La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una investigación de oficio tras las declaraciones de la senadora morenista, exalcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante, quien admitió el sacrificio masivo de miles de caninos durante su administración. Las autoridades ministeriales indagan la posible comisión de delitos de maltrato animal, agravados por haber sido ejecutados por servidores públicos.
La investigación se fundamenta en los artículos 235 Bis y 235 Ter del Código Penal estatal, los cuales sancionan la muerte de animales que no constituyen plaga. Dado que los hechos habrían sido ordenados desde el ejercicio del poder público, los responsables podrían enfrentar penas de hasta seis años de prisión.
De 2,500 a 10,000: la cifra del horror en Tecámac
Lo que inició como el reconocimiento del sacrificio de 2,500 ejemplares, escaló ante la presión mediática y las denuncias de activistas. En una reciente conferencia, la senadora de Morena admitió casi a la fuerza, que la cifra real de animales ejecutados podría ascendía a 10,000. Mientras Gutiérrez Escalante se escuda en que dichas acciones se realizaron bajo la norma vigente de aquel periodo, activistas como Zyanya Polastri sostienen que se trató de una matanza sistemática que prefirió la eliminación por encima de políticas de esterilización o refugio y añadió que la cifra puede llegar a más de 14 mil casos, además de que pidió la separación del cargo de la morenista.
El caso ha llegado hasta la tribuna presidencial. En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre el tema señalando que, aunque la senadora argumente no haber violado la ley de aquel entonces, existe una necesidad imperante de cambiar las normas para garantizar una vida saludable para los animales y evitar estas prácticas.
Exhibida en corridas de toros: la contradicción de la senadora
Al escándalo por las ejecuciones masivas se suma a la polémica que cuestiona la ética de la legisladora. En redes sociales, Mariela Gutiérrez fue exhibida en 2025 asistiendo a una corrida de toros en Pachuca, Hidalgo. Las imágenes, donde se le observa ingiriendo bebidas alcohólicas y celebrando el espectáculo, desataron una ola de críticas debido a que la senadora se ha autodenominado públicamente como animalista.
Usuarios y colectivos de defensa animal señalaron el cinismo de la funcionaria, acusándola de respaldar espectáculos sangrientos que contradicen su supuesto activismo. Para los críticos, este historial de sangre e insensibilidad hacia los seres sintientes marca un precedente preocupante en su carrera política.
El proceso legal buscará determinar si la ejecución de estos miles de perros constituyó una política de crueldad sistemática disfrazada de gestión pública. Mientras tanto, el Senado enfrenta la presión social de mantener entre sus filas a una representante cuyo historial en Tecámac es hoy sinónimo de indignación nacional.
