Mis más sinceras condolencias, y absoluto respeto para toda la familia Leyva Aguilar; no alcanzan las palabras.
“A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no”.
En un contexto donde la violencia, inseguridad pública y gobernanza criminal son cada día más notorios en nuestro estado, un lamentable evento vino a posicionar a Oaxaca en la prensa nacional e internacional.
Y no por la “máxima fiesta de los oaxaqueños”, sino por el asesinato cobarde, por la espalda, del maestro Alejandro Leyva Aguilar.
Leyva Aguilar era una pluma y voz crítica, de mucho peso social y periodístico; tal y como ha quedado demostrado en los últimos días.
Al tal grado de que, en menos de 48 horas, la Fiscalía del estado ya tenía un retrato hablado, detenidos y la logística de los hechos.
No cabe duda de que cuando la presión es mucha, las cámaras sí funcionan, y los funcionarios recuerdan cómo hacer su trabajo. Desafortunadamente, todo esto lo hicieron sabiendo que el caso ya era de la FGR, es decir, de competencia federal.
Este tipo de acciones en el lenguaje político se traduce como un intento de madruguete para desviar la atención y la investigación.
Ante esta situación, Salomón Jara ha señalado que está dispuesto a comparecer ante los tribunales, pero que no pedirá licencia porque no existen pruebas ni evidencias que lo señalen de forma directa. Además, ha negado que el crimen sea de Estado, y ha llamado a creer en las instituciones de justicia, que en los últimos años se han transformado.
Sumado a esto, en una reunión cuasi selectiva con periodistas, organizaciones y colectivos, planteó mesas únicas para atender los casos de amenazas a la libertad de expresión, afirmando que seguirá trabajando para construir una ley para proteger los derechos de los periodistas, y que se investigaría a los responsables de difundir las campañas de odio contra el gremio periodístico.
Al respecto, es cierto que no pedir licencia es su derecho, ya que legalmente cuenta con fuero, y la única forma de quitárselo es a través de un proceso de desafuero; situación que evidentemente no sucederá.
Porque, si bien el sistema de justicia mexicano se ha transformado, no ha sido para favorecer al pueblo. Si fuera así, también hubieran cambiado o eliminado leyes de protección para funcionarios implicados en situaciones que ponen entre su moral y ética, como, por ejemplo, el fuero.
En esta línea surgen algunos cuestionamientos: ¿cómo asegurar que habrá justicia y no impunidad cuando tres altos funcionarios del gobierno estatal, incluido el gobernador Jara, fueron señalados por el hoy occiso como los responsables si algo le llegara a pasar? ¿Cómo evitar que la investigación se entorpezca cuando los acusados por el hoy occiso forman parte de la estructura que apoya su realización?
Preguntas que sólo el tiempo responderá.
Por otra parte, resulta incongruente el discurso de Jara Cruz, porque tan sólo un día antes del asesinato daba a conocer que haría pública la lista de portales de los medios de comunicación que, según él, lo odian.
Es decir, además de ser un acto de censura, es, en toda su extensión, un mecanismo de hostigamiento y una clara campaña de odio de su parte hacia un determinado sector del gremio periodístico.
Luego entonces, ¿él también formará parte de la investigación en contra de los responsables de difundir las campañas de odio contra periodistas en Oaxaca?
Desafortunadamente, este asesinato es el reflejo de lo que, no sólo como oaxaqueños, sino como mexicanos, vivimos a diario: un ambiente de inseguridad y vulnerabilidad ante estructuras criminales que han logrado fracturar al Estado mexicano y, en no pocas ocasiones, infiltrarlo.
Por lo que la inseguridad y criminalidad en Oaxaca no es una situación exclusiva causada por el asesinato de Leyva Aguilar, ya que ese mismo día aparecieron muertas dos mujeres en la jurisdicción de San Andrés Huayápam, y se registraron dos asesinatos más en Pinotepa Nacional.
Un día después, en el Istmo de Tehuantepec se registró un ataque armado en las instalaciones de Autotransportes “Ranchu Gubiña” en Juchitán de Zaragoza.
Esta dinámica se ha vuelto peligrosamente algo habitual en territorio oaxaqueño. Y no es para menos: de acuerdo con datos oficiales, en lo que va del gobierno de Salomón Jara, han sido asesinados cinco presidentes municipales, ocho exalcaldes, nueve líderes sindicales y 21 activistas (entre dirigentes indígenas y representantes comunitarios).
El informe más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al primer semestre de 2026, posiciona a Oaxaca como la novena entidad con mayor número de homicidios dolosos con 439, arriba del promedio nacional (280). Además, de enero a mayo de 2026 se registraron ocho feminicidios, cifra lejana a las 46 muertes violentas de mujeres que tiene registro el centro de estudios GESMujer.
Es importante señalar que estas cifras no son un acto de odio hacia el gobierno estatal; son datos duros que permiten deducir que estamos lejos de estar entre las entidades más seguras del país.
Para muestra el reciente informe de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, al segundo trimestre de 2026, señala que solamente el 31.4 % de los encuestados considera efectiva la estrategia del gobierno de su ciudad para resolver problemáticas, mientras que la percepción de inseguridad en Oaxaca de Juárez es del 65.4 %.
Se imagina, querido lector, si esa es la percepción de inseguridad en el municipio capital, ¿cuál será la percepción de inseguridad en los municipios del Istmo y la Costa?
Finalmente, es de dominio público que las cosas no van bien en Oaxaca; los diversos sucesos que se han registrado durante la actual administración estatal muestran una anormalidad en la dinámica social de nuestro estado. Antes los hechos como el del maestro Leyva Aguilar, que, por los efectos que ha tenido, sumado a todo el derramamiento de sangre que se ha registrado en los últimos tres años en nuestro estado, es válido deducir que la Guelaguetza se ha teñido de sangre y crítica social, no sólo por lo que resta de las fiestas, sino también por lo que queda de la gestión de Salomón Jara.
Y no, no es una exageración, ni tampoco el uso político de un lamentable suceso; es la realidad misma. La Guelaguetza ha dejado de ser una fiesta del pueblo y para el pueblo; fenómenos como la gentrificación y la mercantilización de la cultura han comenzado a despojar a los oaxaqueños de su herencia ancestral, situación que empeorará en el corto plazo.