Afronta el gobierno de Salomón Jara 539 juicios de diversa índole y en los que podría perder más de 502 millones de pesos.
El Poder Ejecutivo de Oaxaca, que encabeza Salomón Jara, terminó el 2025 con un total de 539 procesos jurídicos promovidos en contra de diversas dependencias que integran su administración.
En caso de perder los procesos, el gobierno estatal tendría que pagar o devolver, según la naturaleza de las herramientas jurídicas, un monto de más de 502 millones de pesos, solamente contemplando aquellos procesos en donde existe una cuantificación previa del posible monto a perder, pues en otros la cuantificación es indeterminada.
Entre los casos destacan procesos en contra de dependencias como el IEEPO, Servicios de Salud, Registro Civil y DIF estatal.
La Secretaría de Finanzas de Oaxaca afronta actualmente un total de 91 juicios en distintos ámbitos que podrían representar pérdidas para el gobierno de Oaxaca, por 446 millones 658 mil pesos.
En su último informe de gestión financiera, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, emitido por la dependencia, se estableció que la mayor cantidad de recursos con posible pérdida están considerados en 27 juicios contenciosos administrativos por un monto global de 402 millones 442 mil pesos.
De acuerdo con el portal Justicia México, un juicio contencioso administrativo estatal es un medio de defensa jurisdiccional ante los Tribunales de Justicia Administrativa locales, utilizado por particulares para impugnar actos o resoluciones definitivas de autoridades estatales o municipales que afecten sus intereses jurídicos. Su objetivo es la nulidad del acto.
A lo anterior, se suman 44 juicios laborales entablados por empleados y empleados al servicio de la administración pública estatal de los cuales únicamente ocho están valuados en 4 millones 338 mil pesos, mientras que 36 tienen un monto indeterminado.
En el reporte enviado para su análisis al Congreso de Oaxaca, también se notifica la existencia de 11 juicios civiles que en caso de perder representarían un gasto de 38 millones 878 mil pesos.
A todo lo anterior se suman siete sentencias de amparo por montos indeterminados que deben ser cumplidas por la autoridad estatal, así como dos juicios indígenas en la misma situación.
Por su parte, la Consejería Jurídica del gobierno de Oaxaca mantiene la representación de la autoridad en 448 juicios que en caso de perder representarían un gasto en indemnizaciones u otros conceptos por 55 millones 644 mil pesos.
En el caso de la Consejería Jurídica, el documento únicamente informó el nombre de las dependencias contra las que fueron promovidos los procesos jurídicos y no su naturaleza.
Por ejemplo, menciona que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) mantiene en su contra 189 procesos que en caso de ser perdidos significarían erogaciones por 74.1 millones de pesos.
A su vez, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) mantienen activos 45 procesos jurídicos cuyas estimaciones de pérdidas son de más de 59 millones de pesos, al tiempo que la Dirección del Registro Civil mantiene 23 expedientes abiertos por un monto indeterminado.
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (Cecyte) mantiene 18 procesos en su contra por 37 millones 768 mil pesos.
El DIF estatal tiene abiertos 12 procesos por 9 millones 99 mil pesos.
“En el caso de los pasivos contingentes, entendidos como obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que legalmente acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales y por lo tanto en una erogación futura para el Gobierno del Estado”, indica el documento.
“Con corte al 31 de diciembre de 2025, se incluyen 448 juicios administrados por la Consejería Jurídica que corresponden a 56 diferentes dependencias y entidades, asimismo 91 juicios de 5 diferentes tipos administrados por la Secretaría de Finanzas”.
