La posible extinción del Instituto Nacional Electoral, cuya reforma constitucional en materia electoral propone un supuesto ahorro de hasta $24 mil millones de pesos, y la cual se discute en comisiones en San Lázaro, podría traer más retrocesos que beneficios, han coincidido diversos expertos en México.
Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador ni los ve, ni los oye, está ensimismado en su propuesta y objetivo de prácticamente desaparecer al INE, reformar 18 artículos y 7 transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
¿Ustedes ya leyeron las propuestas de reforma?
Veamos. Las propuestas son las siguientes:
-La extinción del INE (Instituto Nacional Electoral) y la creación del INEC (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas).
-La disminución de 11 a 7 consejeros integrantes del Consejo General del órgano administrativo electoral.
-La elección de consejeros integrantes del Consejo General y de Magistrados integrantes de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se efectuarán mediante voto popular y a propuesta de los 3 poderes de la unión.
-La federalización de elecciones, lo cual conllevaría a la desaparición de los órganos electorales locales, en el caso de Oaxaca, desaparecería el IEEPCO; así mismo desaparecerían los Tribunales Electorales Locales en Materia Electoral.
-Eliminación de Senadores y diputados plurinominales federales y locales; con ello la cámara de Senadores pasaría de 128 a 96 integrantes, la cámara de diputados de 500 a 300; congresos locales de un mínimo de 15 a máximo 45 integrantes (dependiendo del número de habitantes de cada entidad federativa).
-En los Municipios se acotarán los números de concejales a un máximo de 9 integrantes.
-El financiamiento para partidos políticos se otorgará solo para campañas electorales y no para actividades ordinarias permanentes.
-Acceder al voto de manera electrónica.
-Acotamiento de tiempo en radio y televisión para la autoridad electoral cediendo el tiempo del que actualmente disponen para difusión de los propios partidos políticos.
Ahora bien. ¿Cuáles son las consideraciones a estas propuestas?
El abogado con experiencia en temas electorales, Heriberto Jiménez Vásquez hizo un análisis sobre la propuesta de reformas y explica a detalle los pros y los contras sobre las reformas, por ejemplo, la justificación más relevante es el ahorro de $24 mil millones de pesos, sin embargo, el presupuesto destinado a la vida democrática de nuestro país solo representa una quinientava (1/500) parte de los dineros del presupuesto de egresos de la federación.
Primera gran inconsistencia.
La desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades federativas significaría la concentración de las autoridades administrativas locales que hoy realizan actividades electorales desde los estados de la república en una sola autoridad administrativa federal.
OJO: En el caso de Oaxaca el IEEPCO, no solo coadyuva en la elección del presidente de la República, Senadores y Diputados Federales sino efectúa preparativos y desarrollos comiciales para Gobernador, Diputados Locales y concejales, siendo estos últimos 570 municipios de los que solamente 153 se rigen por partidos políticos y el restante bajo sistemas normativos indígenas.
La desaparición de los Tribunales electorales Locales en materia electoral, generará la concentración de los trámites jurisdiccionales en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, será éste quien conozca y tenga la última palabra de los asuntos en materia electoral, incluidos aquéllos que versan sobre materia política-electoral indígena y que en Oaxaca son inmensa mayoría.
La elección de consejeros y Magistrados Electorales mediante voto popular pone en riesgo la pericia de las máximas autoridades electorales del país ya que los elegidos serán los que mayor votación obtenga y no quienes cuenten con la mayor experiencia en la materia.
Los elegidos serán quienes mayor estructura electoral puedan generar y eso en México solo lo tienen los Partidos Políticos por lo que las autoridades electas podrían correr el riesgo de perder la independencia y autonomía que debe coexistir como principio de autoridad en materia electoral.
No solo se busca la eliminación de senadores y diputados plurinominales sino la nueva forma de elegir a representantes populares por mayoría relativa a través de un listado propuesto por los partidos políticos, dejando de existir el voto directo de los ciudadanos.
Este punto es gravísimo. Como lo es también la desaparición del financiamiento público destinado a partidos políticos en actividades ordinarias podría generar el financiamiento privado o el de recursos de procedencia ilícita.
La implementación del voto electrónico es uno de los pocos puntos en que han coincidido diversos actores políticos, sin embargo, han inobservado las condiciones específicas de acceso a tecnología en la mayoría de los municipios como los de la entidad Oaxaqueña en la que el acceso al internet sigue siendo nulo.
Que cumpla AMLO con sus propuestas de darle internet a todo el país, en las más de 3 mil comunidades de Oaxaca el acceso electrónico es nulo.
Otro punto para considerar es que históricamente la construcción de las iniciativas electorales ha surgido del consenso de diversos grupos y actores políticos, algo distinto a lo que ahora acontece ya que la reforma es de una sola expresión (la del presidente López Obrador) y sin que ello garantice la opinión de grupos destinatarios de la reforma como lo son mujeres y hombres indígenas.
Estos sectores, sin duda, serían una vez más los más afectados en caso de prosperar la reforma, ya que se inhibiría su participación en la emisión del voto electrónico, o al ser considerados para ser registrados como candidatos de uno de los partidos políticos.
O peor aún para acudir en defensa de sus derechos políticos electorales para votar, ser votados o ejercer el cargo por el que hayan sido electos al desaparecer los Tribunales Electorales Locales, situación similar que acontecería con la elección de cargos comunitarios en Oaxaca al desaparecer el IEEPCO.
Por tanto ¿cuál es la prisa para votar esas reformas?
Hay tiempo para la aprobación de éstas (90 días previo al inicio del proceso electoral) y debiera emitirse la opinión de diversos sectores para generar el mayor consenso y coincidencia en temas que realmente sean de beneficio a todo al país y no solo a la cúpula gobernante de López Obrador y sus “corcholatas”.
Se trata de mejorar lo que está bien y de quitar lo que no funciona, pero no de someter a las minorías para imponer el beneficio arbitrario; cualquier reforma debe ser progresiva y no regresiva, una que beneficie a la participación ciudadana y no que obstaculice la participación de sectores vulnerables.
Por ello se insiste en mantener las actuales reglas electorales y que una vez firmes los resultados del proceso electoral 2023-2024, se inicien las tareas de presentación, análisis y discusión de modificaciones constitucionales y secundarias en materia electoral.
Ahí se los dejamos de tarea.
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