En diciembre, el gobernador morenista Salomón Jara Cruz cumplirá su cuarto año de mandato y se encamina al término del gobierno con fuertes críticas por sumergir a Oaxaca en una crisis de inseguridad, una pésima administración presupuestal y conflictos políticos y sociales que difícilmente podría controlar en dos años; si no corrige esa forma de gobernar pronto, se convertiría en el vivo laboratorio de cómo los gobernantes morenistas nacionales caerán y tendrán que dejar el poder a otras fuerzas políticas.
La crisis de gobierno en Oaxaca se acentuó en días recientes cuando, el miércoles 29 de julio, tras el atroz asesinato del periodista Alejandro Leyva, quien había denunciado al gobierno estatal mediante reportajes, en la sesión de la Comisión Permanente del Senado, el diputado morenista Gibrán Martínez pidió iniciar la desaparición de poderes en Oaxaca porque consideró que las instituciones de la entidad no están funcionando; al contrario, existe un clima de persecución contra periodistas, contra los cuales estaría el gobierno estatal, aunque el gobernador declaró que se respetó la libre expresión del comunicador.
En el recinto se insistió en que “Salomón Jara debe renunciar” y se convocó al Senado de la República a declarar “la desaparición de poderes, porque no funcionan los constitucionales en el Estado de Oaxaca”. Además, se criticó la falta de indignación al señalar que los políticos y senadores “no son capaces de indignarse por asesinatos de personas decentes que únicamente buscaban la verdad y la justicia para proteger a las comunidades”.
La inconformidad sigue. El dos de agosto, El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, Capítulo de Oaxaca, la Asociación de Periodistas de Oaxaca, el Sindicato Nacional de Medios de Comunicación, Movimiento Periodismo en Riesgo y organizaciones de periodistas independientes difundieron una misiva para exigir al gobernador morenista que se respete y defienda la libertad de expresión, se haga justicia por el asesinato del periodista Alejandro y se condenen las agresiones contra periodistas que siguen impunes; además, llamaron a la unidad del gremio periodístico frente a los ataques y amenazas.
Más allá de los hechos recientes, las cosas se están complicando para el gobierno estatal; el discurso político que utilizó para encumbrarse en el poder, que prometió hacer verdaderos cambios sociales en la vida oaxaqueña, gobernar con innovaciones y hacer justicia a los pueblos y comunidades, está cada vez más lejos de esa realidad. A más de la mitad de su mandato, Salomón Jara solo ha concentrado el poder político y económico para gobernar con soberbia y despotismo; se confronta con la sociedad, ha replicado los vicios de los políticos anteriores y no escucha a sus gobernados para atender demandas de índole social como apoyos a la educación, vivienda, obras y servicios para colonias y pueblos.
En Oaxaca, más de la mitad de la población, 51,6 %, vive en pobreza; en el primer semestre de este año asesinaron a 38 mujeres y cinco periodistas; y tan solo en el mes de julio, 40 personas fueron asesinadas; mientras que el 66 % de los oaxaqueños, siete de cada diez, no tienen acceso a servicios de salud. Una verdadera tragedia para cualquier gobernante.
Asimismo, ya es vox populi que en el círculo cercano al gobernador se reparten posiciones y se desplaza y ataca a quien no se somete; se sabe que el operador de la confrontación es el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, quien, por cierto, no atiende ningún conflicto o inconformidad social.
Por si fuera poco, el gobierno de Salomón Jara ha atacado también a las organizaciones sociales, en especial el Movimiento Antorchista de Oaxaca; al avalar por “omisión” las denuncias y carpetas de investigación contra César Hernández Olivera, líder antorchista de la capital oaxaqueña y de Valles Centrales, el gobierno ratifica la persecución y la represión. Miles de oaxaqueños exigen que se detenga el acoso contra sus líderes y atención a las necesidades del pueblo; las protestas podrían escalar nacionalmente en los próximos días. Por el momento, un grito de justicia social se hará escuchar el 30 de agosto, en la Plaza de la Danza, donde cinco mil antorchistas se reunirán en el Festival por la unidad de los pueblos. Por el momento, querido lector, es todo.