La llamada “Primavera Oaxaqueña” prometió paz, gobernabilidad y seguridad.
Sin embargo, a más de tres años del gobierno de Salomón Jara Cruz, la realidad muestra un panorama muy distinto: Oaxaca se ha convertido en una de las entidades con mayor crecimiento de la violencia homicida en el país y el discurso oficial ya no alcanza para ocultarlo.
Los datos son contundentes.
Durante el primer cuatrimestre de 2026, Oaxaca acumuló 311 víctimas de homicidio doloso, colocándose en el noveno lugar nacional. Tan solo en abril se registraron 81 asesinatos, una cifra que ubica al estado entre los más violentos de México.
En el gobierno de Salomón Jara Cruz, organizaciones como GESMujer y Consorcio Oaxaca han documentado más de 223 mujeres asesinadas hasta abril de 2025, cifra a la que se suman al menos 33 muertes violentas más registradas en lo que va de 2026.
La realidad demuestra que la violencia contra las mujeres continúa siendo una deuda pendiente de la llamada Primavera Oaxaqueña.
La pregunta es inevitable: ¿qué ha fallado?
La respuesta apunta directamente a la política interna y de gobernabilidad encabezada por Jesús Romero López, porque también es quien controla a los cuerpos de seguridad.
La seguridad no depende únicamente de patrullas y operativos; también requiere inteligencia política, prevención de conflictos y control territorial. Hoy Oaxaca evidencia serias deficiencias en esos tres frentes.
El caso más preocupante se vive en el Istmo. Municipios como Juchitán de Zaragoza y Santo Domingo Tehuantepec han vuelto a ocupar espacios en las páginas rojas.
Las ejecuciones son cada vez más frecuentes, pero lo verdaderamente alarmante es la forma en que ocurren: hombres armados irrumpen en viviendas para asesinar a sus víctimas. Es un nivel de violencia que refleja control criminal, impunidad y ausencia de autoridad.
Cuando los delincuentes entran a una casa para ejecutar a una persona, el mensaje es claro: ya no temen al Estado.
Cuando las familias sienten que ni siquiera su hogar es un lugar seguro, la crisis deja de ser un problema policiaco y se convierte en una crisis de gobernabilidad.
El reciente asesinato del alcalde de San Miguel Amatitlán, José Ángel Bravo Martínez, quien había pedido protección por constantes amenazas, confirmó que la violencia tampoco respeta a las autoridades. El crimen exhibió la vulnerabilidad institucional y las fallas en la capacidad preventiva del gobierno.
Mientras tanto, desde Palacio de Gobierno se insiste en presentar cifras favorables y datos optimistas y ahí están los del gabinete de seguridad dando números alegres de que Oaxaca es uno de los estados más seguros y que las cifras de violencia disminuyeron.
Una gran falsedad, su nivel de cinismo no tiene límites, tanto del gobernador Salomón Jara Cruz, como de Jesús Romero, Karina Barón, el policía Francisco Santiago, el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla y la caricatura en la que convirtieron al de Seguridad Pública, Félix Quiroz Javier, de verdad, son una vergüenza.
No acaban de entender que la seguridad no se mide en conferencias de prensa; se mide en vidas salvadas. Y los números muestran otra realidad: Oaxaca pasó de presumirse como uno de los estados más seguros del país a figurar entre los nueve con más homicidios.
La responsabilidad principal recae en quienes gobiernan.
Porque cuando aumentan los asesinatos, cuando regiones enteras vuelven a vivir bajo el miedo y cuando los criminales ingresan a los hogares para matar, no estamos frente a una percepción de inseguridad.
Estamos frente al fracaso de una estrategia. Y eso es el gobierno de Jara Cruz, un vergonzante fracaso.
La peor decisión que puede tomar un gobierno es negar la realidad. Oaxaca no necesita propaganda ni triunfalismos. Necesita resultados.
Porque cada homicidio representa una familia rota, una comunidad lastimada y una evidencia más de que la paz prometida sigue sin llegar.
Y mientras las autoridades sigan defendiendo discursos en lugar de recuperar el control del territorio, la violencia continuará avanzando sobre un estado que merece vivir en paz.
Oaxaca enfrenta una verdad incómoda: el crimen organizado ha demostrado mayor capacidad para sembrar miedo que el gobierno para garantizar seguridad. Esa es la dimensión real de la crisis.
Porque cuando los delincuentes pueden entrar a una vivienda para matar y escapar con impunidad, no estamos ante hechos aislados; Estamos ante la evidencia de un Estado que pierde presencia donde más debería ejercerla. Y eso, en cualquier democracia, tiene responsables.
Los oaxaqueños no votaron por un gobierno que les explicara la inseguridad; votaron por un gobierno que la combatiera.
Si las ejecuciones aumentan, si el Istmo vuelve a teñirse de sangre y si las familias ya no se sienten seguras ni dentro de sus propias casas, entonces alguien debe asumir la responsabilidad política de este fracaso. ¿O no, Jesús Romero?
Mientras el poder se refugia en el discurso, Oaxaca se hunde en una violencia que ya nadie puede ocultar. Y la sangre derramada siempre termina desmintiendo a la propaganda y la “fantasía” de un gabinete de seguridad que no asume su responsabilidad.
Mientras las autoridades celebran estadísticas y construyen historias, los ciudadanos entierran a sus muertos.
La realidad terminó por alcanzar a la Primavera Oaxaqueña: la inseguridad avanza, el miedo crece y la estrategia ha fracasado. Negarlo no devolverá la paz ni devolverá la vida a quienes la perdieron.
DE COLOFÓN:
EN EL OJO DEL HURACÁN, COMISIONADO DE LA POLICÍA ESTATAL
Al que de plano ya no lo soporta ni la misma tropa, es al comisionado de la Policía Estatal, Francisco Santiago García, en quien pesan diversos señalamientos de presunta extorsión, cuotas obligatorias de $50 mil pesos mensuales a los comandantes y hasta la rasurada de salarios a los policías.
Recibimos denuncias de policías que ya no aguantan la presión del jefe policiaco, protegido públicamente por el secretario de gobierno, Jesús Romero López, quien lo sostiene contra viento y marea porque así conviene a sus intereses.
Resulta indignante que quienes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía sean también quienes denuncian abusos, arbitrariedades y falta de apoyo institucional. Una corporación debilitada por conflictos internos, desconfianza y cuestionamientos contra sus mandos difícilmente puede ofrecer la seguridad que Oaxaca necesita.
Cuando las dudas alcanzan a los altos mandos y el malestar se extiende entre la tropa, ya no se trata de un problema interno: se trata de una crisis de confianza pública. Corresponde a las autoridades aclarar cada señalamiento y garantizar que nadie esté por encima de la ley.
Oaxaca necesita instituciones fuertes, limpias y comprometidas con el pueblo, no estructuras protegidas por el poder y alejadas de la rendición de cuentas. Y Francisco Santiago García ya suma muchos señalamientos en su contra, pero insistimos, su “padrino” el Capo Romero, lo protege.
JESÚS ROMERO, EL CADÁVER POLÍTICO
Así lo dejó el conflicto magisterial, como un cadáver político, al desconocerlo como interlocutor en las mesas de negociación a Jesús Romero López.
Aunque algunos hablan de un debilitamiento del magisterio oaxaqueño y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, lo cierto es que el magisterio oaxaqueño está dividido, fracturado por la consulta que los dejó exhibidos por la manipulación de votos, donde habría ganado el sí por levantar el paro.
Las bases han aguantado estoicamente en el paro, pero la presunta corrupción de sus líderes, como el llamado Charro Negro quien, según fuentes oficiales, habría pedido hasta $20 millones de pesos para levantar el paro, los mantiene molestos.
O la misma Yenni Aracely Pérez Martínez a quien también han señalado de ser manejada por Jesús Romero López, y a quien sacó del número 1 de la lista acordada en aquella asamblea estatal cuando el conflicto con Mitla, de quien las bases también exigieron su renuncia.
Pero la sorpresa fue que en la mesa con SEGOB solo figuró la petición de renuncia y cárcel para el edil con licencia mitleco, Esau López Quero, que por cierto hay un silencio total sobre cómo va su procedimiento judicial. Otro protegido de Romero.
Y de este último hay que decirlo, la historia ha enseñado que cuando el magisterio desconoce a un secretario de gobierno pierde poder al interior de la gobernabilidad del estado y se convierte en cadáver político.
Hoy la dignidad del magisterio oaxaqueño está herida, y ahí lo tenemos, hasta desabasto de gasolina ya sufre la capital oaxaqueña y pérdidas millonarias de comerciantes, que son los que pagan los platos rotos por culpa de un gobierno que no puede con el conflicto magisterial y por una ausencia operativa.
Hoy Romero anda de queda bien con todo mundo, tratando de reconciliarse con los que lastimó, ofendió y pateó, repartiendo abrazos a diestra y siniestra, que lo compre quien no lo conozca.
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