Trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron este viernes 6 de noviembre un paro de labores por tiempo indefinido en al menos 17 estados del país, con movilizaciones y cierres en sedes judiciales. La protesta comenzó desde la madrugada en distintos circuitos y se extendió a entidades como Nuevo León, Morelos, Veracruz, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Puebla, Estado de México, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Durango y Jalisco. En la Ciudad de México afecta los edificios de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma.
La inconformidad surgió tras la publicación, el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, del acuerdo del Órgano de Administración Judicial que regula la Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial 2026. Los trabajadores cuestionan que el examen de conocimientos represente el 40 % de la calificación, mientras que el resto dependa de factores que consideran subjetivos, entre ellos la valoración de sus superiores jerárquicos. Denuncian que el esquema no considera de manera adecuada su experiencia profesional acumulada y amenaza su estabilidad laboral y la permanencia en las plazas.
El paro involucra a secretarios, proyectistas, actuarios y oficiales judiciales de la carrera judicial. En algunos estados, como Morelos, las suspensiones de actividades comenzaron desde el jueves. Los manifestantes advierten posibles bloqueos y movilizaciones por tiempo indefinido mientras no se modifiquen los criterios de evaluación. El Órgano de Administración Judicial aclaró que la primera evaluación, programada para diciembre, tendrá carácter exclusivamente diagnóstico, no implicará aprobación ni reprobación y sus resultados no tendrán consecuencias sobre la permanencia de los trabajadores en sus puestos.
Los empleados aclaran que no se oponen a la evaluación en sí, sino a los criterios establecidos y a la forma en que se implementó sin previo aviso suficiente. El organismo judicial mantiene que la revisión permitirá identificar necesidades de capacitación y fortalecer el servicio. La medida afecta el funcionamiento de juzgados y tribunales federales en las entidades donde se reporta la adhesión al paro.
