Autoridades federales clausuraron una serie de trabajos de urbanización que empresas privadas y autoridades rurales habían comenzado sobre 17 mil metros cuadrados de selva baja caducifolia en jurisdicción del municipio de Santa María Huatulco, en la región de la Costa de Oaxaca.
De acuerdo con la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa), en las acciones se estableció que dos empresas constructoras comenzaron trabajos de urbanización sobre una superficie forestal con el objetivo de construir dos fraccionamientos sobre una extensión de más de 5 mil metros cuadrados, así como casi 13 mil metros cuadrados de zona de reserva ecológica invadida por autoridades rurales.
Las acciones se llevaron a cabo el pasado nueve de abril, luego de que ciudadanos de aquella demarcación denunciaron la realización de trabajos irregulares en esas zonas; ninguna de las instancias involucradas mostró los permisos correspondientes de cambio de uso de suelo.
Durante las inspecciones se constató la remoción de vegetación forestal y la alteración del terreno, lo que motivó la imposición de la clausura para detener el daño ambiental y prevenir mayores afectaciones al ecosistema.
Primeramente, en dos de los predios inspeccionados, donde se desarrollan los proyectos “Lotificación del Fraccionamiento Vista Azul, La Cadena” y “Privada Matías Romero, La Jabalina”, se identificaron trabajos de apertura de brechas para la lotificación de terrenos y la instalación de infraestructura urbana, generando una afectación ambiental en una superficie total de 5,034 metros cuadrados, reiteró.
Asimismo, se inspeccionó un tercer sitio donde se detectó la apertura de una brecha de 4 mil 300 metros de largo por tres metros de ancho, equivalente a una superficie de 12 mil 900 metros cuadrados, realizada por la autoridad del núcleo rural Bajos del Arenal.
“Esta actividad se ubica dentro del Área Natural Protegida con categoría de Parque Nacional Huatulco, lo que incrementa la relevancia ambiental del daño ocasionado”, precisó.
En los tres casos, los responsables no presentaron la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), requisito indispensable para realizar este tipo de obras. Por ello, Profepa impuso como medida de seguridad la clausura total temporal de las actividades.
