, I.J.M.H., junto con otras cinco personas, por su probable participación en el delito de extorsión.
En conjunto, estos sucesos son muestra de las irregularidades, opacidad y negligencia cometidos por la clase política dominante de Oaxaca en todos sus niveles. Dinámica en la cual, el nepotismo y la designación de personas sin perfil, ni cédula profesional, en puestos clave de la administración pública, se ha vuelto el deporte preferido por el gobierno de Salomón Jara, y por un sin número de gobiernos municipales.
Todas estas irregularidades son, sin duda, características propias de un gobierno fallido.
Convirtiéndose en un lastre político, ocasionando que la desaprobación hacía Jara Cruz y, por ende, la del morenismo local, vayan en aumento.
Principalmente en la capital del estado, donde en el proceso de revocación de mandato realizado a inicios del año, el 74% de la población capitalina votó para que no siguiera al frente del gobierno estatal; porcentaje que, a lo mejor, actualmente es más alto.
Y es que las cosas en Oaxaca no van bien.
De acuerdo con datos oficiales, al cierre de septiembre de este año, posicionan a nuestro estado como la octava entidad más insegura con 619 homicidios dolosos; cifra por arriba del promedio nacional (401).
También se registra un desorden financiero. En días recientes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que detectó un desvío e irregularidades por cerca de 100 millones de pesos en la nómina del IEEPO, correspondientes a la Cuenta Pública 2025. Un antecedente inmediato es del mes de julio pasado, cuando la ASF también detectó deficiencias en el manejo de participaciones federales destinadas a los municipios, sobre todo, en lo que se refiere a fallas de control, retrasos de pagos, recursos retenidos y afectaciones por adeudos fiscales.
En lo social los resultados tampoco muestran un panorama positivo. Datos de la encuesta ENVIPE del INEGI señalan que para el estado de Oaxaca, 7 de cada 10 oaxaqueños viven con miedo. Si esto no fuera suficiente, la Encuesta Nacional del Bienestar Autorreportado 2025, también del INEGI, ubicó a la población de nuestro estado en la última posición en satisfacción con su vida; dinámica explicada en mayor medida por la dificultad de cubrir los gastos habituales del hogar.
Y aunque en el discurso del gobierno estatal se habla de una reducción de la pobreza en Oaxaca, esta no es producto de una dinámica económica saludable. En un análisis realizado por la reconocida consultora Sandoval y Asociados a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, se deduce que la pobreza bajó gracias a la dependencia directa de programas sociales económicamente insostenibles. Datos oficiales señalan que el 56.9% de los hogares en Oaxaca reciben programas del gobierno federal, posicionándose como la segunda entidad que recibe mayor cantidad de recursos por concepto de programas sociales, solo por detrás de Guerrero.
En suma, las problemáticas socioeconómicas y políticas en el estado de forma reiterada se han convertido en uno de los principales dolores de cabeza para la Presidenta Claudia Sheinbaum. Sobre todo, porque Oaxaca se considera un bastión político de su partido, pero que, ante la desafortunada gestión de Salomón Jara, la población comienza a ver otras opciones.
Situación que pone sobre la agenda, la latente posibilidad de un voto de castigo para Morena en las elecciones intermedias. Porque, probablemente, los oaxaqueños voten no en contra del partido, sino de la persona; es decir, en contra de Jara y su familia. Esto se deduce considerando los constantes agravios cometidos por parte de la autodenominada Primavera oaxaqueña en contra de diversos sectores sociales, empresariales y del propio gobierno.
No existe duda que el contexto sociopolítico de Oaxaca puede representar una carga para las elecciones del próximo año; proceso en el cual, ante el desgaste causado por las tensiones y conflictos internos, tanto del morenismo nacional y local, tienen que demostrar toda su fuerza y presencia en territorio. De lo contrario, el futuro de Morena no se visualizará más allá del 2030.
Al tiempo.