Oaxaca amaneció este jueves con una noticia que durante mucho tiempo parecía imposible: la estructura dirigente de la ASAEO fue golpeada por un operativo de fuerzas estatales y federales. Nueve personas fueron detenidas, de acuerdo con la Fiscalía local, dentro de una investigación por presuntos delitos como extorsión, cobro de piso, despojo y narcomenudeo.
Entre los detenidos aparecen nombres que ya forman parte de la conversación pública: Sharon Italia Curiel Hernández, señalada como secretaria general de la organización; además de H.S.M., J.C.S., “El Gordo”, O.A.G., “El Cangrejo”, E.M.C., “El Panda”, J.A.G.F., “El Melón”, O.A.G., H.A.G.Q. y E.S.M.C., esta última identificada como regidora de San Antonio de la Cal.
El tamaño de este golpe no se mide por el número de detenidos, sino por el mensaje: en Oaxaca, una organización que durante años acumuló músculo político, capacidad de movilización y presencia en distintos sectores ahora enfrenta la maquinaria federal y la del Estado. Eso, por supuesto, cambia las reglas del juego para sindicatos, organizaciones y grupos de presión.
Aquí cabe una pregunta que apunta hacia el Palacio de Gobierno: ¿qué representa esto para Salomón Jara?
Representa, primero, una oportunidad para demostrar que el Estado no tiene favoritos. Pero también representa un enorme riesgo político, porque durante meses han circulado señalamientos sobre la cercanía de la ASAEO con Noé Jara Cruz, hermano del gobernador. Esas versiones y acusaciones existen en el debate público, pero no deben confundirse con una imputación penal contra Noé Jara.
Ahí está el verdadero desafío para el gobernador: la sociedad ya no quiere explicaciones políticas, quiere resultados judiciales. Si existen pruebas contra los detenidos, que sean presentadas ante los jueces; si hay responsabilidades adicionales, que alcancen a quien tengan que alcanzar, sin distingos.
La justicia pierde credibilidad cuando parece selectiva, pero también cuando se convierte en espectáculo.
Para los comerciantes, taxistas, diableros y trabajadores que durante años han denunciado cuotas, amenazas o presiones, el operativo puede sentirse como una bocanada de aire. No es poca cosa para quien trabaja diariamente con miedo a que alguien le diga cuánto debe pagar para poder ocupar un espacio, circular, cargar mercancía o simplemente ganarse el sustento.
Ese sentimiento de alivio es quizá el dato político más importante. Puesto que detrás de las siglas, los liderazgos y las disputas de poder existen ciudadanos que no quieren sindicatos convertidos en policías privados ni organizaciones sociales que cobran piso. Quieren trabajar sin pagar tributo a nadie que se sienta dueño de la calle.
La Fiscalía del Estado ha hablado de inteligencia criminal, cateos simultáneos y coordinación entre Marina, fuerzas federales, Defensa, Guardia Nacional y corporaciones estatales. El mensaje institucional es fuerte: el gobierno federal y estatal decidieron entrar a un territorio donde durante mucho tiempo la política y la presión callejera parecían tener sus propias reglas.
Pero el operativo no termina con las detenciones. Apenas comienza la parte difícil. Oaxaca necesita saber qué pruebas existen, quiénes participaron, cuánto dinero se movía, quiénes se beneficiaban y, sobre todo, si había funcionarios o políticos que conocían estas prácticas y decidieron mirar hacia otro lado.
Para el gobierno de Salomón Jara, el escenario es incómodo y al mismo tiempo inmejorable: puede convertir este golpe en una prueba de autonomía institucional o dejar que la sospecha política termine contaminándolo.
Si la justicia llega hasta donde tenga que llegar, el gobierno gana autoridad; si se detiene en los nombres políticamente convenientes, la operación terminará siendo vista como una disputa de poder. Por tanto, debe permitir que su hermano Noé Jara sea investigado y deslindar responsabilidades.
Precisamente por eso el gobernador tiene enfrente una prueba monumental. Si el gobierno quiere credibilidad, debe demostrar que la justicia no tiene apellido, parentesco ni padrino político. Si las investigaciones conducen a más responsables, tendrán que llegar hasta ellos, sin importar quiénes sean.
Porque de poco serviría presumir una gran operación si después aparecen los mismos operadores con otro nombre, otra organización y las mismas prácticas. Desmantelar una sigla no significa desmantelar una red. El verdadero éxito será impedir que el vacío de poder sea ocupado por otro grupo.
Aquí está el sentimiento que quizá más debería preocupar -o interesar- al poder: la gente está respirando.
El comerciante que abre su negocio, el trabajador que sale a buscar el sustento y el pequeño empresario que ha tenido que enfrentar presiones no están pensando en discursos oficiales; están pensando en algo mucho más elemental: que nadie vuelva a cobrarles por dejarlos vivir.
Oaxaca está cansada de los dueños de las calles. Hartazgo de quienes confunden organización social con impunidad, movilización con amenaza y representación sindical con capacidad para imponer condiciones. El ciudadano no quiere otro cacique: quiere instituciones.
El mensaje es brutal: Sin duda la orden fue federal, porque se tenía que dejar de negociar con el miedo.
Para miles de comerciantes, transportistas y trabajadores que durante años han vivido bajo presión, cuotas y amenazas denunciadas públicamente, el operativo representa algo más que una acción policiaca: representa la posibilidad de volver a trabajar sin sentir que alguien cobra por dejarlos trabajar.
Para Salomón Jara, esto puede convertirse en el golpe político que marque un antes y un después de su gobierno. Pero también puede ser su mayor problema si la sociedad percibe que detrás de la operación existe solamente una disputa entre grupos de poder.
La pelota está en la cancha de la federación porque los delitos son de ese orden. Y el gobernador Jara tiene que dejar que las investigaciones avancen, que los jueces decidan y que las pruebas hablen. Sin telefonazos, sin pactos debajo de la mesa y sin excepciones para los cercanos.
Si alguien cometió un delito, que responda ante la ley. Si alguien utilizó una organización para construir un negocio de amenazas y cobros, que responda todavía más. Pero si alguien pretende utilizar la justicia para ajustar cuentas políticas, también tendrá que responder ante Oaxaca.
Este es el momento de saber si el gobierno de Jara quiere ser recordado como el gobierno que finalmente enfrentó a los poderes de facto o como otro gobierno que simplemente cambió a unos operadores por otros.
La ciudadanía ya dio su veredicto emocional: quiere paz, quiere trabajar y quiere dejar de tener miedo. Ahora falta el veredicto institucional.
Aquí hay una última advertencia para Palacio de Gobierno: el alivio de los comerciantes puede convertirse en respaldo político, pero también se le puede revertir en indignación si después del ruido regresan las mismas cuotas, los mismos personajes y las mismas amenazas.
Oaxaca no quiere una guerra de grupos. Quiere que gane la ley. Esta vez, la sociedad está mirando quién se atreve a cruzar la línea.
DE COLOFÓN:
CECYTE SIGUE SIN PAGAR AL SAT $23 MDP DEL ISR DE TRABAJADORES
De verdad que no entienden.
Aun cuando el argumento del director general del CECYTE, Sergio López Sánchez es que no es su adeudo, porque fue heredado de su antecesora Blanca Martínez, la deuda al SAT por $23 millones de pesos por el ISR que no pagaron de los trabajadores, a pesar de que fue descontado, sí o sí lo tienen que liquidar, puesto que es un pendiente financiero institucional, no hay vuelta de hoja.
No es posible que los empleados afectados sigan siendo perseguidos por el SAT, cuando son los menos responsables de ese adeudo y López Sánchez tal parece que le apuesta a que el tiempo pase, sabedor, puesto que él conoce de temas financieros y presupuestales, que las deudas federales no se pueden quedar sin liquidar, porque ameritan sanciones administrativas en el mejor de los casos o cárcel.
Aunque intentaron que la Secretaría de Finanzas les suministrara esos recursos, tal parece que no le hicieron caso y lo dejaron solo con el problema, al igual que con el pago de laudos a empleados despedidos que alcanzan un promedio de $7 millones de pesos. Sergio López tampoco se ha preocupado por gestionar esos recursos, y son los trabajadores, de acuerdo con información enviada a nuestro correo, los que están siendo requeridos por el SAT.
Esto es muy grave, amerita una revisión puntual del “florero” que tienen como secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública de Oaxaca, Leticia Elsa Reyes López, neta solo sirve para perseguir a los enemigos políticos de su jefe el gobernador Jara Cruz, pero a los de casa les condona todo.
¡Ah!, pero eso sí, Sergio López ya llenó a la institución de “aviadores”, cierto, quitó a los de Blanca Martínez y metió a muchos de sus paisanos y amigos, para el caso es lo mismo, ahí nada ha cambiado.
Mientras tanto la Teresita Villalobos es la que ha llamado a López Sánchez enviándole una lista de quiénes se quedan en los cargos por indicaciones del gobernador Salomón Jara Cruz.
¡Plop!
NUEVO COORDINADOR ESTATAL EN IMSS BIENESTAR
Oigan, el doctor Carlos Bautista Leyva es el nuevo coordinador estatal de IMSS-Bienestar, quien fue presentado este jueves ante la plantilla laboral y hoy estará en una reunión con algunos medios de comunicación.
El galeno quien es oaxaqueño fue designado directamente desde la Ciudad de México, aunque eso no quiere decir que no tenga acercamiento con el gobernador Salomón Jara Cruz, puesto que el nuevo funcionario federal viene de estar en el ISSSTE-Oaxaca e incluso ha ido a algunas mañaneras oficiales, aunque no de muy buena gana.
El asunto es que con el nuevo nombramiento ya empezaron a dar de baja a algunos empleados, la sacudida puede tocarle a la familia Jara incrustada en esa institución, después de que los hospitales fueran prácticamente desmantelados, donde no hay medicamentos ni material quirúrgico.
Que Salomón Jara de inmediato pidió hablar con el coordinador y director nacional de IMSS-Bienestar, el Dr. Alejandro Svarch Pérez, para que no sean despedidos sus familiares, pero desconozco si haya logrado la audiencia con el funcionario federal.
Desde ayer el nuevo coordinador estatal de IMSS-Bienestar hizo recorridos en el Hospital Psiquiátrico, el Hospital de la Niñez, donde no hay ni cuneros, mucho menos medicamentos contra el cáncer; el Hospital Aurelio Valdivieso donde escuchó un rosario de quejas y la lista de necesidades es interminable.
Esperamos que ahora sí, la Federación le ponga atención a la salud en Oaxaca, porque están abandonados los hospitales y clínicas de salud.
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