Oaxaca, Oaxaca.– El Pleno del Congreso de Oaxaca recibió hoy en primera lectura el dictamen que propone suspender del cargo al presidente municipal de Santo Domingo Petapa, Aldo Enrique Cruz Domínguez, vinculado a proceso por su presunta participación en el desplazamiento forzado de 80 indígenas de San Juan Mazatlán Mixes.

El proyecto ya fue aprobado por la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios, que encabeza el legislador Mauro Cruz, de Morena.

Hoy, durante la primera sesión ordinaria del tercer año de ejercicio, la 66ª Legislatura recibió en primera lectura el dictamen que propone separar del cargo al alcalde.

La propuesta fue aprobada el pasado 12 de noviembre por la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios, presidida por el diputado Mauro Cruz Sánchez, a petición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

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Ahora, el dictamen será sometido a votación del Pleno legislativo para determinar si procede la suspensión del presidente municipal.

La solicitud de separación del cargo fue presentada el 26 de octubre mediante un oficio firmado por la agente del Ministerio Público Mónica Gabriela Peña Rojas, en el que se informó sobre la causa penal 325/2026, abierta contra el alcalde.

Cruz Domínguez es investigado junto con otras 16 personas por hechos relacionados con el desplazamiento de habitantes de Loma Santa Cruz, perteneciente al municipio de San Juan Mazatlán, Mixe.

El pasado 18 de julio, un juez de control de Matías Romero, Avendaño, libró órdenes de aprehensión contra los 17 investigados, incluido el edil.

Posteriormente, durante una audiencia celebrada el 8 de septiembre, el juzgador le impuso al alcalde, como medida cautelar, la suspensión temporal del cargo durante diez días, además de restricciones para salir del estado y acercarse a una de las víctimas.

El 23 de septiembre, un juez de control con sede en Puerto Escondido dictó auto de vinculación a proceso contra Cruz Domínguez y, a petición de la Fiscalía, emitió una nueva orden de aprehensión por sustracción de la acción de la justicia.

El desplazamiento se registró en el marco del conflicto agrario que mantienen Santo Domingo Petapa y San Juan Mazatlán por aproximadamente 32 mil hectáreas en el Istmo de Tehuantepec y la Sierra Mixe.