Nere González
Un giro ha tenido el conflicto territorial entre la familia Martínez, con 18 años de residencia en Zipolite, y una vecina de nacionalidad italiana; tras hacer público su caso, la familia denunció que fue objeto de acoso y citatorios entregados por elementos de la Marina y la Policía.
Según la afectada Doris Pacheco, mientras ella trabajaba su madre recibió la visita de las fuerzas de seguridad para notificarle un citatorio en el que se le solicita presentarse en la fiscalía por medidas de protección solicitadas por la vecina extranjera.
La familia Martínez asegura haber adquirido su terreno de forma legal hace casi dos décadas y percibe la acción como una represalia por haber hecho pública la disputa, la cual interpretan en el contexto de procesos de gentrificación y posibles intentos de desplazamiento territorial en la costa oaxaqueña.
El conflicto se originó hace poco más de dos años, cuando la vecina italiana adquirió un predio contiguo y presentó una demanda alegando supuestos “daños a su propiedad”. Según la versión pública de la familia, la demandante habría exigido un pago de 2,012,000 pesos o la cesión de una franja de tierra de siete metros de ancho por 35 metros de largo, demandas que los Martínez rechazaron por considerarlas inaceptables.
“¡Esto es un abuso total! —dijo Doris Pacheco— por alzar mi voz y decir que nos invadían. ¿Ahora defender mi tierra se ha vuelto un delito?” expresó la afectada, visiblemente indignada.
La familia Martínez afirma que su caso trasciende un conflicto vecinal y lo enmarca dentro de la problemática de gentrificación, en la que, según denuncian, inversionistas extranjeros podrían usar su poder económico para desplazar a residentes locales.
Hasta el cierre de este reporte no se tenía confirmación oficial sobre las diligencias notificadas ni la postura de la parte demandante. La familia y organizaciones comunitarias han solicitado acompañamiento y vigilancia para evitar que la disputa derive en acciones que pongan en riesgo su permanencia en el predio.
