La noche del sábado 4 de julio de 2026, una intervención de la Policía Municipal de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca, terminó en una denuncia pública por presunto abuso de autoridad y agresiones físicas. Según los testimonios recabados, los hechos ocurrieron sobre la Avenida Ferrocarril, donde varios jóvenes fueron abordados por agentes municipales mientras circulaban en un vehículo.
De acuerdo con la versión difundida a través de redes sociales y denuncias ciudadanas, los oficiales marcaron el alto a los jóvenes antes de llegar a un punto de revisión de alcoholimetría. Los denunciantes aseguran que, sin mediar prueba de alcoholemia ni justificación legal clara, los uniformados procedieron a someter a uno de los jóvenes mediante golpes antes de trasladarlo a los separos municipales. En el proceso, el vehículo en el que se transportaban fue asegurado por las autoridades locales.
Tras la detención, allegados a los afectados solicitaron apoyo para difundir los hechos, argumentando que el actuar policial careció de protocolo y que el uso de la fuerza fue desproporcionado contra civiles que no mostraron una resistencia que ameritara tal violencia. Familiares y amigos de los jóvenes buscaron la intervención de medios locales para documentar la comparecencia ante el juez calificador y asegurar que el proceso legal se lleve a cabo con transparencia.
Las imágenes y videos difundidos como prueba de la detención muestran la tensión registrada en el lugar durante la noche del sábado, generando una ola de reacciones en redes sociales por parte de ciudadanos que exigen un alto al abuso policial en el estado de Oaxaca. La exigencia central de los denunciantes es que se investigue el proceder de los agentes involucrados y que se esclarezcan las razones que derivaron en la detención y los golpes propinados a los jóvenes.
Hasta el momento, no ha habido una postura oficial por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz Amilpas o de la corporación policiaca respecto a los señalamientos de violencia. Los afectados continúan con el proceso administrativo ante el juez calificador, mientras insisten en que la actuación de los uniformados no siguió los lineamientos de respeto a los derechos humanos y que el aseguramiento del vehículo fue realizado de manera arbitraria al no existir un sustento técnico o legal de infracción previa.
