Mario Romero/Álvaro Morales
Tras el asesinato del universitario Diego Ignacio Paz a manos de policías municipales de Santa Lucía del Camino, el Comité de Víctimas del 19 de junio de Asunción Nochixtlán advirtió que permanecerá vigilante de que las autoridades ministeriales y judiciales de la entidad cumplan con los protocolos establecidos en la ley contra ejecuciones extrajudiciales que entró en vigor en la entidad el pasado 20 de junio.
El organismo informó este lunes que de cumplirse con el debido proceso y acreditarse el delito, los policías detenidos podrían alcanzar de manera individual una sentencia de entre 45 y 70 años en prisión por la ejecución del ciudadano de 22 años, ocurrida hace poco más de una semana.
En ese sentido, los integrantes del Covic descartaron que vayan a asumir la defensa o representación de las víctimas indirectas en el caso de Diego Ignacio, pues ello no les ha sido solicitado, pero subrayaron que como promotores de la legislación y al tratarse del primer caso que se tipifica bajo ese ilícito, se mantendrán al tanto de su desarrollo.
Asimismo, los activistas resaltaron que en caso de requerir asesoramiento o respaldo, el Comité de Víctimas de Nochixtlán está a disposición de la familia de quien fue el estudiante de la Universidad Anáhuac.
“Ni una ejecución extrajudicial más”, sentenció la agrupación al recordar que la nueva norma, que castiga los homicidios cometidos por servidores públicos, entró en vigor el 20 de junio pasado.
“Con esta reforma damos un paso firme hacia la erradicación de la impunidad y violencia estatal en Oaxaca”, resaltaron.
“No hemos tenido comunicación. Nosotros seremos respetuosos el proceso que ellos llevan. Nosotros en lo que único que hemos estado y vamos a estar es vigilante a que se cumpla la sentencia”, refirió al respecto uno de los fundadores del Covic, Santiago Ambrosio.
A pesar de que el nuevo criterio ya ha sido implementado en Oaxaca, el activista refirió que la Fiscalía estatal y la autoridad judicial necesitan brindar capacitación a sus elementos y trabajadores con el objetivo de que cumplan con el protocolo de manera cabal y se garantiza el acceso a la justicia de las personas que sean víctimas de funcionarios públicos.