Ciudad de México.- México ha cerrado el año 2025 consolidándose como el escenario más peligroso para el periodismo en América Latina y el segundo a nivel mundial (solo superado por los territorios ocupados de Palestina). El informe anual de ARTICLE 19 revela una realidad desoladora: en promedio, al menos una persona periodista o un medio de comunicación fue víctima de una agresión cada día durante el último año. Con un saldo de siete asesinatos y una desaparición en posible relación con su labor, el país lidera la lista de letalidad en la región, evidenciando una crisis de seguridad que no ha logrado ser frenada por las instituciones del Estado.
La violencia en el país no se limita a los ataques físicos, sino que se manifiesta a través de una “hostilidad latente” donde el abuso del poder público y la violencia criminal convergen para silenciar las voces críticas. Durante 2025, el Estado mexicano fue identificado como el principal agresor en más del 50% de los casos documentados (específicamente en 227 incidentes). Esta violencia gubernamental se concentra principalmente en los niveles estatal (54%) y municipal (28.63%), aunque el gobierno federal mantiene una responsabilidad directa en 38 casos adicionales.
El informe destaca que el “ambiente hostil” es el mecanismo de control dominante, caracterizado por amenazas constantes y un discurso estigmatizante que proviene, en su mayoría, de autoridades y partidos políticos. De los 65 casos de estigmatización registrados, el 60% tuvo su origen en figuras con poder público que presentan a los periodistas como adversarios o desinformadores. Este tipo de narrativa no es neutral; en un contexto de alta impunidad, funciona como un habilitador que normaliza los ataques posteriores y profundiza el miedo en el gremio.
La censura también ha encontrado un nuevo frente en el ámbito legal y digital. Durante el año, se aprobaron ocho nuevas leyes (tanto federales como estatales) que restringen directamente la libertad de expresión bajo el pretexto de seguridad digital. Estas normas, calificadas como “censura legalizada”, utilizan formulaciones imprecisas que permiten a las autoridades criminalizar investigaciones legítimas o críticas a funcionarios. A la par, el espionaje sigue siendo una herida abierta: México concentró 456 de los 1,400 ataques cibernéticos globales registrados en el litigio contra NSO Group, el número más alto para cualquier cliente en el mundo.
En el caso de las mujeres periodistas en México, la violencia no solo busca silenciar la información, sino que se ensaña con su identidad y su vida privada a través de ataques con una fuerte carga de género. Durante 2025, ARTICLE 19 documentó que las agresiones contra ellas suelen incluir campañas de desprestigio con matices sexuales, amenazas de violencia física hacia sus hijos o familiares y una exposición pública que intenta humillarlas más allá de su labor profesional. Esta doble victimización las obliga a enfrentar un entorno donde el riesgo de informar se mezcla con la vulnerabilidad de vivir en una sociedad con altos índices de violencia feminicida.
En el entorno digital, el acoso se manifiesta mediante el uso de tecnologías para difundir información falsa o íntima, con el objetivo de mellar su credibilidad y retirarlas del debate público. Estas tácticas (que incluyen el doxing y el asedio coordinado en redes sociales) generan un impacto psicológico profundo que a menudo deriva en la autocensura. Al verse vulneradas en espacios que deberían ser herramientas de trabajo, muchas reporteras optan por reducir su perfil o abandonar coberturas sobre temas de corrupción y seguridad, lo que empobrece la pluralidad informativa del país y deja vacíos en temas que afectan directamente a otras mujeres.
Finalmente, el informe advierte que la respuesta del Estado ante estos ataques específicos sigue siendo insuficiente y carece de una perspectiva de género real. Los mecanismos de protección muchas veces no consideran las necesidades particulares de seguridad de las periodistas ni las dinámicas familiares que las rodean. Al no existir una justicia pronta que castigue a los responsables de la violencia digital y física, se envía un mensaje de permisividad que normaliza el hostigamiento hacia las mujeres que deciden ocupar espacios de opinión y denuncia, perpetuando así las estructuras de silencio que caracterizan el panorama actual de México.