La política de identificación móvil que prometía ser el estándar de seguridad para el sector de las telecomunicaciones en México ha sufrido un revés operativo significativo. Tras semanas de advertencias tajantes sobre una fecha límite “improrrogable” para vincular los números telefónicos con la identidad oficial, el gobierno federal anunció una prórroga para evitar un caos administrativo y social que habría dejado a millones de personas sin servicios de comunicación básica.
La decisión de extender el plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 reconoce la incapacidad institucional y la falta de respuesta ciudadana ante una medida que ha generado resistencia desde su concepción.
Las cifras oficiales, actualizadas a pocos días del vencimiento original, confirmaron que de un universo superior a los 144 millones de líneas activas en el país, apenas una minoría cumplió con el trámite. Este desfase de más de 81 millones de líneas sin registrar colocó a las autoridades en una encrucijada técnica y política, forzando un cambio de estrategia hacia un calendario de regularización escalonado. Ahora, cada usuario deberá cumplir con su registro basándose en el último dígito de su número telefónico, iniciando el primer bloque de vencimientos el próximo 15 de agosto.
La implementación de este esquema de registro ha estado marcada por la desconfianza ciudadana, un factor que no ha sido ajeno a las fallas técnicas reportadas tanto en las plataformas de los operadores como en los sistemas de autenticación biométrica remota.
Organizaciones sociales y defensores de derechos digitales han señalado reiteradamente que la centralización de esta información sensible expone a los ciudadanos a riesgos innecesarios, una advertencia que cobró fuerza tras la reciente filtración de datos que afectó a miles de usuarios en el sureste del país.
En el ámbito judicial, la política de control telefónico continúa enfrentando una batalla legal en múltiples juzgados del país. La promoción de amparos colectivos e individuales ha sido la respuesta de diversos sectores de la sociedad que ven en el registro obligatorio una vulneración a su privacidad y a los derechos de protección de datos personales. A esto se añade la preocupación del sector financiero, que teme que una desconexión abrupta deje a una gran parte de la población sin la capacidad de recibir los códigos de verificación necesarios para sus transacciones bancarias cotidianas.
Aunque las autoridades han intentado suavizar el impacto con este periodo de gracia, la realidad es que el padrón de telefonía móvil enfrenta retos estructurales que difícilmente se resolverán únicamente con más tiempo.
El surgimiento de mercados informales donde se venden chips ya regularizados, sumado a las dificultades técnicas que enfrentan los usuarios al intentar realizar su registro en línea, sugiere que el objetivo de mitigar delitos como la extorsión mediante este sistema está lejos de alcanzarse de la manera planeada originalmente.