*Realizaron marcha caminata “Sí a la vida, no a la minería” para dar a conocer resolutivos de los acuerdos del foro realizado los días 11 y 12 de octubre
Integrantes de diversas organizaciones, entre ellas Educación Alternativa Asociación Civil y el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, marcharon en la capital oaxaqueña para dar a conocer la grave amenaza que representan para las comunidades de la entidad, los proyectos mineros apelando a la justicia comunitaria.
De la Iglesia de los Pobres, al zócalo de la capital, gritaron consignas que rechazan los proyectos mineros y finalmente dieron a conocer las conclusiones del foro realizado en donde participaron 50 comunidades y dieron a conocer 22 casos de afectaciones de la minería.
Señalaron que los proyectos mineros, son una amenaza instalada en todo el territorio nacional, con impactos de gran magnitud y con una historia de más de 200 o 300 años en Oaxaca a través de lo que llaman la minería artesanal.
Explicaron que además, el Gobierno Federal junto con el poder legislativo han aprobado leyes como la de la Minería, del Medio Ambiente y de Inversiones Extranjeras desde los años 90s que vulneran gravemente los derechos de los pueblos y las comunidades.
Demandaron a las autoridades de los gobiernos estatal, federal, así como a gobiernos de países como Canadá y Estados Unidos, de donde provienen las empresas mineras, que respeten los derechos de pueblos y comunidades indígenas a la autonomía y libre determinación, los convenios y tratados internacionales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que son ley en el país.
Sobre los resolutivos del foro comentaron que exigen a las autoridades estatal y federal, adoptar medidas y políticas que garanticen de manera plena y efectiva el ejercicio de la libre detemrinación, autonomía, formas de gobierno y relación con sus territorios; cancelar las concesiones y asignaciones mineras vigentes por haberse entregado en completa violación a los pueblos indígenas y campesinos; suspensión inmediata de la entrega de títulos mineros hasta que no se elabore un nuevo marco jurídico que respete de manera plena y efectiva los derechos de los pueblos indígenas.
También exigen la derogación de la actual ley minera y otras que guardan relación con esta industria y la aprobación de otra en el marco de respeto de los derechos de pueblos indígenas y campesinos, protectora y tendiente a reparar íntegramente las violaciones a derechos humanos hasta hoy ocasionados; garantizar a quienes defienden territorios indígenas frente a los impactos de las industrias extractivas, y que el Senado de la Republica ratifique el acuerdo regional del acceso a información, la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y El Caribe.