Los hechos registrados en Mitla durante el intento de desalojo contra integrantes de la Sección 22 representan uno de los episodios graves de violencia política y social que ha enfrentado Oaxaca en los últimos años, superado solo por el 2006.
No solo por el saldo de 16 maestros lesionados, 13 vehículos afectados y el aumento de la tensión política, sino por las imágenes que indignaron al estado entero: maestras y maestros sometidos, golpeados, amarrados y exhibidos públicamente en condiciones humillantes que constituyen una abierta violación a los derechos humanos.
Las fotografías y videos difundidos tras los hechos en Rancho Zapata, en inmediaciones de Mitla, muestran escenas que remiten a los peores momentos de confrontación política en Oaxaca.
Profesores retenidos por civiles, tirados en el suelo, rodeados por grupos de choque y sometidos físicamente mientras eran insultados y amenazados. La indignación creció no solo entre el magisterio, sino entre amplios sectores de la sociedad oaxaqueña que observan con preocupación el deterioro de la gobernabilidad y el regreso de prácticas que se creían superadas.
El saldo político del conflicto es devastador para el gobierno estatal. Pensamos, de verdad, que el 2006 había quedado atrás.
Más allá de las versiones oficiales que intentan reducir lo ocurrido a un enfrentamiento entre pobladores y manifestantes, la realidad apunta hacia una operación política fallida que terminó desbordándose.
Y en el centro de los señalamientos aparece el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, acusado por distintos actores políticos y por sectores del magisterio de ser el presunto responsable intelectual de la estrategia de confrontación contra los maestros. La asamblea magisterial acordó anoche ir por su cabeza: exigen su renuncia y le pusieron marca personal.
La acusación es delicada y explosiva.
No se trata únicamente de cuestionamientos sobre omisiones institucionales o incapacidad para contener el conflicto. Lo que hoy se discute en Oaxaca es si desde las estructuras del poder estatal se permitió, toleró o incluso alentó la actuación de grupos civiles para intentar romper por la fuerza un bloqueo magisterial.
La Sección 22 ha sido clara en sus posicionamientos: exige castigo para los responsables materiales, entre ellos el edil con licencia, Esaú López Quero y también para quienes habrían diseñado políticamente la operación, porque el “autoritario” alcalde con licencia no actuó solo, ha sido protegido desde la SEGO.
El nombre de Jesús Romero López aparece una y otra vez en las protestas, en las conferencias y en los comunicados sindicales. La razón es simple: la Secretaría de Gobierno es la instancia encargada de la política interna, del diálogo, de la negociación y de evitar precisamente que los conflictos sociales escalen hacia escenarios de violencia.
Pero en Oaxaca parece estar ocurriendo exactamente lo contrario.
El conflicto de Mitla no surgió de manera espontánea. Durante semanas existieron señales de tensión creciente entre autoridades municipales, sectores económicos afectados por los bloqueos y grupos políticos locales.
Porque también hay que decirlo, los comerciantes del Centro Histórico capitalino están cansados de lidiar cada año con más de 40 calles bloqueadas por el magisterio oaxaqueño que les ha causado pérdidas económicas, sin que se vea una salida de fondo a la problemática.
Lejos de construirse una ruta de distensión, el ambiente se fue radicalizando hasta desembocar en un episodio de violencia que ahora amenaza con incendiar nuevamente la relación entre el gobierno de Jara Cruz y el magisterio.
Las imágenes de maestras y maestros amarrados y sometidos representan una afrenta no solo contra el magisterio, sino contra el Estado de derecho. En cualquier democracia funcional, escenas de esa naturaleza obligarían a investigaciones inmediatas, deslinde de responsabilidades y consecuencias políticas contundentes.
En Oaxaca, en cambio, domina la incertidumbre.
La crisis también puso bajo los reflectores al presidente municipal de Mitla con licencia, Esaú López Quero, señalado directamente como uno de los operadores de la confrontación. Su obligada separación del cargo lejos de disminuir la presión política parece confirmar la gravedad del momento que atraviesa.
En círculos políticos y judiciales se habla incluso de investigaciones que podrían derivar en responsabilidades penales, irremediablemente podría ir a la cárcel. Pero el problema para el gobierno estatal es aún más complejo.
Porque Esaú López Quero no es un actor aislado. Su ascenso político estuvo vinculado a grupos cercanos al poder estatal y particularmente a la estructura política encabezada por Jesús Romero López, este último intenta hoy lavarse las manos y se observa a un López Quero solo, lo empujaron y lo abandonaron.
Ni el partido que lo arropó, Morena, lo quiere, le dio la espalda, al igual que la bancada morenista en el Congreso de Oaxaca.
Y aquí muchos recuerdan que el hoy edil con licencia fue impulsado políticamente desde espacios vinculados a la Secretaría de Gobierno, lo que inevitablemente alimenta las sospechas sobre la relación entre ambos personajes y sobre el posible respaldo político que habría existido detrás de las decisiones tomadas en Mitla.
Ese vínculo es justamente el que hoy coloca a Jesús Romero López en el centro de la tormenta.
La percepción pública empieza a consolidar una idea peligrosa para el gobierno estatal: que la política interna no sólo está mal operada, sino que ha terminado convertida en un factor de conflicto permanente.
La entidad acumula focos rojos en distintas regiones, disputas agrarias sin resolver, tensiones con organizaciones sociales, conflictos municipales, grave inseguridad y una relación cada vez más deteriorada con el magisterio.
El endurecimiento del conflicto magisterial es otro de los efectos inmediatos de la agresión. La Sección 22 considera que se cruzó una línea que no tiene retorno. Dentro del movimiento existe la percepción de que ya no enfrentan únicamente indiferencia gubernamental, sino una política deliberada de hostigamiento y desgaste.
Por eso las movilizaciones han comenzado a radicalizarse. Aunque los maestros decidieron que el 80% de la membresía magisterial se queda en Oaxaca y un 20% en la Ciudad de México, las protestas y bloqueos que ahorcan a las y los oaxaqueños que nada tienen que ver en la problemática magisterial, continúan. Hay un hartazgo ciudadano.
Además, que las exigencias ya no se limitan a demandas educativas o laborales. Ahora incluyen castigo a los responsables de la agresión, desaparición de grupos de choque, garantías de seguridad para el movimiento magisterial y la salida de funcionarios señalados por la crisis política.
La presión contra Romero López crece todos los días.
Y es ahí donde aparece otro problema serio para el gobierno de Salomón Jara: la pérdida de control narrativo. Durante meses, la administración estatal construyó un discurso basado en la idea de una nueva relación con los movimientos sociales, sustentada en el diálogo y la conciliación.
Sin embargo, las imágenes de violencia en Mitla destruyen buena parte de esa narrativa. Porque no existe forma de justificar políticamente que maestras y maestros terminen retenidos, golpeados y amarrados por civiles.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos han comenzado a exigir investigaciones independientes y medidas cautelares para las víctimas. Diversos sectores académicos y sociales advierten que lo ocurrido podría constituir actos de tortura, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad si se confirma la participación o tolerancia de funcionarios públicos.
La gravedad del caso trasciende el ámbito político y federal. Y en México, la presidenta Claudia Sheinbaum está molestísima por este error garrafal, tiene el mundial encima y un conflicto magisterial atizado desde el gobierno de Oaxaca. El enemigo está en casa.
Lo que está en juego es la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales y evitar que los conflictos sociales sean resueltos mediante violencia parapolicial o mecanismos de presión extralegal.
Oaxaca tiene una larga memoria de confrontaciones políticas, desapariciones, represión y crisis sociales. Precisamente por eso, las escenas de Mitla provocaron tanta indignación: porque muchos creían que ese ciclo había quedado atrás.
Pero el ambiente actual dice otra cosa.
La ausencia de acuerdos, la confrontación permanente y la incapacidad institucional para procesar los conflictos están alimentando un clima de ingobernabilidad que empieza a extenderse peligrosamente.
La Secretaría de Gobierno, lejos de fungir como puente político, parece atrapada entre la improvisación, la soberbia y la falta de operación.
En los pasillos de Palacio de Gobierno ya se habla abiertamente de desgaste, fracturas internas y disputas por el control político rumbo a los próximos procesos electorales. Mitla podría convertirse no sólo en una crisis coyuntural, sino en el inicio de una ruptura mayor entre el gobierno estatal y sectores históricamente determinantes en la gobernabilidad de Oaxaca.
La pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿quién dio la orden?
Porque detrás de los grupos civiles que participaron en la agresión tuvo que existir organización, financiamiento y operación política. Nadie moviliza contingentes, coordina acciones violentas y actúa con tal nivel de impunidad sin sentirse protegido políticamente.
Por eso la exigencia de esclarecer los hechos no desaparecerá fácilmente.
La licencia de Esaú López Quero no resolverá el problema. Tampoco bastarán discursos institucionales o llamados al diálogo si no existen investigaciones reales y sanciones claras. El conflicto ya escaló demasiado y el magisterio difícilmente aceptará simulaciones.
La administración jarista enfrenta hoy uno de sus momentos más delicados.
Porque cuando la política deja de ser instrumento de conciliación y se convierte en detonante de violencia, el gobierno pierde autoridad moral y capacidad de interlocución.
Mitla exhibió las fracturas internas del poder, la improvisación en el manejo de crisis y la incapacidad para construir gobernabilidad en un estado históricamente complejo.
Mientras las maestras y maestros agredidos siguen exigiendo justicia, Oaxaca observa con preocupación cómo la llamada Primavera Oaxaqueña comienza a erosionarse entre conflictos, acusaciones y violencia política, entre ellos mismos se comen como caníbales.
Y si el gobierno de Salomón Jara no esclarece quién ordenó, permitió o encubrió la violencia en Mitla, la sospecha terminará convirtiéndose en condena pública.
CORREO: nivoni66@gmail.com
X: @Gelosnivon
FACEBOOK: Mary Nivon
INSTAGRAM: marynivon
FAN PAGE: ESPRIMERAMX/ Mary Nivón
TELEGRAM: t.me/esprimeramx