El método fast track de las Cámaras de Diputados y Senadores, independientemente del partido dominante, ha sido recurrente para aprobar “importantes reformas” constitucionales y secundarias sin algún tipo de reflexión o análisis; pero siempre han tenido el objetivo (a corto, mediano y largo plazo) de acumular poder y usarlo contra el pueblo; hoy, con el gobierno de Morena, una vez más se demuestra que el Ejecutivo dispone y el Legislativo acata sin chistar.
Es sabido que tanto en los sexenios panistas y priistas como en el “primer piso” de la 4T, al menos 70 por ciento de las reformas fueron aprobadas fast track: con Vicente Fox, de 166 iniciativas, el Congreso aprobó 74 por ciento; con Felipe Calderón, de 132 propuestas, 70 por ciento pasó con este método; con Enrique Peña Nieto, el 79.8 por ciento de las 124 iniciativas sólo se ratificó; y con AMLO se autorizó 74.2 por ciento de las 70 reformas presentadas.
Este sexenio no es la excepción; el 1° de julio, a la media noche, tras 10 días de haberse presentado las iniciativas, el Senado de la República cerró su periodo extraordinario del segundo receso del primer año de la LXVI Legislatura; ahí se aprobaron 16 reformas importantes para la presidenta Claudia Sheinbaum, en particular las concernientes a la seguridad e inteligencia… ¿por qué fue así?
Aunque en el periodo extraordinario los senadores recibieron la encomienda federal de aprobar todo por fast track, esas reformas destacaron por su “importancia” gubernamental, particularmente dos de ellas: la Ley General del Sistema nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que ya fueron turnadas al Ejecutivo para su promulgación; pero habían sido también criticadas y calificadas por especialistas y la oposición como un “avance hacia la militarización y la vigilancia masiva y excesiva de la población a través de los medios digitales”.
Debido a su contenido, resulta obvio que tales leyes van en contra de los mexicanos y serán un peligro para la población en manos de Morena y la 4T; ahora, las leyes facultarán a instancias de Seguridad y Procuración de Justicia para solicitar la geolocalización de ciudadanos sin contar previamente con una orden de aprehensión; y con la Ley de Investigación e Inteligencia se tendrá acceso a cualquier registro público o privado con datos útiles para, supuestamente, “generar productos de inteligencia”.
Así, los datos de celulares de los ciudadanos, servicios financieros, de salud y telecomunicaciones, más los registros de catastro serán abiertos por el Gobierno Federal. Ahora la Ley de Población convertirá la Clave Única de Registro de Población (CURP), con huellas y fotos de los ciudadanos, en el documento nacional de identificación obligatorio y de aceptación universal, inclusive para comprar en Amazon o pedir servicios a domicilio. Con un solo clic, accederán, con la CURP, a todo el historial ciudadano, adiós privacidad.
Ya desde mayo, especialistas vislumbraban que, con la aprobación de las reformas, habría un retroceso legal y más concentración de poder. Durante el Primer Conservatorio para analizar la Ley de Telecomunicaciones, Jorge Bravo Torres Coto, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, expuso que “la iniciativa no sólo es un retroceso normativo, sino una amenaza a todo el sistema digital del país”.
Al referirse a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, advirtió sobre la concentración de poder, “no podemos dejar que una sola autoridad decida sobre el futuro de las telecomunicaciones” porque se “podría incurrir en actos de censura y bloqueo de plataformas mediante simples requerimientos administrativos, lo cual abriría la puerta a una censura arbitraria contra medios incómodos. Equivale a bloquear derechos fundamentales”.
Así se alertó; y hoy ya es tarde porque el gobierno concentrará más poder y lo usará contra sus “enemigos” o con quien no comulgue con Morena o la 4T, una práctica promovida en el sexenio de López Obrador y extendida con Claudia Sheinbaum. El abuso de poder de los gobernantes contra los mexicanos aumentará y se desbordará.
Ahora, los mexicanos no tenemos otra opción. Las leyes bajo el actual modo de producción capitalista nunca han sido en beneficio de las mayorías, sino para garantizar el control sobre la clase trabajadora; las leyes siempre han sido “el garrote oficial” para evitar que el pueblo se defienda y se inconforme ante las injusticias de los poderosos; por lo tanto, la lucha del pueblo no debe ser contra las leyes que poco o nada le favorecen, sino contra quienes imponen y aprueban esas leyes cada sexenio. Hay que luchar en México para que el pueblo conquiste el poder político, sólo así se formularán leyes en beneficio social. Por el momento, amigo lector, es todo.
