En una escalada de tensiones dentro de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, el catedrático Pedro Sosa Gutiérrez denunció la injerencia directa del funcionario estatal Carlos Pérezcampos Mayoral en la vida interna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Según los manifestantes, esta intromisión ha generado una “parálisis institucional” que mantiene a la unidad académica sin autoridades reconocidas, afectando a más de mil alumnos.
Sosa Gutiérrez señaló que Pérezcampos Mayoral se ha “empecinado en obstaculizar” el desarrollo de la facultad, aprovechando la situación legal atípica que atraviesa la institución.
El vocero denunció que, a pesar de que la comunidad universitaria eligió mediante asamblea a sus propios representantes, el funcionario ha realizado acciones para frenar dicho reconocimiento oficial.
“Tenemos un valor supremo en nuestra institución que es la autonomía universitaria y la vamos a defender. La intervención de un funcionario del gobierno impide que resolvamos nuestros propios problemas conforme a la ley”, declaró el abogado durante la toma de Ciudad Universitaria.
El origen de la protesta se remonta al pasado 17 de febrero, cuando una asamblea masiva de mil 700 alumnos y la mayoría de la planta docente nombró a un nuevo Consejo Técnico y ratificó al maestro Fredy Sánchez como director.
Sin embargo, los denunciantes aseguran que factores externos han impedido que este nombramiento se formalice ante la administración central de la UABJO.
A esto se suma la denuncia de una “nómina fantasma”: los catedráticos señalaron que recientemente circuló un documento donde solo 15 profesores aparecen con registro oficial, desplazando de facto a los más de 200 docentes que laboran institucionalmente en la facultad.
La denuncia no solo es administrativa, sino de seguridad. Sosa Gutiérrez alertó sobre la presencia de personajes “de dominio público” que intentan desestabilizar la facultad mediante el uso de grupos de choque.
Existe un temor fundado entre la comunidad docente y estudiantil de que se intente recuperar las instalaciones por la fuerza, en lugar de respetar la voluntad expresada en las urnas y asambleas.
A pesar de la cercanía con el proceso de sucesión en la Rectoría, el grupo movilizado aseguró que su lucha es estrictamente por la dignidad de la Facultad de Derecho.
Sosa Gutiérrez aclaró que, aunque fueron respetuosos de los tiempos políticos del país (refiriéndose a la veda por la revocación de mandato), ya no permitirán que la autonomía de la “máxima casa de estudios” siga siendo vulnerada por actores externos.
La toma de Ciudad Universitaria continúa como medida de presión, y la comunidad de Derecho advierte que no liberará las instalaciones hasta que cese la interferencia política y se reconozca la estructura de gobierno elegida por los universitarios.
