Oaxaca se está acostumbrando a la muerte. Ese quizá sea el síntoma más grave de una crisis de seguridad que ya no puede esconderse detrás de estadísticas “maquilladas”, conferencias de prensa ni discursos sobre “resultados históricos”.
Cuando una sociedad empieza a mirar un cuerpo tirado en la calle como parte del paisaje cotidiano, el problema dejó de ser solamente criminal: se convirtió en una emergencia de Estado y eso no lo acaba de entender el gobierno de Salomón Jara Cruz ni el encargado de la política interna, Jesús Romero López.
En las últimas semanas, la violencia ha vuelto a colocar a Oaxaca frente a una realidad incómoda. Juchitán de Zaragoza, particularmente, aparece una y otra vez en las páginas policiacas, con ejecuciones, ataques armados y familias que viven con el miedo instalado en sus casas.
Apenas este fin de semana se reportaron tres asesinatos en distintos hechos en Juchitán, además de otros episodios violentos en la región del Istmo como el de Zanatepec, donde dos hermanos fueron acribillados junto con otra persona y una más resultó herida en plena fiesta de cumpleaños, sin el menor respeto, el festejado cumplía 100 años de vida.
Justo aquí comienza la pregunta que nadie en el gobierno quiere contestar con toda claridad: ¿de qué sirve anunciar operativos si la gente sigue muriendo? ¿De qué sirve presumir cientos de detenciones, armas aseguradas y patrullajes si en las calles fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla continúa existiendo la percepción de que los criminales tienen capacidad para atacar cuando quieren, donde quieren y contra quien quieren?
El gobierno de Jara Cruz puede presentar cifras de detenidos, decomisos y despliegues. De hecho, el propio gobierno reportó en julio 219 personas detenidas mediante el llamado Plan Juchitán, además del aseguramiento de armas, cartuchos, drogas y vehículos.
Pero una política de seguridad no se mide solamente por cuántas personas son detenidas: se mide por cuántas familias dejan de enterrar a sus hijos.
Ahí está el fracaso que duele.
Porque el ciudadano común no vive dentro de una gráfica estadística. No camina por una hoja de Excel. No duerme dentro de un informe gubernamental. Vive en una colonia, conduce un mototaxi, abre un negocio, manda a sus hijos a la escuela y regresa a casa preguntándose si llegará vivo. Esa es la verdadera encuesta de seguridad: el miedo cotidiano.
El propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que entre enero y junio de 2026 Oaxaca acumuló 439 víctimas de homicidio doloso, frente a 397 en el mismo periodo de 2025. Es decir, lejos de desaparecer el problema, la violencia letal registró un repunte en el primer semestre.
Hay otro dato que debería estremecer a cualquier gobierno: entre enero y junio fueron asesinadas oficialmente 38 mujeres en Oaxaca, cifra que contrasta con los reportes hemerográficos de Consorcio para el Diálogo Parlamentario que reportan 50 víctimas mujeres asesinadas.
De las cifras oficiales “maquilladas” que son 38, fueron investigados 11 casos como feminicidio y el resto como homicidio doloso. Por eso conviene ser rigurosos: la cifra de “50 mujeres asesinadas” que circula en el debate público debe actualizarse con el corte oficial más reciente; lo que ya está documentado es que decenas de mujeres han sido privadas de la vida en apenas seis meses.
Pero reducir esta discusión de que si son 38 o 50 o cualquier otra cifra sería cometer el mismo error que se le reprocha a las autoridades: convertir el dolor humano en contabilidad. Una mujer asesinada no es una unidad estadística. Un hombre ejecutado no es un número más. Un niño muerto por una bala que no iba dirigida contra él tampoco puede ser reducido a una carpeta de investigación.
En mayo, un niño de apenas ocho años fue asesinado en Juchitán durante un ataque armado contra una vivienda. La violencia alcanzó a un menor que estaba dentro de su propia casa. Tres personas fueron detenidas posteriormente por su presunta participación en ese crimen. ¿Qué clase de normalidad es ésta?
JUCHITÁN ES HOY EL ESPEJO MÁS INCÓMODO DE OAXACA
Allí se cruzan la violencia criminal, la extorsión, la impunidad, la debilidad institucional y una sociedad que poco a poco ha comenzado a resolver por su cuenta lo que las instituciones no resuelven a tiempo.
Hay algo todavía más grave: la pérdida de confianza en las autoridades.
Cuando una familia levanta el cuerpo de uno de los suyos antes de que lleguen los peritos, cuando mueve una escena, cuando limpia la sangre, cuando retira a la víctima y deja de esperar las diligencias ministeriales, no estamos solamente ante una posible alteración de una escena del crimen. Estamos frente a la evidencia brutal de que la ciudadanía dejó de creer que el Estado llegará a protegerla, investigar y hacer justicia.
Eso es peligrosísimo.
Cuando la autoridad pierde el monopolio de la seguridad, la sociedad comienza a improvisar sus propias reglas. Y cuando la gente deja de confiar en policías, fiscales y ministerios públicos, cada asesinato se convierte no sólo en una tragedia familiar, sino en una derrota institucional.
No se trata de negar que existan policías desplegados, como tampoco de desconocer que haya detenidos. El propio gobierno ha presumido que el Plan Juchitán ha permitido reducir los homicidios y debilitar estructuras criminales.
En mayo, la Fiscalía de Oaxaca llegó a reportar una reducción de 69 por ciento durante un periodo específico, mientras que posteriormente el gobierno habló de nuevas disminuciones.
Pero una reducción estadística en determinado periodo no puede convertirse en patente de impunidad política. Si después de los anuncios oficiales vuelven las ejecuciones, si continúan los ataques y si los ciudadanos siguen viviendo con miedo, entonces algo está fallando.
La seguridad no puede evaluarse desde un escritorio.
Tampoco puede medirse únicamente con la cantidad de patrullas estacionadas en una plaza, con fotografías de funcionarios junto a militares o con conferencias donde se anuncian resultados o mesas de seguridad que no han servido para nada.
La seguridad verdadera comienza cuando el ciudadano puede caminar de noche sin miedo, cuando un comerciante puede abrir su negocio sin pagar extorsión, cuando una familia puede salir de casa sin preguntarse si regresará completa.
No basta con condenar los asesinatos después de que ocurren. No basta con prometer que “no habrá impunidad”. No basta con decir que no se cederá territorio a los grupos criminales. El propio secretario de Gobierno, Romero López, reiteró recientemente que la estrategia en Juchitán continúa y que el Estado no cederá territorio.
La pregunta es simple: ¿quién está ganando la batalla en las calles?
El 4 de agosto fue asesinado a balazos un mototaxista en el estacionamiento de una sucursal comercial en Juchitán. El 15 de agosto, otro hombre fue ejecutado mientras circulaba en motocicleta. Durante el fin de semana se reportaron tres asesinatos más en el municipio.
Eso no significa que Juchitán esté perdido. Significa exactamente lo contrario: que Juchitán necesita que el Estado esté presente de verdad. Con instituciones que protejan a las víctimas y no las abandonen después de convertirlas en números.
Porque el Estado no puede aparecer solamente para contar cadáveres. Se necesita recuperar la confianza.
Y recuperarla exige reconocer el fracaso cuando existe. No hay vergüenza en admitir que una estrategia no está funcionando; la verdadera vergüenza es seguir sosteniéndola mientras las familias entierran a sus muertos.
Entiendan de una vez por todas, los resultados se llaman vidas salvadas, homicidios esclarecidos, criminales sentenciados, mujeres protegidas y familias que regresan completas a sus hogares.
Todo lo demás es discurso.
Hoy Oaxaca está frente a una decisión histórica. Puede seguir administrando la violencia, explicando sus cifras, justificando sus operativos y celebrando pequeñas victorias burocráticas mientras las calles siguen acumulando sangre. O puede asumir que existe una crisis y responder con toda la fuerza institucional que la ley permite.
Un gobierno que llega tarde a una escena del crimen puede explicar su demora una vez. Dos veces, quizá. Pero cuando las familias terminan levantando a sus muertos porque ya no quieren esperar a las autoridades, el problema dejó de ser la tardanza de una patrulla.
Es la quiebra de la confianza en el Estado. Y eso, señor gobernador Salomón Jara, no se arregla con una “Mañanera”.
Se arregla devolviéndole a Oaxaca algo que la violencia le está arrancando cada día: la certeza de que la vida de sus ciudadanos vale más que las estadísticas, más que los discursos y más que cualquier cálculo político.
Sobre todo, necesita un gobierno que entienda de una vez por todas que cada cadáver que queda en una calle, cada mujer asesinada, cada niño alcanzado por una bala y cada familia que decide levantar por su cuenta a su muerto representa una derrota del Estado.
La peor derrota no será que los criminales maten. Será que Oaxaca termine creyendo que nadie puede detenerlos. Ahí, exactamente ahí, comienza la verdadera tragedia.
DE COLOFÓN:
LA CRISIS EN EL PODER JUDICIAL
Oigan, que en el Poder Judicial del Estado los flamantes jueces, casos concretos en Miahuatlán de Porfirio Díaz y en la Mixteca, de plano no quieren cumplir con su obligación laboral, no asoman ni las narices en las oficinas y lo peor es que en la visita que hizo la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Erika Rodríguez los cachó en la movida, brillaban por su ausencia.
Que la magistrada de inmediato pidió información sobre las asistencias de los jueces y los pendientes en esas oficinas, y menuda sorpresa se llevó al corroborar que no cumplen con su jornada laboral y se resisten a los mecanismos básicos de control, como es el registro de entrada y salida.
Y lo más terrible, los jueces faltistas en lugar de acatar las medidas administrativas ahora han recurrido a las impugnaciones. Que a la magistrada-presidenta le llueven las quejas y denuncias por presuntos actos de corrupción, malas prácticas y deficiencias en la impartición de justicia y actualmente hay dos juzgadores suspendidos por faltas relacionadas con la administración pública, algo que no puede pasar desapercibido.
Pero eso no es todo. Me comentan que en el ámbito público ha empezado a observarse una tendencia preocupante como es la creciente exposición de magistrados y jueces en eventos políticos, acompañando a figuras partidistas y siendo presentados casi como parte de sus equipos, caso concreto el de la senadora Laura Estrada Mauro, que como todo mundo sabe aspira a la gubernatura de Oaxaca.
Esta grave situación genera interrogantes, porque tal parece que al Poder Judicial lo están utilizando como un espacio de disputa política, en lugar de mantenerse como un poder autónomo e independiente.
Por tanto, qué espera la presidenta del TSJO, Erika Rodríguez para meter orden, efectivamente suspendió a dos jueces por incumplimiento en su labor, falta todavía que corra a la jueza de Matías Romero Brenda Xiomara Suazo Zurita por presuntos actos de corrupción, se ha visto muy tibia y hasta pareciera que la han rebasado.
A ponerse las pilas magistrada-presidenta y no permita que se les suban a las barbas, debe tomar cartas en el asunto y quienes han sido señalados por malas prácticas y hasta de tener complicidades con “la maña” como en Huatulco deben ser despedidos.
¡A limpiar la casa!
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