Miguel Ángel Casique Olivos
En alguna ocasión, el periodista Manuel Buendía ‒asesinado el 30 de mayo de 1984 en la Ciudad de México, crimen que aún se condena por los peligros que enfrenta este gremio‒, al referirse a sus investigaciones sobre la Agencia Central de Inteligencia (CIA), reveló: “no considero devaluadas palabras como nacionalismo o patriotismo. Estoy persuadido de que los espías norteamericanos, aunque sólo cumplan labores de inteligencia, trabajan para beneficiar a Estados Unidos (EE. UU.) y no a México”.
La remembranza vale porque, en estos días, la agenda política del país se centra en la muerte de dos agentes estadounidenses en un accidente en la Sierra Tarahumara, lo que evidenció injerencia de la CIA; hecho que cuestiona la gravedad y el grado de “cooperación y aceptación” entre los gobiernos Federal y estatales so pretexto de “luchar contra el crimen organizado”.
La Fiscalía de Chihuahua presentó un informe inicial, en el que destacó que “los preparativos para ejecutar el operativo comenzaron el jueves 16 de abril. Ese día, un convoy con unos 40 funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) partió de Chihuahua-capital hacia el cuartel militar de la localidad de Guachochi, ubicado a unos 300 kilómetros”.
La titular de la Unidad Especial de la Fiscalía local, Wendy Chávez, reveló que las primeras indagatorias apuntan a que, desde ese momento, “se unieron al grupo cuatro personas ajenas a la Fiscalía de Chihuahua: dos eran los agentes que perdieron la vida en el accidente el 19 de abril y ambos vestían de civil; no tenían insignias que los identificaran como parte de alguna corporación policiaca, no llevaban armas; pero siempre tenían el rostro cubierto y el trato era con el Director de la AEI, Pedro Ramón Oseguera”.
El informe narra que, la madrugada del viernes 17 de abril, partió a la localidad de El Pinal, en el municipio de Morelos; el sábado 18 por la mañana comenzaron las operaciones de rastreo a pie y localizaron los laboratorios; por la tarde emprendieron el regreso; “hasta ese momento, no existe ningún indicio que permita suponer que, durante el operativo, las personas de origen extranjero se presentaron, ostentaron o actuaron como integrantes de alguna institución o agencia de seguridad nacional o extranjera”.
Hayan participado o no los agentes de la CIA, hoy, las tensiones políticas se han elevado; por eso, el día del accidente, el Fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, refirió a los estadounidenses como oficiales instructores de la Embajada de EE. UU., que se encontraban en labores de entrenamiento; pero, el 21 de abril, medios extranjeros mostraron que “se trataba de agentes de la CIA; y fuentes fiables dijeron a CNN que estos agentes estaban trabajando con autoridades mexicanas en operaciones antidrogas en el país”.
La tensión entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y de la gobernadora María Eugenia Campos se ha incrementado. La Presidenta solicitó explicaciones al gobierno gringo y pidió que la cooperación en seguridad se produzca por canales institucionales; ha reclamado al gobierno de Chihuahua que no se le haya informado sobre la presencia de agentes extranjeros y advirtió posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional. El lunes 27 de abril, el Fiscal Jáuregui renunció a su cargo y la gobernadora creó una unidad especial para que investigue el caso, respaldó el llamado a respetar la soberanía nacional y se reunió con Omar García Harfuch.
Sin afán de otorgar la razón a las autoridades que no sabían de la participación de los agentes extranjeros, resulta sospechosa la “colaboración de carácter extraoficial”. Lo cierto es que la CIA ha intervenido históricamente con “espionaje” en nuestro país desde el gobierno de Miguel Alemán, comprobado por el periodista Manuel Buendía; el reportero estadounidense Jefferson Marley, en su libro Nuestro hombre en México: Winston Scott y la historia oculta de la CIA, evidenció también la estrecha colaboración con funcionarios mexicanos mediante una red de contactos e informantes.
En febrero de 2025, Donald Trump aseguró que la CIA vigilaba con drones MQ-9 a narcotraficantes en territorio mexicano. Con permiso o sin él, es claro que la CIA ronda nuestro país.
Los mexicanos debemos apoyar a la Presidenta de la República cuando afirma que la soberanía nacional no se negocia y que corresponde a gobernadores, presidentes municipales y al pueblo de México defenderla ante la injerencia extranjera; y aceptando sin conceder que ni María Eugenia Campos ni Claudia Sheinbaum estaban enteradas del caso Chihuahua, deben llamar a la unidad del pueblo para defender la patria y la soberanía nacional; porque como advirtió Manuel Buendía, ningún agente de la CIA trabaja para beneficiar a México. Por el momento, querido lector, es todo.