México: donde la verdad necesita escoltas. Muy a propósito del Día de la Libertad de Expresión, es importante decir que ejercer el periodismo se ha convertido en un acto de resistencia.
No es una profesión protegida por el Estado; es una actividad que puede costar la vida. Las cifras son devastadoras.
De acuerdo con ARTICLE 19, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fueron asesinados al menos 46 periodistas y cuatro más permanecen desaparecidos. La organización documentó, además más de 3,400 agresiones contra la prensa, el equivalente a una cada 14 horas.
Mientras que en los dos años de gobierno de Claudia Sheinbaum han sido asesinados 9 periodistas en posible relación con su labor informativa (contabilizados hasta enero de 2026) y la desaparición de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio Pulso Informativo del Sureste.
Ella fue privada de la libertad por un grupo armado el 2 de junio de 2026 en su domicilio de Nanchital, Veracruz. El caso cobró notoriedad porque parte del secuestro quedó registrado en video. Hasta el momento sigue sin ser localizada.
Hay además otro caso que sigue sin resolverse en Veracruz: Miguel Ángel Anaya Castillo, director de Pánuco On Line, desaparecido desde abril de 2025 tras denunciar actos de intimidación.
Pero la violencia no se limita a las balas. También existe la estigmatización desde el poder. En el sexenio de López Obrador, la tribuna presidencial fue utilizada para señalar, desacreditar y confrontar a periodistas frente a millones de ciudadanos.
Cuando desde el Estado se etiqueta a la prensa crítica como enemiga, corrupta o adversaria política, se alimenta un clima de hostilidad que multiplica los riesgos para quienes investigan corrupción, crimen organizado o abuso de poder.
Hoy, el silencio del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum frente a esta herencia resulta preocupante.
Porque en una democracia auténtica, el periodismo es un contrapeso del poder. Su función consiste en vigilar a los gobiernos, investigar abusos, exhibir redes de corrupción y llevar información de interés público a la ciudadanía.
Sin embargo, en México esa tarea elemental se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Aquí, informar no solo implica enfrentar intereses políticos, económicos o criminales; significa trabajar bajo la amenaza permanente de la violencia, la persecución, el hostigamiento y, en demasiados casos, la muerte.
México se ha consolidado durante años como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas formalmente reconocidas como escenarios de guerra. Las cifras son tan contundentes como alarmantes.
En México, matar a un periodista sigue siendo, en la práctica, un delito con enormes probabilidades de quedar impune.
La impunidad es el combustible principal de esta tragedia.
Cuando los responsables materiales e intelectuales no son castigados, el mensaje es devastador: silenciar a la prensa no tiene consecuencias. Esa ausencia de justicia no solo afecta a las víctimas directas y a sus familias; envía una señal de intimidación a todo el gremio periodístico.
Pero las amenazas no provienen exclusivamente de grupos criminales. Durante años, desde la más alta tribuna política del país se construyó un discurso que colocó a sectores de la prensa como adversarios públicos.
Las conferencias matutinas presidenciales, conocidas popularmente como “las mañaneras”, dejaron de ser únicamente ejercicios de comunicación gubernamental para convertirse, con frecuencia en espacios de confrontación contra periodistas, medios de comunicación y voces críticas.
Desde ahí se exhibieron nombres, se cuestionaron trayectorias profesionales, se desacreditaron investigaciones periodísticas y se alimentó una narrativa que dividía entre periodistas “afines” y periodistas “opositores”.
El problema no radica en que un gobernante responda a cuestionamientos o debata información publicada; eso forma parte de cualquier sistema democrático. El problema surge cuando el poder utiliza su enorme capacidad de influencia para señalar individuos específicos frente a millones de personas.
En un país donde los periodistas son asesinados, desaparecidos o amenazados con frecuencia, la estigmatización desde el poder no puede considerarse un hecho menor. Cada señalamiento público incrementa riesgos reales.
Cada descalificación pronunciada desde el gobierno puede convertirse en una invitación para que grupos radicalizados, actores criminales o funcionarios corruptos identifiquen a un periodista como objetivo.
La libertad de expresión no se erosiona únicamente con censura directa. También se debilita cuando se generan condiciones de hostilidad que fomentan la autocensura. Y eso es precisamente lo que ocurre en amplias zonas del país.
Muchos periodistas han optado por dejar de investigar ciertos temas, omitir nombres o abandonar regiones enteras para proteger su vida y la de sus familias.
A esta realidad se suma otro fenómeno aún más perturbador: las desapariciones de periodistas. Cuando un comunicador desaparece, el daño trasciende la tragedia individual. Se instala un mensaje de terror mucho más profundo porque desaparece también la certeza sobre lo ocurrido.
La desaparición es una forma extrema de violencia que busca sembrar miedo colectivo y desalentar cualquier intento de investigación futura.
Mientras tanto, la comunidad internacional observa con creciente preocupación lo que sucede en México. Organismos defensores de derechos humanos, relatores especializados en libertad de expresión y organizaciones globales de protección a periodistas han emitido reiteradas alertas sobre el deterioro de las condiciones para ejercer esta profesión.
Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia, existía la expectativa de un cambio de rumbo en la relación entre el poder y la prensa. Sin embargo, hasta ahora persisten muchas de las preocupaciones heredadas del sexenio López Obrador.
El país continúa registrando agresiones contra periodistas, las investigaciones avanzan con lentitud y las garantías para ejercer la profesión siguen siendo insuficientes.
El silencio frente a esta crisis también comunica. Cuando el Estado no coloca la protección de periodistas entre sus prioridades, cuando los asesinatos dejan de provocar indignación institucional, cuando la impunidad se normaliza, se envía un mensaje de tolerancia hacia la violencia.
Lo que está en juego no es únicamente la seguridad de un gremio profesional. Lo que está en riesgo es el derecho de toda la sociedad a estar informada.
Cada periodista amenazado representa una historia que podría no contarse. Cada reportero desplazado significa una comunidad que pierde vigilancia sobre el poder. Cada asesinato constituye una victoria para quienes desean operar en la oscuridad.
Por eso, la discusión no debe centrarse únicamente en cuántos periodistas han sido asesinados, desaparecidos o agredidos. La pregunta fundamental es qué tipo de país estamos construyendo cuando informar se convierte en una actividad que exige niveles extraordinarios de valentía.
Una democracia no muere de un día para otro. Se erosiona lentamente cuando el miedo reemplaza a la crítica, cuando la intimidación sustituye al debate y cuando la verdad comienza a pagarse con sangre.
México enfrenta hoy una de las pruebas más duras de su historia democrática. Porque cuando un periodista es silenciado, no pierde la voz una sola persona: pierde la voz una parte de la sociedad.
Y cuando la violencia logra imponer silencio, lo que desaparece no es solo una investigación, una nota o un reportaje. Lo que desaparece es la posibilidad misma de exigir cuentas al poder.
La nación que normaliza el asesinato de periodistas termina condenándose a vivir entre sombras. Porque donde callan los reporteros, prosperan los corruptos, se fortalecen los criminales y se debilita la democracia.
DE COLOFÓN:
¡Le vieron la cara!
Nos referimos a Fernando Aguilar Robles, el líder del Sindicato Unidos por Oaxaca (SUPO), quien aspira a la candidatura a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, pero no quiere saber nada del Partido del Trabajo ni de Benjamín Robles Montoya.
Los motivos: Robles Montoya le habría prometido en las pasadas elecciones federales, cuando este fue candidato a senador, que Aguilar Robles sería su suplente, pero para ello, tenía que darle la cantidad de $7 millones de pesos, porque el proyecto era que le dejaría la curul.
Aguilar Robles no es político, pero cuenta con recursos económicos y en su inexperiencia cayó en la propuesta y habría entregado el dinero a Montoya, quien perdió la candidatura al Senado de la República y jamás le cumplió a Fernando. Hoy están peleadísimos y aunque le habían pedido al líder del SUPO que fuera candidato a la alcaldía capitalina por el PT en el 2027, los mandó a volar.
Fernando Aguilar busca ser el elegido por Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional, donde ambos institutos políticos podrían ir en una coalición.
Actualmente, Robles Montoya pretende agandallarse una curul pluri federal y a su esposa Maribel Martínez meterla en la pluri local, una familia dueña absoluta del Partido del Trabajo con la complacencia de su líder nacional Alberto Anaya. Ahí hay componendas.
El Partido del Trabajo (PT) en Oaxaca recibe un financiamiento público total de $29,268,912.62 pesos anuales, lo que equivale a $2,439,076.05 pesos mensuales. De este total, por ley debe destinar al menos el 3 % (unos $878,067.38 pesos anuales) exclusivamente para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
Más $90 mil pesos mensuales que le dan de apoyo a la diputada Maribel Martínez por ser presidenta de la Comisión de Vivienda en San Lázaro. Ahora díganme ustedes si la legisladora federal ha promovido algún programa de viviendas en Oaxaca.
El PT oaxaqueño parece más una empresa familiar que una organización política. No es casual que muchos ciudadanos y liderazgos rechacen afiliarse a un partido donde las oportunidades parecen reservadas para los mismos apellidos.
Noé Jara, a bajarle tres rayitas después de la parálisis
Oigan, me confirman fuentes del Ayuntamiento capitalino que hace aproximadamente 10 días, a Noé Jara Cruz le dio una parálisis, un evento vascular cerebral que le afectó en la movilidad.
Fue hospitalizado y actualmente recibe terapia, aunque ya asiste a laborar, todavía se le observa cojear de una pierna y con un tic tac en el ojo, señal que aún no está bien, aunque va en recuperación, requiere de mucho reposo por prescripción médica, pero el señor terco no entiende que le debe bajar tres rayitas a su ambición, este es el primer susto.
Que los más felices fueron los dueños de los bares y restaurantes en la capital, porque ya no soportan la extorsión disfrazada de multas que les impone vía Blanca Martínez, directora de Economía, y aunque el buen Ray Chagoya dice que esa dirección no maneja presupuesto, pues no lo necesita, tiene a los inspectores y las multotas como caja chica.
¡Plop!
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