OAXACA, OAX.— En el marco del diálogo y consulta previa, sobre la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, organizada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), defensores de derechos humanos y líderes religiosos presentaron una propuesta formal para garantizar la libertad de culto y detener el desplazamiento forzado en las comunidades originarias de la entidad.
El pastor Porfirio Flores, defensor de la iglesia perseguida en Oaxaca, informó que entregó una solicitud enfocada en los municipios regidos por sistemas normativos internos. La iniciativa plantea que los cargos comunitarios vinculados a la Iglesia Católica sean desempeñados exclusivamente por fieles católicos, evitando que se obligue a ciudadanos evangélicos a realizar tareas de carácter religioso ajenas a su fe. Se aclaró que la propuesta no busca exonerar a los evangélicos de sus obligaciones comunitarias generales, sino desvincular el cumplimiento de responsabilidades civiles de la práctica religiosa romana.
Esta demanda responde a una problemática recurrente en diversas comunidades oaxaqueñas, donde indígenas que se niegan a profesar el catolicismo son víctimas de hostigamiento, encarcelamiento, despojo de bienes y expulsión de sus pueblos.
Dichas acciones han desencadenado episodios de desplazamiento forzado por motivos religiosos, afectando directamente los derechos fundamentales protegidos por el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, se enfatizó que tras más de doscientos años de vida independiente y siglos de hegemonía católica, las comunidades viven una clara pluralidad religiosa con la consolidación del evangelicalismo. Por ello, resulta indispensable que la ley reglamentaria del artículo 2º constitucional reconozca legalmente esta diversidad para proteger a quienes ejercen una fe distinta.
Durante la jornada, Flores también señaló deficiencias en el mecanismo de consulta implementado por el INPI, calificándolo de complejo y limitado para canalizar propuestas sustantivas. De acuerdo con el activista, la dinámica actual no permite un debate idóneo para atender las demandas particulares de los pueblos indígenas, un sector históricamente abandonado.
Finalmente, el documento presentado evoca el legado de Benito Juárez, líder zapoteco e impulsor de las Leyes de Reforma y la libertad de cultos en México, recordando que la nueva legislación debe constituir un acto de justicia que impida que profesar una fe distinta al catolicismo sea tratado como un delito.