El activista Joaquín Galván y la representación jurídica de Pijy, una ciudadana que fue víctima de una agresión sexual cuando era menor de edad y luego de usurpación de identidad, demandaron al Poder Judicial del Estado de Oaxaca abrir una investigación exhaustiva en contra del juez Omar Morales Simón, quien de acuerdo con las denuncias, facilitó que el hombre señalado de haber cometido el ultraje, Plácido N, pudiera burlar la acción de la justicia a través de la alteración de documentos y declaraciones falsas.
Omar Morales, reiteraron los inconformes, fue el funcionario que permitió que la pareja sentimental de Plácido N, se presentara en el juzgado a su cargo, en Matías Romero Avendaño, y se hiciera pasar como Pijy, para de esa forma otorgarle el perdón al imputado y quedara exento de cargos.
Posteriormente, Plácido N se convirtió en alcalde de la población de San Juan Mazatlán Mixe, el mismo lugar donde ocurrió la agresión.
Ante ello, en conferencia de prensa, el activista Joaquín Galván y la abogada de la ciudadana pidieron una investigación profunda en contra del juez.
En ese mismo sentido, Pijy y sus representantes demandaron a la Fiscalía del Estado de Oaxaca acatar de manera inmediata la recomendación 12/2025 emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), a través de la cual el organismo autónomo acreditó múltiples deficiencias en el personal ministerial que permitieron la comisión del delito de usurpación de identidad.
“En el mes de octubre del 2022 denunciamos en este mismo lugar el caso de Pijy, joven indígena ayuujk de San Juan Mazatlán Mixe que fue víctima de violación a sus quince años”, recordaron los activistas.
“Pijy significa ‘Flor’ en lengua ayuujk, y ha sido la palabra que usamos para nombrar y reservar la identidad de Pijy y no es menor, puesto que ha vivido todas las violencias propias de ser una víctima de violación, pero también las violencias de un fallo institucional grave e inédito que la convirtió en víctima por segunda ocasión. Como hemos compartido, Pijy sufrió una agresión sexual de parte de Placido N, lo que generó que presentara su denuncia en el año 2013”, explicaron.
Reiteraron que con la información de que se tenía una orden de aprehensión en contra de su agresor, Pijy salió de su comunidad hasta que, debido a la “inoperancia” de la Fiscalía, se dio cuenta que “algo no estaba bien”.
“Siendo así como en el año 2022, con Arturo Peimbert Calvo (como) titular de la Fiscalía General del Estado, Pijy acudió a la fiscalía de Matías Romero a preguntar las razones de impunidad sobre su caso durante 9 años y ahí fue informada que la causa penal se sobreseyó, ya que presuntamente ella misma había acudido al juzgado de control para solicitar la cancelación de la orden de aprehensión puesto que incluso había quedado asentado en la audiencia que ella se había casado con el señalado.
“De esa manera, Pijy se dio cuenta que alguien más se había presentado con su nombre para cancelar el procedimiento penal contra Plácido N”.
A partir de lo anterior, Piky y su representantes comenzaron una triple lucha, un nuevo proceso por el delito de suplantación, retomar el proceso por violación y además las investigaciones por corrupción en contra de las autoridades involucradas, más las luchas personales por el detrimento emocional, económico y familiar, lo que llevó a la víctima a detener el proceso.
“A finales del 2024 retomamos el caso, y el Fiscal General actual, Bernardo Rodríguez Alamilla hizo el compromiso de retomar las investigaciones, siendo así que a finales de Octubre se ejecutó orden de aprensión contra Placido N y su pareja Karla N por el delito de suplantación, uso de papeles falsos y falsedad de declaraciones judiciales. No obstante a pesar de la intervención del Fiscal General, esto no evitó los actos recientes de revictimización contra Pijy de parte del personal de la Fiscalía de Matías Romero.
“A su vez la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo encabezada por la maestra Elizabeth Lara Rodríguez retomó el expediente de queja presentado en el año 2022 contra las autoridades involucradas y recientemente emitió la recomendación 12/2025 contra la Fiscalía General del Estado por la responsabilidad de autoridades ministeriales en haber permitido que se efectuara la suplantación, siendo así que la Defensoría instruye a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca entre otras cosas: La disculpa pública a la víctima Pijy, una reparación integral a la víctima que incluya una compensación justa y atención psicológica adecuada así como las acciones necesarias para las investigaciones administrativas correspondientes para determinar la responsabilidad de funcionarios de la fiscalía de Matías Romero.
Por lo anterior “queremos dirigirnos a los y las diputadas del congreso local y federal para que en el ámbito de sus atribuciones promuevan lo necesario para que un caso como el de Pijy no vuelva a repetirse, legislando para que las leyes penales y procedimentales establezcan protocolos adecuados para controles más estrictos de verificaciones de identidad dentro de los procesos penales, que el caso de Pijy sirva como referencia para que en el estado y el país se garantice el acceso a la justicia desde lo más elemental y básico: la correcta atención a las víctimas y evitar más víctimas suplantadas para liberar a sus agresores.
“A la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca les reconocemos su compromiso en el presente caso y también exhortamos para que sus recomendaciones en la presente también alcancen a las actuaciones del poder judicial, en específico a las actuaciones del juez Omar Morales Simón sobre el que también pesan otras acusaciones por resoluciones irregulares como en el caso del feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín”.
