Con la entrega de cien láminas y 5 mil pesos a 3 familias originarias de la comunidad de San Jacinto Yaveloxi en Oaxaca que desde marzo fueron expulsadas de su comunidad por profesar la religión evangélica, la Dirección de Asuntos Religiosos y la Coordinación de Enlace de la Secretaría General de Gobierno dio por cerrado el caso.
Esto fue denunciado por Miguel Zárate, coordinador de Asuntos Religiosos del Estado de Oaxaca, señalando que las familias que suman a 20 personas, entre ellas 8 niños y niñas desde los 3 hasta los 13 años de edad, fueron hostigadas desde 2008 por pobladores que profesan la religión católica.
Destacó que en la agencia de Yaveloxi realizan tres fiestas patronales al año, en donde pedían por varón, adulto, la cooperación de 500 pesos por cada festividad y aunque las familias ahora expulsadas cooperaban, en abril de este año manifestaron que cooperarían sólo de acuerdo a sus posibilidades, pues al ser evangélicos no tenían obligación a hacerlo por una distinta.
Las mismas familias señalaron sus derechos humanos contemplados en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, de profesar la religión que deseen con total libertad, pero eso no fue comprendido por la comunidad que luego de encarcelarlos y amedrentarlos los obligaron a firmar su renuncia a la ciudadanía de Yaveloxi para expulsarlos.
Miguel Zárate comentó que las 20 personas se salieron de sus hogares y fueron alojadas por personas de su religión en Santa María Yahuivé y desde entonces interpusieron una queja ante la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Dirección de Asuntos Religiosos de la Segego, pero hasta ahora siguen sin avanzar mucho.
Destacó que en las mesas de diálogo con el administrador municipal Elmer Cardoza Ojeda, le propusieron que las cooperaciones para ellos que no pertenecen a la religión católica fuera de 200 pesos y que los cargos de la comunidad los desempeñarían como lo han hecho hasta ahora, a excepción de los religiosos que les podrían intercambiar por cargos comunitarios, pero el administrador se negó.
Puntualizó que el argumento del administrador es que la asamblea no lo aprueba y luego de varias mesas de trabajo a lo único que accedieron es a darles cien láminas y 5 mil pesos, con lo cual la Secretaría General de Gobierno dice que se ha cerrado el caso, y las familias siguen sin poder regresar a su comunidad y sus tierras.