La crisis de desapariciones en Oaxaca ha alcanzado niveles críticos durante la administración del gobernador Salomón Jara Cruz, según datos oficiales y denuncias de colectivos de búsqueda. La abogada y activista Miriam Velasco, integrante del colectivo Cojudidi, exigió respuestas ante el incremento alarmante de casos, que refleja una aparente inacción de las autoridades estatales.
La litigante expuso un informe nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que refiere que en 2023 se reportaron 620 personas desaparecidas en Oaxaca. Esta cifra creció a 730 en 2024 y, en lo que va de 2025, ya se contabilizan 760 casos, casi el doble de lo registrado el año pasado.
Este aumento sostenido evidencia una problemática que, lejos de disminuir, se agrava con el paso del tiempo.
Particularmente preocupante es el incremento del 18% en desapariciones de niños, niñas, adolescentes y mujeres, quienes representan los grupos más vulnerables, agregó.
Este dato resalta la falta de políticas efectivas para proteger a estas poblaciones y pone en tela de juicio el trabajo de las autoridades encargadas de la búsqueda y localización de personas.
Miriam Velasco, con una trayectoria destacada en la defensa de los derechos humanos, ha cuestionado duramente la labor de las instituciones estatales: “¿Realmente están haciendo su trabajo la Fiscalía, las unidades de personas no localizadas y la Comisión Estatal de Búsqueda? Yo creo que no”, afirmó con contundencia.
La activista señaló que la falta de avances en las investigaciones y la revictimización de las familias por parte de las autoridades son una constante en Oaxaca, donde colectivos como Cojudidi han tenido que asumir labores de búsqueda ante la ineficiencia gubernamental.
A nivel nacional, México enfrenta una crisis con más de 100 mil personas desaparecidas, y Oaxaca no escapa a esta realidad. La región de Valles Centrales concentra el 35% de los casos en el estado, seguida por la Costa (12%) y el Istmo (9%), según datos de la Comisión Estatal de Búsqueda.
A pesar de la creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y del Sistema Nacional de Búsqueda, los avances en Oaxaca son mínimos, y las familias denuncian opacidad, falta de recursos y nula coordinación entre las autoridades.
Colectivos y familiares, como los de Oaxaqueños Buscando a los Nuestros, han reportado que las cifras oficiales no reflejan la magnitud real del problema, ya que muchas desapariciones no se denuncian por miedo o desconfianza.
Además, la falta de una fiscalía especializada en desapariciones, contemplada en la ley estatal desde 2019 pero nunca implementada, agrava la situación.
Ante este panorama, Miriam Velasco y otros activistas exigen al gobierno de Salomón Jara acciones concretas: mayor presupuesto para las comisiones de búsqueda, investigaciones transparentes y la creación inmediata de la fiscalía especializada.
“No queremos más discursos ni promesas vacías. Queremos a nuestros seres queridos de vuelta y justicia para quienes los desaparecieron”, sentencian los colectivos de búsqueda.
