El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, entregó el Paquete Económico 2026 a la Cámara de Diputados y al Senado, en una ceremonia retrasada hasta las 23:30 horas, lo que desató críticas de la oposición, que calificó la demora como una muestra de ‘improvisación y atropello’. El paquete, compuesto por los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y la Miscelánea Fiscal, proyecta ingresos por 8.7 billones de pesos, con una recaudación tributaria de 5.8 billones (15.1% del PIB), un aumento del 5.7% real respecto a 2025, impulsado por el combate a la evasión fiscal, digitalización y modernización de aduanas.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos destina el 3% del PIB a programas sociales prioritarios, como la Pensión Mujeres Bienestar (para mujeres de 60 a 64 años), la Pensión para Adultos Mayores y apoyos a personas con discapacidad, beneficiando al 82% de las familias mexicanas. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que estos programas consolidan una política humanista que, entre 2018 y 2024, sacó a 13.4 millones de personas de la pobreza, reduciendo la tasa nacional al 29.6%. Sin embargo, el énfasis en programas sociales contrasta con recortes proyectados en áreas como salud (-12.2%), seguridad pública (-42.9%) y ciencia (-7.4%), según análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), lo que podría limitar el impacto en sectores clave para el desarrollo.
Para financiar el gasto, Hacienda propone ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), elevando la cuota a 3.0818 pesos por litro en bebidas saborizadas, incluyendo endulzantes no calóricos, y aumentando la tasa ad valorem para tabacos labrados de 160% a 200%, con incrementos graduales hasta 2030. También se introduce un impuesto del 8% a videojuegos con contenido violento y un alza del 30% al 50% en apuestas, medidas justificadas como ‘saludables’ para contrarrestar costos médicos, pero criticadas por su carácter regresivo, ya que afectan desproporcionadamente a sectores de menores ingresos. Además, la eliminación de tres cuartas partes de la deducibilidad de cuotas al IPAB por los bancos, que generará 10,000 millones de pesos, es vista como un avance hacia la justicia fiscal, aunque insuficiente frente a la deuda histórica del Fobaproa.
El paquete proyecta un crecimiento económico de entre 1.8% y 2.8% del PIB para 2026, más optimista que las estimaciones de organismos internacionales como el FMI (1.3%) o el Banco Mundial (1.5%), lo que genera escepticismo sobre su viabilidad en un entorno global marcado por tensiones comerciales. La inflación se estima en 3.0%, y el precio del petróleo en 54.9 dólares por barril, una caída de 7.1 dólares respecto a 2025, reflejando la dependencia de ingresos petroleros menguantes. La deuda pública, proyectada en 52.3% del PIB, y un déficit del 4.1% (ligeramente menor al 4.3% de 2025), sugieren un esfuerzo por consolidación fiscal, pero analistas advierten que los recortes al gasto podrían frenar el crecimiento a largo plazo.
La oposición, especialmente el PRI, exigió comparecencias de funcionarios para explicar la ‘crisis’ económica, cuestionando la sostenibilidad del modelo fiscal y los incrementos impositivos que podrían encarecer productos básicos. Organismos como el IMCO instan a un análisis riguroso del paquete, alertando sobre la necesidad de equilibrar el gasto social con inversión en infraestructura y competitividad. Mientras el gobierno celebra avances en la reducción de la pobreza, el debate se centra en si los recursos asignados serán suficientes para enfrentar los retos estructurales de México, en un contexto donde la recaudación depende de medidas que podrían no ser equitativas y donde la inversión en ciencia y salud sigue cuestionada.