A tu memoria querido Alex Leyva.

No hay crimen más devastador para una democracia que el asesinato de un periodista. No porque una vida valga más que otra, sino porque cuando las balas buscan callar a quien investiga, denuncia y cuestiona al poder, también intentan sepultar el derecho de toda una sociedad a conocer la verdad.

El asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar no sólo enluta a su familia y al gremio periodístico; coloca a Oaxaca frente al espejo de una realidad que el gobierno de Salomón Jara Cruz insiste en maquillar mientras el miedo avanza más rápido que la justicia.

La muerte de Alejandro no cayó del cielo. No ocurrió en el vacío. Existía un contexto. Existían antecedentes. Existían amenazas denunciadas públicamente, incluso ante la fiscalía general de la República.

Publicidad

Existía un periodista que había dicho sentirse en riesgo y que había señalado directamente al gobernador Salomón Jara Cruz, al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y al consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero como parte de un conflicto político que él mismo hizo público. Esos señalamientos existen y forman parte de una realidad que ninguna autoridad puede borrar con boletines de prensa ni con discursos de ocasión ni con campañas de odio.

No corresponde a esta columnista señalar culpables penales; esa responsabilidad pertenece a la FGR. Pero sí corresponde señalar algo igual de grave: Alejandro denunció un contexto de amenazas y, aun así, no tuvo la protección que cualquier Estado democrático está obligado a garantizar a un periodista que advierte que su vida corre peligro.

Esa omisión tiene nombre: fracaso institucional. Ese fracaso no puede esconderse detrás de la frase más repetida por los gobiernos cuando todo está perdido: “se investigará hasta las últimas consecuencias”. Palabras huecas.

LAS PRUEBAS DE LAS DENUNCIAS DE ALEJANDRO

Aquí quiero dejar bien claro con documento en mano que el 16 de julio del 2025, la querella ante la FGR en Ciudad de México fue remitida a Oaxaca en la que Alejandro formuló su denuncia en contra del gobernador Salomón Jara Cruz, Geovanny Vásquez Sagrero y Jesús Romero López por algún tipo de ilícito penal al tenor de los siguientes hechos:

“Que el lunes 16 de diciembre de 2024 en el marco de la conferencia matutina de Jara en la sección “Trapitos al Sol”, fui difamado y exhibido en las frecuencias concesionadas al gobierno del estado lo que expuso mi labor periodística a represalias públicas. Y debo decir que semanas antes y semanas después el gobernador a través de esa sección en específico, continuó con las difamaciones en mi contra. La Fiscalía podía corroborar los hechos al solicitar las grabaciones a la CORTV, que está obligada a trasmitir y guardar en sus archivos esas trasmisiones”.

“A partir de esas difamaciones del gobierno de Salomón Jara, he recibido -desde entonces-amenazas de personas que me han dicho ¡O le bajas de huevos, o te mueres!, números desconocidos y a partir de ahí, he dejado de contestar números que no conozco”, señala la denuncia de Alejandro.

A partir del 30 de junio de 2025, dicha sección “Trapitos al Sol” salió del aire y cesaron momentáneamente los ataques hacia el periodista. Sin embargo, a partir de que el colega empieza a manejar información en su columna “El Zumbido del Moscardón” sobre el transporte público y el CityBus (BinniBus) se reactivaron los ataques, pero ahora por parte de portales digitales con nombres apócrifos y menciona al “Inquisidor noticias”, quien, señala, hizo dos publicaciones difamatorias sin sustento alguno ni documental ni periodístico, al igual que otro portal “Noticulero”.

También fue atacado a través de troles, presuntamente pagados desde la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Jara Cruz. El periodista maneja en la denuncia los links de las publicaciones difamatorias.

Aquí les compartimos la copia de esa denuncia para que la opinión pública y nuestros queridos ciberlectores corroboren que Alejandro Leyva no mintió, hizo toda la tramitología legal en busca de protección federal y la FGR junto con el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos jamás le brindaron la seguridad, hablamos desde el 2024, 2025 y 2026.

Si cuando Leyva Aguilar estaba vivo minimizaron las denuncias, al igual que la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca convertida en un “elefante blanco”, porque ahí también interpuso la queja, ¿ustedes creen que hoy después de su muerte van a dar respuesta?

¡Por favor! Todos se confabularon.

¿Dónde estaba el Estado cuando Alejandro decía sentirse amenazado? ¿Quién evaluó el riesgo? ¿Quién decidió que no era necesaria una protección efectiva? ¿Quién creyó que las advertencias podían esperar?

Porque los periodistas no empiezan a necesitar protección cuando aparecen muertos. La necesitan desde el momento en que las amenazas comienzan a cercarlos. Lo demás son discursos para administrar el escándalo.

Resulta ofensivo escuchar llamados oficiales de Salomón Jara y de Jesús Romero a la prudencia cuando ésta nunca apareció para proteger a quien hoy ya no puede contar su propia historia. Se pide esperar las investigaciones, pero nadie explica por qué las alertas previas no merecieron la misma atención.

Se exige confianza en las instituciones, pero esas instituciones como la FGEO, DDHPO (esta ocultó el expediente durante seis meses, también fue omisa Elizabeth Lara Rodríguez y se dedica a lavarle la cara al gobernador), FGR, la SEGOB con su titular Rosa Icela Rodríguez Velázquez, fallaron precisamente cuando debían impedir que el crimen ocurriera.

LA INTIMIDACIÓN DE SEGO A LA FAMILIA

Más indignante aún resulta que, mientras una familia exige justicia, denuncie haber sufrido actos de intimidación durante la protesta realizada el pasado sábado en el marco de la calenda cultural en Oaxaca. Esas denuncias confirmadas envían un mensaje aterrador: ni siquiera el duelo estaría libre de presiones.

No bastaría con asesinar al periodista; también habría que intentar silenciar a quienes reclaman justicia. Eso es un nivel de degradación democrática absolutamente inadmisible.

Un gobierno que se dice cercano al pueblo debería ser el primero en garantizar que una familia pueda manifestarse sin miedo. En cambio, lo ocurrido vuelve a alimentar una percepción cada vez más extendida: que en Oaxaca levantar la voz comienza a convertirse en un acto de valentía. cuando un ciudadano necesita valentía para exigir justicia, significa que el Estado dejó de ofrecer garantías.

Lo criminal fue la conducta del director jurídico de la Secretaría de Gobierno, Pablo Gabriel Arnaud Ríos al ordenar con su dedo que les echaran la patrulla a quienes se manifestaban, ante la molestia de su jefe Jesús Romero López porque la familia de Alejandro no aceptó ninguna mesa de diálogo con el funcionario, arreciaron las agresiones, incluida la de los golpeadores que se colocaron delante de ellos.

Los manifestantes denunciaron que uno de los atacantes traía un arma de fuego. Pero además les tomaron fotos a los jóvenes que se manifestaban, como una especie de fichaje. ¡Terrible!

Con esta denuncia no habrá ninguna duda de que el principal represor a la libre manifestación es el propio secretario de gobierno, Jesús Romero López.

Pero además la familia le pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que esa represión sea integrada a la carpeta de investigación que lleva la FGR, entonces un Ministerio Público Federal tendría que pedirle a un Juez Penal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca ejercite acción penal en contra de Romero López y de Arnaud Ríos por los delitos de abuso de autoridad.

Imagínense ustedes queridos ciberlectores a un MP Federal persiguiendo a estos funcionarios estatales. Por supuesto eso no va a ocurrir porque gozan de impunidad.

El segundo delito que ambos servidores públicos habrían cometido es el de la censura y al tratarse contra periodistas y familiares de un colega son competencia de la FGR, entonces, el MP Federal deberá ejercer acción penal ante Jueces Penales Locales por abuso de autoridad y ante Jueces Penales Federales por delitos contra la libertad de expresión en su modalidad censura.

CLIMA DE TERROR PARA LA PRENSA

Hoy Oaxaca vive un ambiente de temor que el gremio periodístico reconoce como uno de los más graves de su historia reciente. Nunca habían coincidido tantas voces en describir un escenario donde informar implica calcular riesgos personales antes que criterios periodísticos.

Nunca había resultado tan frecuente escuchar conversaciones sobre protocolos de seguridad en lugar de hablar de investigaciones periodísticas. Nunca el miedo había ocupado tanto espacio dentro de las redacciones.

La autocensura es el triunfo más perverso de la violencia. No necesita censores oficiales ni decretos autoritarios. Basta con que un reportero piense dos veces antes de publicar una investigación por miedo a las consecuencias. Basta con que un medio decida callar para proteger a sus trabajadores. Basta con que una familia ruegue a un periodista que deje de investigar porque teme que no regrese a casa.

Cuando eso ocurre, la democracia ya empezó a perder.

Quienes gobiernan suelen repetir que respetan la libertad de expresión. Es una frase impecable en los discursos, pero vacía cuando los periodistas denuncian amenazas y continúan completamente expuestos.

La libertad de expresión no se mide por las conferencias de prensa ni por los comunicados oficiales. Se mide por la capacidad del Estado para garantizar que ningún periodista tenga que elegir entre informar o sobrevivir.

Alejandro Leyva Aguilar denunció amenazas. Lo hizo públicamente. Expresó sus preocupaciones. Hizo señalamientos que hoy forman parte del contexto indispensable para entender este crimen de estado y que deben ser investigados con absoluta seriedad por las autoridades competentes. Ignorar ese contexto sería convertir la investigación en una simulación.

La exigencia social no puede limitarse a conocer el nombre del autor material. Oaxaca merece saber quién ordenó, quién planeó, quién financió, quién protegió y también quién omitió actuar cuando todavía era posible evitar la tragedia. La impunidad no sólo protege a los asesinos; también protege a las instituciones que fallan cuando más se les necesita. Aquí está clarísimo.

Cada periodista asesinado representa una derrota colectiva. Pero cada crimen impune representa algo todavía peor: la normalización de la barbarie.

No basta con prometer justicia. Esa promesa la hemos escuchado demasiadas veces. Lo verdaderamente extraordinario sería verla cumplida. Lo verdaderamente inédito sería conocer toda la verdad, caiga quien caiga y sin importar el costo político que implique. Porque la justicia selectiva no es justicia; es administración del daño.

Oaxaca no necesita más discursos sobre transformación mientras los periodistas viven con miedo. No necesita ceremonias oficiales sobre libertad de expresión mientras las amenazas siguen sin encontrar respuesta. No necesita funcionarios indignados frente a las cámaras si esa indignación nunca se traduce en protección efectiva para quienes hacen del periodismo un servicio público.

El asesinato de Alejandro Leyva Aguilar marca un antes y un después. No sólo por la brutalidad del crimen, sino porque obliga a preguntarnos qué tan frágiles se han vuelto las garantías para ejercer el periodismo en Oaxaca. Si un comunicador que denunció amenazas terminó sin protección y posteriormente fue asesinado, el mensaje para el resto del gremio es devastador.

La historia juzgará este momento con más severidad de la que hoy imaginan quienes ocupan el poder. Porque los gobiernos pasan, los cargos terminan y los discursos se olvidan. Lo que permanece es la memoria de las víctimas y la responsabilidad de quienes pudieron hacer algo para impedir la tragedia y no lo hicieron.

Callar frente a este crimen de estado sería aceptar que el miedo ganó. No podemos vivir con miedo. Por eso la exigencia debe ser una sola, firme e irrenunciable: verdad completa, investigación independiente, protección real para los periodistas y justicia sin excepciones.

En Oaxaca ya no sólo está en juego la vida de quienes informan. Está en juego el derecho de toda una sociedad a seguir escuchando voces libres e independientes.

CORREO: nivoni66@gmail.com

X: @Gelosnivon

FACEBOOK: Mary Nivon

INSTAGRAM: marynivon

FAN PAGE: ESPRIMERAMX/ Mary Nivón

TELEGRAM: t.me/esprimeramx