Oaxaca de Juárez, Oax., 11 de noviembre de 2025.— Con la participación de 210 delegados provenientes de siete organizaciones, en Oaxaca se constituyó la asamblea denominada “Frenar la guerra contra el pueblo”, un espacio que, según los asistentes, busca denunciar la escalada de violencia y represión estatal que utilizan —a su decir— la militarización, la criminalización y la infiltración del crimen organizado contra la resistencia social.
Los delegados afirmaron que la ofensiva represiva ha dejado cifras devastadoras a nivel nacional y exigieron justicia por más de 150 mil personas desaparecidas y 500 mil asesinadas, datos que fueron presentados por los organizadores como parte del diagnóstico que motiva la movilización.
Durante una protesta frente a Palacio de Gobierno, los representantes señalaron que Oaxaca es uno de los estados con mayor riesgo para defensores de derechos humanos, territorios y comunidades, y demandaron acciones inmediatas para proteger a las personas que defienden el territorio y los derechos colectivos.
El pliego de exigencias del movimiento incluye: el cese de lo que llaman la “guerra contra los pueblos”, el fin de la militarización y la criminalización de la protesta, la presentación con vida de las personas desaparecidas, la libertad de presos y presas políticos, la suspensión de megaproyectos que consideran despojo, el fin de la violencia patriarcal en las comunidades y la atención al desplazamiento forzado de pueblos originarios.
En un punto particular, los organizadores exigieron el rompimiento inmediato de las relaciones diplomáticas, militares y económicas con la entidad que denominaron “Israel”, y pidieron solidaridad internacional para visibilizar la situación que, a su juicio, sufren las comunidades en México.
También pidieron justicia para casos concretos y emblemáticos, entre ellos los líderes asesinados de CODEDI en 2018, integrantes de COCISS, los ocho asesinados de la Corriente del Pueblo Sol Rojo en el Istmo de Tehuantepec, así como para activistas y defensores como David Juárez, Eutiquio Loaeza Jiménez y Sandra Estefana Domínguez Martínez, entre otros.
Los manifestantes denunciaron además el despojo de tierras en Playa El Coyote y Playa Salchi, atribuyendo responsabilidades a funcionarios de la administración actual, y exigieron el cese de la persecución jurídica y política contra dirigentes como David Jiménez y Javier Martínez.
Hasta el cierre de la movilización no se registró un pronunciamiento oficial de las autoridades estatales respecto a las demandas del movimiento. Los organizadores anunciaron que mantendrán la organización y la vigilancia social para exigir el cumplimiento de sus peticiones y ampliar la difusión de sus casos.