Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- Organizaciones de los colectivos #SeguridadSinGuerra y #FiscalíaQueSirva se pronunciaron esta mañana en contra de las dictaminaciones exprés de Ley de Seguridad Interior y la Fiscalía General de la República.
La semana pasada, el Presidente Enrique Peña Nieto solicitó al Senado escuchar las posiciones contrarias a la Ley de Seguridad Interior, sin embargo, organizaciones civiles y políticos opositores acusaron al Estado mexicano de simulación en el proceso.
“Me parece que lo que está sucediendo ahorita de abrir el micrófono para que las organizaciones habláramos es un mero trámite para salir a decir ‘les dimos el espacio’. Pero no hicieron ningún cambio de fondo”, dijo Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
Hoy, las comisiones de Defensa Nacional, Estudios Legislativos Segunda, Gobernación y Marina están convocadas para discutir un dictamen sobre la ley de Seguridad Interior en el que se modificaron nueve artículos a lo aprobado en la Cámara de Diputados.
“Lo que nos deja ver la clase política es que ellos ya tenían armado un plan de impunidad. Y trataron de hacernos creer de que los temas estaban separados, cuando ya lo tenían armados y permitir que avanzará el tema de justicia y un sistema autoritario de militarización en el país”, puntaulizó Delgadillo.
El actor Diego Luna, quien ha sido una voz importante en estos movimientos, señaló que la ley debería detallar un plan de regreso de los castrenses a los cuarteles, así como una propuesta de regulación jurídica de su actuar en las calles que no ha quedado claro.
“Yo no quiero vivir en un país donde los derechos humanos no son prioridad”, dijo Luna, quien aseguró que una minuta aprobada “en lo oscurito y en chinga” levanta sospechas. “No podemos repetir los errores que se han cometido en Centroamérica y en Argentina”.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional–Partido del Trabajo (Morena-PT), han desechado la minuta de Seguridad Interior.
“La fracción del PRD no participó en los 9 cambios”, dijo el Senador Luis Sánchez Jiménez , quien propuso que se abra la discusión en comisiones a la participación de las ONGs e instituciones de derechos humanos.
Sin embargo, los partidos de izquierda saben que no cuentan con la mayoría para frenar la iniciativa. “ El PRI y Verde nunca han tenido mayoría simple, y no la tendrían sino fuera por parte de la bancada del PAN”, acusó el legislador.
En lo que respecta a la Fiscalía General, ayer dictaminó el proyecto en la Comisión de Justicia con el único cambio de la eliminación del pase automático del titular de la Procuraduría General de la República.
Sin embargo, sin una modificación al artículo 102 constitucional, la Fiscalía seguirá careciendo de autonomía, indicó la Senadora Ángelica de la Peña del PRD.
“Lo mismo nos pasa con la fiscalía una simulación. Estuvimos aquí presentando el dictamen ciudadano, todos los partidos se tomaron la foto con nosotros. Y a que se reduce, a quitar el pase automático, ¿eso de qué nos sirve? Nos quieren llevar al fortalecimiento del Ejército y debilitamiento de instituciones”, dijo Delgadillo.
Los Colectivos hicieron una convocatoria a la sociedad civil para manifestarse hoy por estos temas a las 19 horas en el Ángel de la Independencia con rumbo al Senado de la República.
ONU Y CNDH PIDEN AL SENADO ABRIRSE AL DIÁLOGO
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hicieron un nuevo llamado “al Estado mexicano” y al Senado para que se abstenga de aprobar el proyecto de la Ley de Seguridad Interior.
En un comunicado conjunto, las organizaciones instaron a los legisladores a abrir un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad que debe regir el país bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, “preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas”.
La ONU y la CNDH refirieron que a pesar de que se han hecho algunas modificaciones al proyecto de ley– enviado por el Presidente Enrique Peña Nieto y aprobado en la Cámara de Diputados– este sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia y respeto de los derechos humanos en México.
“La vasta mayoría de las observaciones hechas al proyecto original se mantendrían vigentes en tanto las eventuales modificaciones no implicarían cambios sustantivos”, señalaron.
Además, agregaron, las observaciones son de tal envergadura, y las voces en contra que se han manifestado, de tal diversidad, que resulta indispensable la materialización de una deliberación amplia, honesta e inclusiva que atienda de manera efectiva los múltiples señalamientos formulados, en el marco del respeto a la dignidad humana.
Finalmente, ambos organismos consideraron que no existen las condiciones propicias para aprobar el proyecto de ley durante el proceso legislativo que termina el próximo viernes 15 de diciembre, por lo que exhortaron al Senado a que amplíen el debate y discusión a efecto de prevenir situaciones que actualicen o propicien que se vulneren los derechos humanos al amparo de la ley antes mencionada.
Ayer, los colectivos #SeguridadSinGuerra y #FiscalíaQueSirva convocaron a marchar este día del Ángel de la Independencia al Senado de la República, con el fin de levantar la voz por la paz.
Se prevé que la hora de partida para dar arranque con la marcha “Velada por la paz” será a las 19:00 horas. Los colectivos pidieron a los asistentes que lleven veladoras para hacer con ellas una clausura simbólica.
En los últimos días, el Senado, en donde se discute la Ley de Seguridad Interior que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una parte del Acción Nacional (PAN) pretenden aprobar, ha estado resguardado por agentes de la Policía Federal y de la capitalina.
La organización Artículo 19 emprendió una campaña en redes sociales para denunciar que la Ley de Seguridad Interior “es opaca, permite el espionaje, la intervención militar arbitraria y vulnera los derechos humanos”.
La guerra contra las drogas, lanzada por el entonces Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, sacó al Ejército a las calles en diciembre de 2006 y ha provocado más de 200 mil muertos hasta hoy.
