El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) reiteró sus acusaciones por actos de detención arbitraria, violenta e ilegal, así como de tortura, perpetrados por la Policía Estatal de Oaxaca en agravio del dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULTI), Macario García Merino.
Minutos antes de ingresar a la audiencia que definirá la situación jurídica del representante de las familias triquis, la organización no gubernamental y la abogada de García Merino acusaron que la detención derivó de un engaño. Señalaron que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ingresaron al domicilio sin ninguna orden y pidieron hablar con él bajo el argumento de que revisarían las medidas cautelares emitidas a su favor.
En ese sentido, apuntaron que el pasado 15 de mayo el maestro Macario García Merino “desayunaba con su familia, incluyendo menores de edad y un joven con discapacidad en su domicilio, cuando tres policías estatales ingresaron sin orden judicial. Argumentaron que realizaban rondines por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Confiado, el profesor salió al corredor de su casa, donde fue sorprendido y sometido violentamente por al menos diez policías, quienes lo golpearon y lo subieron a una patrulla”.
De acuerdo con la denuncia, los elementos lo sujetaron de los brazos y lo golpearon para aventarlo a la batea de la camioneta. “Estando ya sometido, un policía le puso la rodilla sobre el cuello y la patrulla inició su trayecto, evidenciándose que en este momento lo empezaron a torturar”.
Durante el operativo, agregó el Cedhapi, la Policía Estatal disparó armas de fuego y lanzó gases lacrimógenos contra su familia, “poniendo en riesgo la vida de menores y personas vulnerables, sin justificación alguna. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del domicilio”.
Además, indicaron que se tuvo información de que, a la altura de Santa Rosa Caxtlahuaca, el profesor fue transferido a una camioneta blanca cerrada con vidrios polarizados y entregado a personas uniformadas de negro y armadas, “quienes nunca le informaron a qué cuerpo policiaco pertenecían, sin que brindaran información alguna a sus familiares sobre su paradero, lo que configura una desaparición forzada”.
La organización agregó que el 15 de mayo a las 19:30 horas, ante la presión de un amparo contra actos del Artículo 22 constitucional y la denuncia pública, las autoridades ministeriales permitieron que su abogada pudiera verlo brevemente en Ciudad Judicial. Allí se le informó que estaba detenido por “disparo de arma de fuego” y que había sido puesto a disposición por la Policía Estatal.
El 16 de mayo, a las 10:00 de la mañana, los abogados de Cedhapi acudieron al Ministerio Público, donde se les dijo que el profesor había sido liberado la noche anterior, sin dar más información sobre su paradero. Debido a esto, se presumió una nueva desaparición forzada y se promovió un nuevo amparo para su búsqueda y localización.
Momentos más tarde, personal de investigación consultado por los integrantes de Cedhapi indicó que García Merino “ya había sido sacado a su audiencia”, por lo que los defensores se dirigieron a los separos, donde constataron que el dirigente se encontraba en una audiencia virtual. Para sorpresa de sus abogados, se enteraron de que en ese acto estaba siendo representado por un defensor público.
Al respecto, la organización subrayó que el actual Director de la Defensoría Pública del Estado es miembro del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), agrupación antagónica al MULTI, al que pertenece Macario García. “Es evidente su interés e intervención en el caso, donde el Estado operó para criminalizarlo interviniendo en su defensa, pues dicho defensor público actuaría con parcialidad en el proceso”.
Sin embargo, los abogados defensores pudieron constatar que Macario García Merino es acusado de homicidio, con una orden de aprehensión dentro de la causa penal 307/2019, librada por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Carlos Alan Rodríguez Alcalá. Dicha orden fue emitida el mismo día de su detención, el 15 de mayo de 2025, y supuestamente ejecutada por policías estatales de investigación a las 8:30 de la noche de ese mismo día, lo que, según la ONG, “evidencia un montaje judicial para mantenerlo encarcelado”.
Asimismo, acusaron que la Secretaría General de Gobierno circuló una fotografía donde aparece el profesor con un letrero de “localizado” junto a un integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda. “Queremos manifestar que esa fotografía fue tomada cuando el señor Macario García Merino ya se encontraba en la audiencia virtual con el Juez de Control”.
En ese sentido, Cedhapi refirió que los hechos anteriormente señalados hacen evidentes profundas contradicciones en las actuaciones institucionales y en la información oficial presentada por el estado de Oaxaca:
“La detención arbitraria de Macario García Merino surge de pactos y deudas políticas entre el Gobierno de Oaxaca con dirigentes de la organización Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT)”.
La Secretaría General de Gobierno y la autoridad ministerial afirmaron que los vecinos reportaron disparos en la casa del profesor. “Esto es falso, pues las cámaras de seguridad demuestran que no hubo disparos previos a la detención”.
Primero se informó que había sido liberado y después apareció acusado de homicidio. “Esta contradicción muestra la intención de mantenerlo privado de la libertad mediante artificios legales”.
Cabe resaltar que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional e internacional de garantizar la vida, la libertad y el derecho a no sufrir tortura del profesor Macario García Merino, quien es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. México, como Estado parte de tratados internacionales en materia de derechos humanos, debe estar comprometido a no realizar detenciones ilegales, así como a no fabricar delitos ni criminalizar a defensores comunitarios.
“La persecución contra el profesor Macario García Merino constituye una violación grave a estos compromisos y refleja un patrón de criminalización hacia quienes representan a víctimas de desplazamiento forzado en Tierra Blanca Copala”, acusó la organización.
Desde Cedhapi A.C. se sostiene que la detención responde a un acuerdo político entre la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca y dirigentes del MULT, con el objetivo de criminalizar la labor del profesor como defensor de la comunidad desplazada de Tierra Blanca, Copala.
Por lo anterior, los familiares de Macario García Merino y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. se pronunciaron para exigir: la liberación inmediata del profesor; el cese de la criminalización y persecución política contra defensores comunitarios; la investigación y sanción de los responsables materiales y políticos de la detención arbitraria, la tortura y la desaparición forzada; y garantías de seguridad para su familia y para las comunidades desplazadas de Tierra Blanca Copala.
