La grave violencia que hoy golpea a Oaxaca no puede explicarse con una sola causa, ni reducirse a la presencia de un grupo criminal, a un conflicto agrario o a una disputa política, porque estaría viendo apenas una parte del problema. Lo que ocurre es la suma de varios fracasos institucionales que terminaron encontrándose en el mismo territorio.
El crimen organizado ha sabido aprovechar muy bien la ausencia de las autoridades y ha ocupado el espacio vacío. Controlar caminos, imponer cuotas, decidir quién puede trabajar, quién puede gobernar o quién debe abandonar su comunidad. Así de simple.
Ese es el rostro de la seguridad durante el gobierno de Salomón Jara. Ese control territorial no siempre aparece en las estadísticas oficiales, pero sí en la vida cotidiana de miles de personas.
Los asesinatos de presidentes municipales y de otras autoridades locales reflejan esa realidad. No son únicamente ataques contra personas. Son golpes dirigidos a la representación del Estado en los municipios.
El crimen organizado ha sembrado el miedo y el terror en muchos pueblos y regiones de Oaxaca. Las cifras de violencia y muerte no mienten, son frías, duras, pero reales.
MÁS DE 3 MIL ASESINATOS EN GOBIERNO DE JARA
Veamos.
Hasta mediados de 2026, el estado de Oaxaca acumula más de 3,000 homicidios dolosos en lo que va de la administración del gobernador Salomón Jara Cruz, quien asumió el cargo en diciembre de 2022.
En los Primeros 18 meses (dic 2022 – junio 2024) se registraron oficialmente 1,439 homicidios dolosos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mientras que la fiscalía general del Estado reportó 985 asesinatos en ese mismo año.
Para 2025 y en el primer semestre de 2026, las cifras proyectadas e informes de medios como La Jornada y el SESNSP promedian entre 70 y 90 asesinatos mensuales (por ejemplo, 81 casos solo en abril de 2026), sumando alrededor de 1,000 casos adicionales por año completo.
En cuanto a las cifras de feminicidios oficiales en 2024: La FGEO contabilizó 20 feminicidios tipificados al cierre de ese año. Cifra que se contrapone totalmente con el registro histórico de violencia de género de Organizaciones civiles como el Grupo de Estudios sobre la Mujer (GESMujer) que reportan un acumulado de 324 asesinatos violentos de mujeres bajo el actual sexenio hasta mediados de 2026.
En cuanto a los ataques a autoridades y activistas, se han registrado 6 asesinatos de presidentes municipales en funciones o electos durante la actual administración jarista y colectivos sociales reportan la ejecución de al menos 32 activistas y defensores de derechos humanos en los primeros dos años y medio del gobierno de Morena.
Los alcaldes asesinados en el mandato de Salomón Jara son: Joaquín Martínez López (Chahuites), el 18 de marzo de 2024; Román Ruiz Bohórquez (Candelaria Loxicha), el 15 de octubre de 2024; Mario Hernández García (Santiago Amoltepec), en mayo de 2025; Lilia Gema García Soto (San Mateo Piñas), el 15 de junio de 2025; Joel Ángel Bravo Martínez (San Miguel Amatitlán), el 13 de junio de 2026 y Eduardo Saavedra López (San Miguel Yogovana), el 12 de julio de 2026.
El exalcalde de San Juan Cacahuatepec, Pedro Martínez Barroso, también fue asesinado a balazos apenas el pasado lunes 13 de julio de 2026.
Y lo más reciente de este jueves 16 de julio, el ataque armado que sufrió la agente municipal de Salinas del Marqués, perteneciente a Salina Cruz, Karina Mabel Ureña, la secretaria Sayre García y un ciudadano más, que por fortuna la libraron. Y del atentado culpa al edil de Salina Cruz, Daniel Méndez por las diversas denuncias que ha hecho en contra de esa administración municipal.
La impunidad agrava el problema. Hay grandes fallas del gabinete de seguridad, hablamos desde la Secretaría de Seguridad Pública que es la encargada de prevenir la violencia y no está cumpliendo con su papel, hasta la misma Secretaría de Gobierno con un titular como Jesús Romero López que ha sumido al estado en una grave ingobernabilidad.
Esa percepción, justa o no, erosiona la confianza en las instituciones. Las investigaciones pueden ser complejas y tomar tiempo, pero la sociedad necesita resultados visibles que demuestren que la ley tiene capacidad para responder. Y aquí es lo contrario.
Otro gran desafío es la fragmentación institucional. La seguridad pública no depende de un solo nivel de gobierno. Participan autoridades municipales, estatales y federales, además de las fiscalías y el Poder Judicial. Cuando esa coordinación falla, se abren espacios que pueden ser aprovechados por quienes ejercen la violencia.
También existe un problema de capacidades. Muchos municipios carecen de policías suficientemente equipadas, de sistemas de inteligencia o de recursos para enfrentar situaciones de alto riesgo. En esos contextos, la respuesta suele ser reactiva, porque se despliegan operativos después de los hechos, pero el reto está en prevenirlos.
LA SEGURIDAD EN EL CENTRO DEL DEBATE PÚBLICO
El atentado contra la agente municipal de Salinas del Marqués volvió a colocar la seguridad en el centro del debate público. Más allá de las circunstancias específicas del caso, que continúan bajo investigación, el hecho alimenta una percepción que se ha vuelto recurrente, incluso quienes desempeñan funciones públicas pueden convertirse en blanco de la violencia.
Frente a este escenario, el discurso oficial insiste en destacar reuniones de seguridad, despliegues operativos y detenciones. Es válido informar sobre esas acciones, forman parte de la obligación de cualquier gobierno, de la misma fiscalía general del Estado.
Sin embargo, la ciudadanía suele valorar los resultados por un criterio más simple, si se puede vivir con menos miedo que antes. Y ese objetivo no se está cumpliendo.
Ese es el verdadero examen. La capacidad de reducir los homicidios, esclarecer los ataques y recuperar espacios donde hoy predominan la intimidación y la incertidumbre.
También exige atender las causas sociales que alimentan el reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales. Ninguna estrategia basada exclusivamente en la reacción será suficiente.
El principal riesgo es acostumbrarse a que cada homicidio sea una nota más. Que cada autoridad asesinada ocupe unos minutos en los noticieros antes de ser reemplazada por otro caso. La normalización de la violencia es una forma silenciosa de derrota de un gobierno porque reduce la capacidad de indignación y de exigencia ciudadana.
Un gobierno no fracasa porque exista violencia, ningún estado está completamente libre de ella, por supuesto. Lo que pone a prueba a una administración es su capacidad para contenerla, investigarla y evitar que se convierta en una constante. Ese es el reto que Oaxaca enfrenta.
La historia demuestra que ninguna sociedad puede desarrollarse cuando el miedo sustituye a la confianza y cuando las armas pesan más que las instituciones. La seguridad no es un lujo ni un discurso, es la condición mínima para que exista inversión, empleo, turismo, educación y vida comunitaria.
Oaxaca merece dejar de ser noticia por sus asesinatos y volver a ser reconocido por su cultura, su diversidad y la fortaleza de su gente. Pero eso no ocurrirá mientras la violencia siga marcando la agenda pública y mientras la percepción de impunidad continúe debilitando la confianza en las instituciones.
Ojo, cuando la violencia se vuelve costumbre, el mayor peligro no es solamente el siguiente crimen o asesinato, sino que la sociedad termine creyendo que ya no hay nada que hacer.
En verdad, que mal estamos.
DE COLOFÓN:
LAS CAJAS DESTEMPLADAS DE SILVA ROMO
Recuerdan que en la entrega pasada les comenté que el senador Alfonso Silva Romo cabildeaba en Ciudad de México con el Verde Ecologista para ver la posibilidad de ser el abanderado de ese instituto político a la candidatura a presidente municipal por Oaxaca de Juárez, pero que aún no había planteado el asunto con su jefe político el gobernador Salomón Jara.
Pues bien. Silva Romo ya se reunió con Jara y la respuesta no fue agradable. El Mandatario oaxaqueño “le ordenó” quedarse en el Senado de la República y cumplir su periodo que vence en el 2030.
¡Plop!
Pobre Alfonso, caray, no le cuaja ninguna.
Las razones de Jara: Pues tiene otra propuesta para el Verde Ecologista, aunque todavía no se sabe con exactitud el nombre, porque igual trae placeando un rato a Ray Chagoya, luego a Mariana Benítez Tiburcio, que aún cuando la diputada federal quiere la reelección, igual y en una de esas le cuaja la capital.
La duda es si el Verde va a permitir por segunda ocasión que le impongan candidato, porque el Niño Verde (Jorge González) no está muy contento con el gobernador Salomón Jara, luego de que les quitara todas las propuestas de candidatos que llevó en la última elección y ganaran, incluyendo a Ray Chagoya. Les ordenó que se regresaran a Morena.
Los senadores Laura Estrada Mauro y Alfonso Silva Romo se quedaron en la bancada del Verde en el Senado de la República, porque el mismo Adán Augusto López, en ese entonces era el presidente de la Jucopo, les pidió que no se movieran de ahí porque les eran más útiles a Morena estando en el PVEM por el contrapeso con el PRI, PAN y MC.
Ambos senadores no son ni de aquí ni de allá.
SOBRINO DE JARA ES QUIEN DEJÓ PROYECTO DEL PARQUE LINEAL
Oigan, me confirman mis fuentes de Palacio de Gobierno, que quien sería el responsable del fracasado proyecto del Parque Lineal que costó $191 millones de pesos es nada menos que el sobrino del gobernador Salomón Jara Cruz, el mismo que fue titular de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones de Oaxaca, Carlos Vichido Hernández.
Aunque el cochinero se lo podrían endosar a la actual titular de la SIC, Sildya Mecott Gómez, porque a ella le tocó ejecutarlo, pero quien dejó el tema del Parque Lineal fue Carlos Vichido, incluso, hasta el momento no han hecho público si participó alguna empresa constructora, o solo es la Secretaría la encargada de ejecutar la obra que hoy está siendo demolida.
Como todo lo que tocan los Jara, siempre les sale mal, el karma los persigue a todos lados y tienen tan mala suerte que son precisamente las malas obras las que se les graba al colectivo ciudadano y el rechazo hacia el gobernador oaxaqueño y su familia se ha vuelto casi generalizado.
A ver cómo les va en el 2027 y 2028. Por lo pronto no hay castigo para los responsables de la demolición de la obra fraudulenta del Parque Lineal.
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