La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que, por primera vez en su historia, desarrolla investigaciones con la colaboración directa de informantes que están entregando documentación y diversos elementos sobre el caso de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y la polémica por irregularidades en contrataciones del organismo. Los informantes buscan acogerse al Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, instrumentado conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El organismo difundió el anuncio junto con materiales gráficos que detallan el esquema: empresas, beneficiarios finales y personas servidoras públicas involucradas en posibles irregularidades relacionadas con organismos electorales. Entre los elementos aportados se encuentran testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios, mensajes de WhatsApp, así como nombres y alias de personas presuntamente involucradas.
Las investigaciones han permitido documentar indicios de que beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses. Esto se vincula con los señalamientos del caso Taddei, en el que se han documentado vínculos con proveedores como los hermanos Hernández Casillas, difusión de materiales audiovisuales y la identificación por parte de la ASF de 89 conexiones entre siete empresas y 83 personas.
El anuncio se suma a la ampliación de la revisión histórica de contrataciones del INE, el extinto IFE y los organismos electorales locales entre 2000 y 2025, así como a las acciones paralelas como la denuncia del INE ante la FGR y los bloqueos de cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera en el expediente Taddei.