Hay una diferencia fundamental entre un sindicato y una mafia de cuotas. El primero existe para defender a los trabajadores. La segunda para vivir de ellos.
Y esa es precisamente la pregunta que hoy se hacen decenas de trabajadores del Instituto Tecnológico de Oaxaca: ¿en qué momento la representación sindical dejó de ser una herramienta de defensa laboral para convertirse en una estructura dedicada a recaudar dinero, imponer sanciones y condicionar beneficios?
Lo que está ocurriendo en la delegación D-II-11 del Instituto Tecnológico de Oaxaca, cuyo delegado es Esteban López Vásquez, hoy es el centro de esta controversia, debería encender todas las alarmas al interior de la Sección 22.
No porque represente un caso aislado, sino porque exhibe un problema mucho más profundo: la transformación de algunas estructuras sindicales en verdaderos aparatos de control político y financiero que operan a costa de sus propios agremiados.
Aquí la denuncia de trabajadores de base:
En el mes de abril y mayo, se realizaron algunas asambleas sindicales en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, en las cuales se tocaron diversos temas. Entre los cuales se encuentran las “aportaciones voluntarias sindicales” y el pago de los bonos.
Aquí inicia el problema. Porque de febrero de 2025 a mayo del 2026 la delegación sindical recibió casi $700 mil pesos por concepto de “aportaciones voluntarias” que van desde los $250 para los compañeros no docentes, y de $350 para los docentes. Sin embargo, a pesar de ese pago, en general no se cuenta con un trabajo sindical que beneficie a los trabajadores.
A pesar de esa “cuota”, en una reciente asamblea la delegación sindical D-II-11 anunció que requería de otra cooperación más para apoyo en el periodo de “lucha” por el paro laboral actual. A lo que la mayoría de los participantes en la asamblea se opusieron.
No obstante, el 27 de mayo, el secretario general de la delegación, Esteban López Vázquez, circuló un documento Convocatoria que más parecía un mensaje de extorsión institucionalizada (PRUEBA 1), por cinco motivos.
En primer lugar, porque todas las convocatorias de asamblea deben ser firmadas por la Secretaría General y la Secretaría de Organización de la Sección 22 a la que pertenecen, estatutariamente. Incluso, aún las convocatorias del CES estatal, porque la actual dirigente Yenny Aracely Pérez Martínez no puede convocar sola. Pero, de acuerdo con la prueba 1 del documento que nos envían, está firmada solamente por López Vázquez.
En segundo lugar, porque además de que son ingresos que no son fiscalizados ante el SAT, no son cuotas voluntarias, sino por el contrario, son cuotas impuestas. Es una extorsión en toda regla, aprovechando la necesidad de los trabajadores de un ingreso complementario para sus hogares. Porque para docentes y trabajadores cuya plaza es baja, los cobros de cooperación y por concepto de sanción por no asistir a las actividades sindicales, representan entre el 15% y el 25% de su salario mensual.
En tercer lugar, porque no conformes con solicitar la INE vigente, piden la CURP certificada, para realizar un trámite oficial gubernamental, de salud o financiero. Sin dejar de mencionar que una delegación no cuenta con la facultad, ni para pedir este requisito, ni para condicionar el pago de un bono.
En cuarto lugar, se les ha amenazado que quienes no participen en las actividades del paro en curso, así como también no se regularicen con la cuota no voluntaria, se les retendrá el cheque del bono. Esto resulta delicado, porque el destino del cheque que no se entrega se desconoce.
Finalmente, señala la denuncia, se les condiciona que para pagar la “cuota voluntaria” y tienen que asistir a donde ellos indican, a pesar de que saben de antemano que existen empleados que por su edad o condición médica no pueden exponerse a condiciones en las cuales de un momento a otro puede desencadenarse una oleada de agresiones como las registradas en Mitla.
Mientras el discurso oficial habla de lucha social, dignidad laboral y combate a la corrupción, la realidad que denuncian numerosos trabajadores del ITO parece contar una historia muy distinta.
Una historia de cuotas. Una historia de presiones. Una historia de amenazas veladas.
Y una historia de dirigentes que parecen haber olvidado que fueron electos para servir a los trabajadores, no para administrarlos como si fueran propiedad del sindicato. Los números son escandalosos.
La pregunta que surge de inmediato es tan sencilla como incómoda:
¿Dónde está ese dinero? ¿Quién lo auditó? ¿Quién revisó su aplicación? ¿Dónde están los informes financieros públicos? ¿En qué se gastó cada peso?
Porque cuando una organización recauda cantidades cercanas al millón de pesos y al mismo tiempo solicita nuevas cooperaciones extraordinarias, los trabajadores tienen derecho no sólo a preguntar, sino a exigir respuestas.
Y cuando las respuestas no llegan, la sospecha comienza a ocupar el espacio de la confianza.
Lo más indignante es que mientras se pide más dinero a los agremiados, muchos trabajadores afirman no percibir beneficios sindicales proporcionales a las cantidades que se les exigen.
La contradicción es brutal. Se habla de lucha. Pero se cobran cuotas. Se habla de solidaridad. Pero se imponen sanciones. Se habla de justicia. Pero se condicionan beneficios. Se habla de democracia. Pero las decisiones parecen concentrarse cada vez más en pequeños grupos que actúan sin rendición de cuentas.
El problema ya no es económico. Es moral.
Porque la autoridad moral de un sindicato no proviene de los discursos pronunciados en una asamblea ni de las consignas repetidas durante una marcha. Proviene de la confianza de sus agremiados.
Y esa confianza se erosiona cada vez que un trabajador siente que es visto como una fuente de financiamiento y no como una persona a la que se representa. Particularmente grave resulta la denuncia relacionada con el cobro de los bonos.
De acuerdo con la denuncia de empleados de base del ITO enviados a este espacio, existe la percepción de que quienes no participan en determinadas actividades sindicales o no cumplen con las aportaciones exigidas pueden enfrentar obstáculos para recibir dichos recursos.
Los bonos no son favores personales de los dirigentes. No son regalos sindicales. No son concesiones otorgadas por un grupo político. Son recursos que corresponden a los trabajadores.
Ningún dirigente debería sentirse con el derecho de utilizarlos como mecanismo de presión o instrumento de disciplina interna.
Porque cuando un beneficio laboral se convierte en moneda de cambio para obtener obediencia política, el sindicalismo deja de ser defensa colectiva y comienza a parecerse peligrosamente a un sistema de control.
Más preocupante aún resulta la aparente indiferencia de la dirigencia estatal de la Sección 22 frente a estas denuncias. Desde hace años el movimiento magisterial ha construido buena parte de su legitimidad denunciando corrupción gubernamental, opacidad administrativa y abuso de poder.
Sin embargo, cuando las denuncias provienen de sus propios agremiados, el silencio parece convertirse en la respuesta preferida. Y ahí surge una pregunta que la dirigencia estatal que encabeza Yenny Araceli Pérez Martínez no podrá evitar indefinidamente:
¿La corrupción solamente existe cuando está fuera de la organización?
Porque si la exigencia de transparencia se aplica exclusivamente a gobiernos y autoridades, pero desaparece cuando las observaciones apuntan hacia estructuras sindicales, entonces no estamos hablando de principios.
Estamos hablando de conveniencias. La vara con la que se mide al poder debe ser la misma para todos. Sin excepciones. Sin privilegios. Sin vacas sagradas.
La actual dirigencia estatal encabezada por Yenny Pérez ha reiterado en múltiples ocasiones su compromiso con la honestidad y el combate a la corrupción. Es momento de demostrarlo.
Resulta especialmente irónico que una organización que históricamente ha demandado transparencia a los gobiernos parezca resistirse a transparentar sus propias finanzas. Nadie que administre recursos colectivos debería estar por encima del escrutinio público.
La crisis que hoy enfrenta la delegación D-II-11 no es una crisis de imagen. Es una crisis de credibilidad. Y las crisis de credibilidad son mucho más peligrosas que cualquier protesta o manifestación. Porque destruyen aquello que sostiene a toda organización: la confianza de su base.
El riesgo para la Sección 22 no es que existan voces críticas. El verdadero riesgo es que cada vez más trabajadores comiencen a concluir que sus dirigentes están más preocupados por recaudar que por representar.
Más interesados en controlar que en servir. Más ocupados en conservar espacios de poder que en defender derechos laborales. Cuando eso ocurre, el sindicato pierde su razón de ser.
Y cuando un sindicato pierde su razón de ser, comienza un proceso de descomposición que ninguna marcha, ningún bloqueo y ningún discurso revolucionario puede ocultar.
Porque la historia demuestra una verdad implacable: los sindicatos no se derrumban cuando los critica el poder. Se derrumban cuando dejan de representar a quienes les dieron razón de existir.
DE COLOFÓN: Le cortan la transmisión a Jara en segundo informe de Sheinbaum
Que este domingo durante el segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum tremendo oso hizo el gobernador Salomón Jara ante sus miles de acarreados, porros y grupos de choque del ASAEO que cuidaron las entradas del Parque Primavera; porque algunos estados como Veracruz y Jalisco presentaban fallas técnicas, no tenían conexión y entró el de Chiapas, luego le dieron la palabra al fin a Jara.
Muy contentito tomó el micrófono y justo cuando estaba empezando hablar, que se escucha en la trasmisión nacional que ya se estaban conectando los otros estados que tenían fallas y que le cortan, con una cara de pocos amigos mejor se sentó en su silla.
La ola de los acarreados que había sido ensayada para vitorearlo cuando terminara de hablar, pues se quedaron con las ganas todas las focas aplaudidoras y se hizo un silencio profundo.
¡Qué vergüenza!
Desde ahí se nota el gran descontento de Claudia Sheinbaum con el Mandatario oaxaqueño, porque posteriormente le dio las gracias, pero a Oaxaca.
La pasarela sucesoria de Jara
Oigan que la pasarela que trae el gobernador Salomón Jara para la sucesión del 2028 trae vueltas locas a las del gabinete. Porque en su peculiar forma de ser del Mandatario oaxaqueño, como dice una cosa dice otra. No tiene una carta mujer fuerte que le alcance para ganar.
Por eso se placea Saymi Pineda, que se le ha impuesto porque la señora ha dicho que pasará por encima de quien sea, puesto que ella tiene suficiente dinero para ser la próxima gobernadora. Pero Jara a sabiendas de que con esta carta será complicado llegar, su nueva propuesta es mandarla como candidata a la diputación federal por Pochutla. Trae muchísimos negativos en las encuestas.
Laura Estrada Mauro y Vilma Martínez tampoco son garantía de triunfo, además de que en honor a la verdad no han trabajado para ganarse un lugar en el ánimo de las y los oaxaqueños. Mencionan hasta a Juanita Cruz Cruz que ha entrado al quite, imagínense, solo ocurrencias con estos morenistas saben que la decisión vendrá de Palacio Nacional.
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