La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de despojo de más de 300 hectáreas de tierras cometido por particulares en agravio de la comunidad de San Francisco Cozoaltepec, situadas a orilla de playa en la localidad de Tilzapote.
El despojo de tierras, de acuerdo con las estimaciones, representa un beneficio de 6 mil millones de pesos a favor de las personas acusadas de despojo.
La comunidad promovente subrayó que desde 2011 un grupo de personas, mediante hechos y documentos falsos, se confabularon con abogados de la Procuraduría Agraria de ese tiempo, quienes simularon defender a la comunidad para cometer el fraude en perjuicio de ella.
En un primer momento, en mayo de 2016, estos dos particulares, que se presentan como matrimonio, Pedro Martínez Araiza y Domitilia Guzmán Olivera, obtuvieron una sentencia agraria sobre la procedencia de la acción agraria de exclusión de aproximadamente 300 hectáreas de terreno comunal; es decir, se desincorporaron de la propiedad de la comunidad.
Lo anterior, denunció la comunidad de San Francisco Cozoaltepec, con la complicidad del entonces Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 21 en el Estado, en el expediente número 414/2014.
Posteriormente, de acuerdo con las autoridades agrarias, y ahora con la presunta complicidad y corrupción del Juez Primero de Distrito en el Estado, en el expediente de amparo número 1226/2017, y de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa, obtuvieron también esos particulares, una resolución a su favor en el incidente de cumplimiento sustituto por la inejecución de la sentencia agraria, por la cantidad de más de 6 mil millones de pesos.
La autoridad agraria de San Francisco Cozoaltepec consideró esta sentencia como injusta e ilegal y por eso, explicó, la comunidad interpuso el recurso de queja con la cual se formó el expediente número 511/2025, del índice del Primer Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito.
Sin embargo, ante la falta de imparcialidad de los juzgadores, también promovió la acción de atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que fuera ésta quien conociera y resolviera la queja planteada.
Esto, apuntó, porque es “un asunto de suma importancia y trascendencia jurídica, ya que de confirmar la resolución dictada por el Juez Primero de Distrito, además de perder en forma definitiva las 300 hectáreas de tierra de la comunidad de San Francisco Cozoaltepec, se le causará un perjuicio al erario del Estado Mexicano, consistente en pagar más de seis mil millones de pesos a favor de Pedro Martínez y Domitila Guzmán”.
La comunidad precisó que el caso fue atendido por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien ejerció la facultad de atracción bajo el número de expediente 506/2025, y posteriormente se turnó para su conocimiento y resolución, a la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
“Esta solicitud de atracción se hizo en muchas ocasiones por la comunidad en las diversas quejas planteadas, pero el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa las desechó señalando que eran improcedentes, hasta que la ministra del pueblo Lenia Batres Guadarrama, al identificarse con el sentir del pueblo en demanda de justicia y principalmente al escuchar su reclamo se percató del claro y evidente despojo de las tierras que sufrió la comunidad agraria”, expresó.
La autoridad agraria confió en que la ministra Loretta Ortiz haga justicia en su proyecto, y todos los ministros de esta nueva corte que nació con la encomienda de hacer justicia para los más desprotegidos, ya que desde el inicio de su juicio, los juzgadores como Jueces de Distrito, Magistrados del Tribunal Unitario Agrario, Magistrados del Colegiado, e incluso su propio abogado de la Institución de la Procuraduría Agraria de ese tiempo, se confabularon y condujeron en forma parcial hacia los particulares para que obtuvieran sentencias en su favor. Lo anterior, señaló, fue lo que llevó a que el núcleo agrario perdiera sus tierras en la acción de exclusión.