Mientras los hospitales enfrentan carencias y los pacientes esperan atención y eso lo vamos a repetir hasta el cansancio mientras no resuelvan, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) comprometieron $231 millones 902 mil 428 pesos en un contrato adjudicado directamente a una empresa que ni siquiera había cumplido un año de existencia.

El contrato 48/2026, firmado apenas el pasado 28 de agosto, tiene como beneficiaria a Material de Curación e Insumos Médicos La Paz S.A. de C.V., propiedad de Jesús Amado Paz Cervantes. El objeto: suministrar equipo médico para unidades del IMSS-Bienestar. El monto: $231 millones 902 mil 428.27 pesos. El plazo de entrega: apenas 20 días.

¡Qué cosas!

Una empresa constituida apenas nueve meses antes recibió un contrato millonario para equipar unidades médicas; SSO debe explicar por qué la eligió, qué capacidad acreditó y dónde están los equipos.

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Adjudicación directa a una empresa sin experiencia en salud

El documento revela una operación por $231 millones 902 mil 428 pesos con 27 centavos, asignada a Material de Curación e Insumos Médicos La Paz, S.A. de C.V., para la adquisición de equipo médico, hospitalario y de laboratorio destinado a unidades médicas del IMSS-BIENESTAR. No se trata de una compra menor ni de una operación ordinaria: es una cantidad multimillonaria que exige transparencia absoluta.

Lo que vuelve todavía más delicada esta operación es la antigüedad de la empresa beneficiada. El propio contrato establece que fue constituida mediante escritura pública del 26 de noviembre de 2025 e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio el 22 de enero de 2026. Es decir, cuando recibió esta contratación apenas tenía alrededor de nueve meses de existencia desde su constitución.

El secretario de Salud, Efrén Emmanuel Jarquín González debe responder ¿qué experiencia, infraestructura, solvencia financiera y capacidad operativa acreditó una empresa tan reciente para asumir una operación superior a los $231 millones de pesos?

El contrato contiene una declaración del proveedor sobre sus recursos materiales, técnicos y humanos, así como su experiencia, pero eso no sustituye la obligación de transparentar los documentos que respaldan esas afirmaciones.

La contratación tampoco se realizó mediante una licitación pública, al menos no es lo que refleja el instrumento firmado. Los SSO justificaron la adjudicación mediante un acuerdo administrativo con fundamento en el artículo 46, fracción III, de la Ley de Adquisiciones del estado.

La existencia de esa referencia legal no demuestra por sí misma una irregularidad, pero tampoco constituye un cheque en blanco: la autoridad debe exhibir el acuerdo, la motivación, las razones de excepción y los elementos que acrediten que eligió la opción más conveniente para el erario.

Miren ustedes estimados ciberlectores, cuando se comprometen más de $231 millones de pesos mediante una adjudicación directa, la transparencia no puede ser opcional. ¿Cuántas empresas fueron consideradas? ¿Hubo estudio de mercado? ¿Se compararon precios y condiciones? ¿Qué razones técnicas y administrativas llevaron a seleccionar precisamente a esta compañía? Esas respuestas deben estar en el expediente y deben hacerse públicas.

La cronología también merece atención. La empresa presentó su cotización el 25 de agosto de 2026; el reporte de disponibilidad presupuestal fue emitido el 26 de agosto, y el contrato se formalizó el 28 de agosto. Apenas tres días entre la propuesta económica y la firma de una operación millonaria que involucra equipamiento médico para distintas unidades de salud.

¿Fue suficiente ese tiempo para revisar precios, verificar capacidades, comprobar antecedentes comerciales y evaluar la viabilidad de entregar todos los equipos? La pregunta no es menor, porque no estamos hablando de comprar papelería o mobiliario de oficina, sino de equipos que deben llegar a hospitales y unidades médicas donde hay pacientes que dependen de ellos.

Los montos de algunos equipos dimensionan el tamaño del negocio

La cotización contempla 317 camas eléctricas LINET, modelo Essenza 200, con un precio unitario de $249 mil 178 pesos con 45 centavos, que representan un subtotal de $78 millones 989 mil 568 pesos con 65 centavos, antes del IVA. También incluye 133 camillas radiotransparentes LINET, modelo Sprint 100, con un subtotal de $25 millones 381 mil 789 pesos con 16 centavos, igualmente antes de impuestos.

Solamente esos dos conceptos rebasan los $104 millones de pesos antes del IVA. A ellos se suman otros equipos, entre ellos incubadoras, cunas de calor radiante, desfibriladores y unidades dentales.

Por eso, la pregunta central no es únicamente cuánto se pagó, sino qué se compró exactamente, a qué precio de mercado, dónde se instaló y quién certificó que cada equipo cumple con las especificaciones contratadas.

El contrato fue firmado por el secretario de Salud, Efrén Emmanuel Jarquín González; la subdirectora general de Administración y Finanzas, Mitzi Dayli García Díaz; el director de Atención Médica, Ismael de Jesús Arjona Ruiz, y por parte de la empresa, su administrador único, Erick Isidro Valencia Enríquez.

No es una operación anónima: hay funcionarios responsables de autorizarla, supervisarla y validar que el proveedor cumpla.

Pero hay otro punto que obliga a poner la lupa. El contrato establece un plazo de 20 días naturales para su vigencia y cumplimiento. Veinte días para entregar equipamiento médico de esta magnitud, distribuirlo en las unidades correspondientes y cumplir con las condiciones técnicas pactadas.

¿La empresa tenía inventario disponible? ¿Contaba con proveedores, logística y capacidad de instalación para responder a ese compromiso? ¿Se cumplió el plazo o hubo modificaciones y prórrogas? La ciudadanía tiene derecho a conocerlo.

¡Uta! Que fregones nos salieron.

En cuanto al dinero, el contrato establece dos exhibiciones: la primera dentro de los diez días hábiles posteriores a la primera entrega de los bienes y la segunda por el monto restante una vez cumplida la vigencia o recibida la totalidad de los entregables a satisfacción de la entidad.

Es decir, el primer pago puede tramitarse después de una primera entrega, no necesariamente hasta que esté concluida toda la operación. Por eso resulta indispensable conocer cuánto se pagó en cada exhibición y qué bienes respaldaron esos pagos.

La empresa también quedó obligada a presentar una garantía de cumplimiento equivalente al 10 por ciento del monto contratado: $23 millones 190 mil 242 pesos con 83 centavos. El documento fija un plazo de diez días naturales posteriores a la firma para entregarla. Pero una cosa es que el contrato establezca esa obligación y otra muy distinta que la garantía haya sido presentada, revisada y aceptada. Los SSO deben demostrarlo documentalmente.

Y conviene subrayarlo: el contrato identifica a Erick Isidro Valencia Enríquez como administrador único de la compañía, pero no permite establecer por sí solo quiénes son sus accionistas o beneficiarios finales.

Si existen señalamientos sobre la propiedad de la empresa o presuntos vínculos con otras personas, deben acreditarse con el acta constitutiva y los registros correspondientes. La investigación periodística no puede sustituir las pruebas, pero tampoco debe dejar de exigirlas.

Lo que sí está documentado es suficiente para exigir explicaciones, tenemos en nuestro poder la copia del contrato. Una empresa constituida en noviembre de 2025, inscrita en enero de 2026, obtuvo en agosto un contrato por más de $231 millones de pesos mediante una adjudicación sustentada en un acuerdo administrativo.

Una operación de esta dimensión necesita algo más que firmas y declaraciones de capacidad: necesita pruebas de competencia, precios razonables, cumplimiento y resultados.

Salud no puede convertirse en una ventanilla de negocios para proveedores favorecidos ni en una caja negra donde los contratos millonarios se resuelvan entre funcionarios y empresas sin escrutinio público.

Si la adjudicación fue legal, que exhiban el expediente completo; si la empresa cumplió, que muestren los equipos, las actas de entrega y su ubicación; si los precios fueron competitivos, que publiquen el estudio de mercado.

El gobernador Salomón Jara tiene que entender que la confianza ciudadana no se recupera con discursos sobre transformación, sino con cuentas claras. En un estado donde miles de personas enfrentan carencias en los servicios médicos, comprometer $231.9 millones de pesos sin explicar con claridad cómo se eligió al proveedor, qué capacidad demostró y qué recibió la población, es una verdadera provocación.

Efrén Emmanuel Jarquín, titular de los SSO debe obligadamente hacer lo siguiente:

1.- Hacer público el expediente completo de la adjudicación, incluido el Acuerdo Administrativo que invoca el artículo 46, fracción III, de la Ley estatal de Adquisiciones, así como la justificación del procedimiento.

2.- Transparentar el estudio de mercado, las cotizaciones comparativas y los documentos con los que se acreditó la capacidad técnica, financiera y operativa de la empresa.

3.- Informar cuánto se pagó, qué equipos fueron entregados, en qué hospitales se encuentran y quién certificó su recepción.

En Oaxaca la salud pública no puede seguir siendo vista como una caja registradora para proveedores que aparecen de la noche a la mañana y encuentran abiertas las puertas del presupuesto gubernamental.

Si la adjudicación fue tan transparente como seguramente argumentarán los responsables, que exhiban los expedientes, las evaluaciones técnicas, las cotizaciones y las pruebas de capacidad del proveedor. Que expliquen, peso por peso, cómo se tomó la decisión.

La salud de las y los oaxaqueños no puede ser el negocio de unos cuantos ni el presupuesto público un premio para proveedores consentidos. Los hospitales necesitan médicos, medicamentos y equipo; no intermediarios que hagan millones mientras la transparencia permanece en terapia intensiva.

¡Ya basta!

DE COLOFÓN: EL INFLUYENTE ASESOR DEL GOBERNADOR JARA

Oigan, en los pasillos de Palacio aseguran que el nombramiento de Fernanda Chávez al frente del IEEPO lleva la firma política de Luis Gabriel Salvador Delgadillo oriundo de la Ciudad de México, súper asesor del gobernador Salomón Jara. Una recomendación que, a juzgar por los resultados, habría salido bastante cara.

A Chávez le reprochan falta de conocimiento de la institución, decisiones erráticas y una evidente incapacidad para atender los conflictos que hoy mantienen al sector educativo en tensión.

La pobre mujer es tan inoperante, que la Sección 22 ha solicitado su remoción, mientras docentes anunciaron un paro de 48 horas, miles de niños se quedan sin clases y las protestas continúan frente a Palacio de Gobierno. Hay una grave falta de oficio de quien encabeza el IEEPO, ausencia de respuestas ante un conflicto que crece mientras la autoridad parece mirar hacia otro lado.

Aunque Fernanda Chávez aparece como titular, entre trabajadores y maestros se señala que las decisiones de fondo pasan por el oficial mayor, Abel Jesús Leyva Gandarillas, el “consentido” de Teresita Villalobos, la “mera mera” de Palacio.

Si eso es cierto, habría que preguntarse para qué sirve una directora del IEEPO que no tiene el control de la institución ni capacidad para resolver los problemas que le corresponden.

Por cierto, a Gabriel Salvador Delgadillo también se le atribuye haber reducido hasta en 70 por ciento la influencia del argentino René Palacios, quien fue reubicado en tareas de promoción política para Morena Oaxaca.

Pero el súper asesor, quien se maneja de perfil bajo, no actuó solo para esta encomienda, fue apoyado por Jesús Romero López, titular de la Secretaría de Gobierno, quien se peleó con el argentino y se confabuló con Salvador Delgadillo para quitarlo.

Hoy es Salvador Delgadillo quien maneja todo el tema de medios en Comunicación Social y me confirman que el gobernador Jara le hace mucho caso. ¡Zassss!

Vaya reacomodo en el círculo cercano del gobernador: mientras unos pierden poder y otros ganan cargos, en el IEEPO los conflictos se acumulan, los maestros protestan y los niños pagan las consecuencias. En este gobierno parece haber asesores para repartir cuotas, pero no para resolver problemas.

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