El regidor del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, solicitó este martes al gobernador Salomón Jara Cruz separar temporalmente de sus cargos al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y al consejero jurídico del estado, Giovanni Vásquez Sagrero, al considerar que su permanencia podría afectar la imparcialidad de la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) por el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar, registrado en San Pablo Etla el miércoles de la semana pasada.
Durante la sesión pública del Cabildo de Oaxaca de Juárez, el también exdiputado federal y exdirector general de Liconsa sostuvo que su petición responde a razones de ética política, respeto a la familia y al propio proceso de investigación.
Precisó que la solicitud no representa una acusación contra los funcionarios, sino una medida para evitar cualquier duda sobre la objetividad de las indagatorias.
“La familia no exige; lo único que queremos es justicia. Pero si queremos partir de la certeza de que esta investigación se va a llevar a cabo con justicia, no pueden estar en el cargo quienes Alejandro Leyva señaló como sus posibles victimarios”, dijo Puga Leyva.
El concejal recordó que antes de ser asesinado, Alejandro Leyva difundió un video en el que advirtió que, si sufría un atentado, determinadas personas debían ser investigadas. Sobre esa base, sostuvo que, mientras las autoridades federales concluyen las pesquisas, la separación temporal de ambos funcionarios contribuiría a fortalecer la credibilidad del proceso.
“No digo que ellos hayan sido responsables y tampoco puedo asumir la irresponsabilidad de afirmarlo; pero mientras ellos estén en el cargo no se garantiza una investigación justa e imparcial”, afirmó.
En un mensaje pronunciado visiblemente conmovido, Ramírez Puga aseguró que su familia no permitirá que el asesinato del periodista quede impune y recordó que, en los últimos meses, Alejandro Leyva enfrentó una investigación relacionada con su gestión al frente de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), procedimiento que, según dijo, representó un intento de judicializar su actuación pública.