Por años, el transporte público en Oaxaca funcionó bajo una lógica peculiar: lo ilegal terminó normalizándose y lo improvisado sustituyó a la planeación. Bases de taxis instaladas en calles del Centro Histórico, terminales irregulares frente a mercados, colectivos operando fuera de sus municipios y organizaciones de transportistas ocupando espacios públicos como si fueran concesiones privadas.
Nadie lo detuvo. Un verdadero desorden.
Ni gobiernos priistas, ni panistas, ni morenistas. Todos administraron el problema. Todos negociaron políticamente con él. Y ahora, el gobierno estatal encabezado por Salomón Jara Cruz intenta resolver, en apenas unos meses, un desorden que se incubó durante más de tres décadas.
La operación recae en la Secretaría de Movilidad, dependencia que ha colocado sobre la mesa una de las apuestas más delicadas de esta administración: sacar del Centro Histórico a buena parte del transporte foráneo y reorganizar el sistema de movilidad en Oaxaca de Juárez y otras regiones del estado.
El problema es que ordenar el transporte en Oaxaca no es solamente una decisión técnica. Es una bomba política, económica y social. Se quitan del centro histórico, pero el caos se va a la periferia.
Porque el caos vial no nació solo. Creció protegido por intereses políticos, sindicatos, omisiones gubernamentales y una realidad incuestionable: miles de personas dependen diariamente de ese sistema irregular para sobrevivir.
Semovi asegura que el objetivo es recuperar el orden urbano y proteger el Centro Histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Según datos oficiales, actualmente existen alrededor de 159 sitios de transporte público en la capital, incluyendo taxis foráneos, urbanos, suburbanos y terminales improvisadas.
Tan solo en inmediaciones de la Central de Abasto se concentran 130 bases, mientras que otras 27 operan dentro del Centro Histórico.
La propia dependencia reconoce además que más de 3 mil 300 taxis foráneos circulan diariamente en el primer cuadro de la ciudad, muchos de ellos sin autorización municipal.
El resultado es visible para cualquiera que camine por Periférico, Las Casas, Trujano, Bustamante o el Mercado de Abasto: tráfico colapsado, calles tomadas por terminales, dobles filas permanentes y una ciudad cuya velocidad promedio de circulación cayó hasta apenas 7 kilómetros por hora.
Y ahí está el gran dilema: el diagnóstico del gobierno no es falso. Oaxaca sí vive un colapso vial. Pero el problema aparece cuando se analiza el fondo del proyecto.
Porque Semovi está intentando retirar taxis y bases del Centro Histórico sin haber construido primero un verdadero sistema integral de movilidad.
Semovi insiste en que el reordenamiento será gradual, que no busca prohibir el ingreso de taxis foráneos y que los usuarios podrán seguir entrando a la ciudad. Incluso la dependencia tuvo que salir a desmentir rumores sobre una supuesta expulsión total de taxis colectivos de la capital.
Sin embargo, detrás del discurso institucional existe una realidad inevitable: miles de personas tendrán que modificar completamente su dinámica de traslado.
A partir del 29 de mayo comenzará la reubicación de taxis colectivos provenientes del Valle Eteco, Mixteca, Sierra Sur y otras regiones hacia puntos periféricos como la Central Camionera o terminales aún no definidas sobre Periférico y Símbolos Patrios.
Eso significa más transbordos, más gasto y más tiempo para usuarios que durante décadas llegaban directamente al Centro Histórico.
Y aquí aparece la gran contradicción del proyecto.
El gobierno quiere aplicar un modelo de movilidad similar al de grandes ciudades donde las terminales se ubican fuera de las zonas históricas, pero Oaxaca no tiene todavía la infraestructura de esas ciudades. No hay metro. No hay metrobús. No existe integración tarifaria.
El BinniBus -antes CityBus- sigue siendo insuficiente para absorber el flujo regional completo, aunque el gobierno presume avances en cobertura y número de usuarios. En 2024, el sistema reportó haber alcanzado un millón de pasajeros en 200 días de operación y cobertura sobre aproximadamente 250 colonias.
Pero incluso con esos avances, Oaxaca continúa dependiendo profundamente del transporte concesionado y de los colectivos foráneos.
El BinniBus sigue operando con chofer y cobro en efectivo, de nada sirve el anuncio rimbombante del gobernador Jara, si tienen el cúmulo de tarjetas, pero no las pueden operar, entonces, sigue siendo un servicio deficiente y no moderno como se prometió.
Por eso el costo político del reordenamiento puede ser alto.
Porque mientras el gobierno habla de rescatar el Centro Histórico, miles de ciudadanos ven otra cosa: más dificultades para llegar a hospitales, oficinas gubernamentales, escuelas y mercados.
Y en Oaxaca el transporte no es solamente movilidad; es economía popular.
Cada mañana miles de comerciantes, campesinos, estudiantes y trabajadores llegan desde municipios cercanos para sostener buena parte de la actividad económica de la capital. El taxi colectivo se volvió una solución informal ante la ausencia histórica de un sistema metropolitano eficiente.
Ahí está la parte más incómoda para el gobierno: el Estado dejó que el transporte irregular resolviera durante años un problema que nunca quiso enfrentar estructuralmente. Ahora intenta desmontarlo de golpe.
Además, existe otro factor delicado: el poder político de las organizaciones transportistas.
En Oaxaca, los sindicatos y sitios de taxis no son simples agrupaciones laborales. Son estructuras de presión territorial, redes clientelares y actores políticos con capacidad de movilización.
La historia reciente del estado demuestra que cualquier intento de modificar intereses del transporte suele derivar en bloqueos, marchas o confrontaciones. El gobierno lo sabe. Por eso Semovi insiste constantemente en que el reordenamiento “no es autoritario” y que existen acuerdos firmados con los transportistas.
Pero la tensión ya comenzó. Sacar taxis no es ordenar la movilidad
Semovi inició operativos permanentes para impedir que taxis hagan base en la vía pública y algunos sectores ya acusan hostigamiento. El problema es que las autoridades están tratando de imponer legalidad sobre actividades que durante décadas permitieron operar fuera de norma.
Y cuando un gobierno tolera durante años una irregularidad, después pierde legitimidad para corregirla abruptamente.
El caso de Juchitán de Zaragoza ilustra perfectamente ese fenómeno.
Ahí, Semovi enfrenta otro de los mayores retos del sexenio: el reordenamiento de mototaxis en el Istmo de Tehuantepec. La cifra es brutal: alrededor de 135 grupos de mototaxistas operan en Juchitán.
Eso refleja no solamente desorden urbano, sino una fragmentación política y territorial enorme.
El gobierno estatal asegura haber realizado más de cinco mil revisiones y decenas de operativos para regularizar unidades, retirar vehículos irregulares y detectar conductores menores de edad o unidades con documentación alterada.
También presume acuerdos con cerca de cien organizaciones para uniformar operadores, colocar identificación visible y establecer controles mediante placas y chips de localización. Pero el fondo vuelve a ser el mismo: durante años el Estado permitió que el mototaxi creciera sin control.
En muchas regiones del Istmo, el mototaxi dejó de ser únicamente un medio de transporte. Se convirtió en un instrumento de control territorial, en fuente de empleo informal y en estructura política vinculada a organizaciones locales.
Por eso el riesgo de Semovi es enorme.
Si logra imponer orden, podría convertirse en uno de los pocos gobiernos que realmente enfrentó el problema del transporte en Oaxaca. Pero si falla, el resultado podría ser todavía peor: conflicto social, caos trasladado hacia las periferias y organizaciones fortalecidas políticamente frente a un gobierno incapaz de sostener el control.
Porque hasta ahora el reordenamiento parece concentrarse más en retirar transporte del Centro Histórico que en construir una transformación profunda de movilidad. Y son cosas distintas. Mover bases no significa necesariamente resolver el problema.
La gran pregunta sigue sin respuesta: ¿qué pasará cuando miles de usuarios tengan que llegar diariamente a terminales periféricas sin un sistema eficiente que los conecte rápidamente con la ciudad?
Porque Oaxaca no necesita únicamente operativos. Necesita planeación urbana, transporte masivo, corredores funcionales, banquetas seguras y una visión metropolitana que nunca ha existido realmente.
Mientras eso no ocurra, el riesgo es evidente. El gobierno puede terminar limpiando visualmente el Centro Histórico mientras el caos simplemente se desplaza hacia otros puntos de la ciudad.
Y entonces Oaxaca descubrirá algo incómodo: ordenar el transporte no consiste solamente en sacar taxis de las calles más turísticas.
Consiste en garantizar que millones de trayectos cotidianos sigan siendo posibles y seguros para quienes sostienen diariamente la vida económica y social de la ciudad.
Todavía estamos en pañales.
DE COLOFÓN:
Detectan a dos funcionarios de IMSS-Bienestar ostentando doble empleo ¡y son de Sección 35!
No tienen vergüenza.
Descubrieron en la movida a dos empleados pertenecientes a la Sección 35 que dirige Omar López Sánchez con doble empleo ¿o plaza?, de acuerdo con el documento oficial de requerimiento que nos hicieron llegar, donde el jefe de Servicios de Atención a la Salud de la Coordinación de IMSS-Bienestar Oaxaca, Dr. Adán Pacheco Ramírez solicita al líder sindical informe sobre los hechos irregulares.
En el oficio CEIBOAX/JSAS/0635/2026 de fecha 19 de mayo del presente año, piden aclarar el estatus laboral de la doctora Verónica Parada Sánchez y el Enfermero Gabriel Romero Contreras, quienes estarían desempeñando cargos de representación sindical como delegada y subdelegado, respectivamente, en la Jurisdicción Sanitaria número 06 de la Sierra.
Exhiben que la doctora Parada Sánchez ostenta el cargo de Supervisora de Atención Médica del IMSS-Bienestar Oaxaca desde el 1 de noviembre de 2025 y el enfermero Romero Contreras es Supervisor Regional de Enfermería desde el 16 de marzo de 2025. Ambos adscritos al Equipo Regional de Conducción Médica de la Región Sierra.
¡Qué tal!
La presente solicitud, señala, se formula considerando que los cargos de supervisión y conducción médica implican funciones de dirección, vigilancia, coordinación y representación institucional, por lo que resulta indispensable verificar su compatibilidad con cualquier encargo sindical que pudieran ostentar, ello en observancia adecuado de los principios de legalidad, eficiencia, disciplina administrativa y funcionamiento del servicio público.
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