Ciudad de México. – El foro inició como pocas veces inicia un acto en un recinto legislativo: de pie. Durante un minuto, familiares, periodistas y defensores de derechos humanos aplaudieron en el Auditorio Norte de la Cámara de Diputados en memoria de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, el columnista asesinado en Oaxaca el 22 de julio. El aplauso fue también un reclamo: según su familia, a más de tres meses del crimen no se conoce un solo avance.
El foro “Retos de la libertad de expresión y ejercicio periodístico en México y América Latina” se celebró el 6 de noviembre. Lo convocó la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), representada en México por Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, y lo condujo Manuel Guzmán García. Reunió a periodistas de Oaxaca, Campeche y la Ciudad de México. Al cierre se entregaron reconocimientos a los participantes y uno póstumo a Leyva.
Ricardo Contreras Reyes, comisionado de Protección a Periodistas de la CIDHPDA, dedicó su intervención a lo que describió como una censura administrativa. Recordó la frase atribuida a José López Portillo, “no pago para que me peguen”, y sostuvo que la reducción de la publicidad oficial durante los gobiernos de la Cuarta Transformación obligó a muchos medios a recortar personal y páginas.
Con base en conversaciones con reporteros que cubren las conferencias matutinas, Contreras describió un esquema de sanciones informales. Quienes hacen preguntas incómodas son enviados a las últimas filas y pasan semanas sin recibir el micrófono. En algunos casos los reprenden los propietarios de sus medios, que temen perder la pauta publicitaria. Contreras atribuyó esas presiones a funcionarios del área de comunicación presidencial; se trata de señalamientos que no han sido documentados públicamente ni respondidos por la Presidencia.
También recordó el análisis que la consejera jurídica Luisa María Alcalde presentó en agosto en el espacio “Derecho de Réplica”, en el que aparecían nombres de periodistas y medios acusados de amplificar mensajes contra el gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum negó entonces que se tratara de una lista y lo defendió como un análisis de cómo funcionan las redes sociales.
El caso más crudo de esa vía judicial lo narra su protagonista. Jorge Luis González Valdez, exdirector de Tribuna de Campeche, se jubiló en 2017. Relató que la gobernadora Layda Sansores lo mantiene sujeto a procesos en los que se le exigen dos millones de pesos. Contó también que se ordenó anotar un gravamen en el Registro Público sobre su única vivienda, que según dijo construyó con un crédito del Infonavit en un terreno que le regaló su padre, aunque el juicio sigue en la vía de amparo.
En 2025, una jueza lo vinculó a proceso por presunta incitación al odio contra la mandataria, le prohibió ejercer el periodismo durante dos años y le fijó el pago de dos millones de pesos por daño moral al director de Comunicación Social del estado. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) calificó esa resolución como una orden de censura. “Puede ganarme el dinero; no me va a ganar algo que es el valor”, dijo González Valdez, que pasa de los 70 años.
Propuso un código federal de comunicación que saque de la órbita de los estados las decisiones en la materia. Propuso también que se persiga penalmente la prevaricación de jueces y ministerios públicos que admitan denuncias sin sustento.
Jesús Leyva Acevedo, sobrino y compadre del periodista, habló a nombre de una familia que, dijo, gira en torno a él. Dirigió su mensaje a los y las diputados. Les pidió presionar a la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo el caso un día después del homicidio, para que dé seguimiento puntual a una investigación en la que, aseguró, no ha habido avance alguno. “Pareciera que la apuestan al olvido, pero eso, señoras y señores, no lo vamos a permitir”. Relató además que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, recibió a la familia el 3 de agosto y que desde entonces no ha habido respuesta.
Leyva escribía la columna “El Zumbido del Moscardón” y recibió múltiples amenazas antes de ser asesinado. Su caso se ha convertido en emblema de las fallas del sistema de protección. Sobre el caso, la periodista Claudia Fernanda Martínez Sánchez añadió que una semana antes del foro la DDHPO emitió una recomendación en la que pide al Estado disculparse por no haber atendido las denuncias de Leyva. “Una disculpa no lo resucita”, dijo.
La voz más autocrítica fue la de Claudia Fernanda Martínez Sánchez, periodista que creció en la redacción que fundaron sus padres. Recordó que el día del sepelio de Leyva colocaba moños negros en el Senado, y que el gesto no apareció en el boletín oficial.
Se declaró en contra de que el gremio se asuma como víctima. Ejercer el periodismo, dijo, es una elección que implica riesgos, y la respuesta debe partir de la profesionalización y de diagnósticos propios, sin esperar que el Estado lo resuelva todo.
Aun así, rechazó que la objetividad exija neutralidad ante la tragedia y pidió que estos encuentros no sean “muros ni lamentos, sino acciones”.
Froylán Méndez Ferrer, secretario general del Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO), colocó el caso en un panorama más amplio con la ponencia “Balas, leyes y precariedad: las tres formas de silenciar al periodismo local”. Su tesis es que al periodismo ya no se le calla de una sola manera, y que casi siempre se le calla lejos de la capital, “donde ninguna institución llega a tiempo”.
Las cifras disponibles respaldan ese diagnóstico. Reporteros Sin Fronteras contabiliza 169 periodistas asesinados en México entre 2006 y 2026; el 98 % trabajaba en medios locales. Leyva fue el séptimo de este año. El 9 de octubre, Hamurabi Huesca Manzano, director del portal Pinotepa Comunica, con más de 50 mil seguidores en la Costa oaxaqueña, se convirtió en el noveno, según Artículo 19.
Por debajo de los homicidios está la agresión cotidiana. Artículo 19 documentó 451 agresiones contra la prensa en México durante 2025, una cada 19 horas, y en más de la mitad de los casos el agresor fue alguna instancia del Estado. “Quien agrede a la prensa es quien tendría que protegerla”, resumió Méndez Ferrer.
La segunda “capa” de silenciamiento, la legal, ocupó buena parte de la exposición de Méndez Ferrer. Artículo 19 informó que el acoso judicial contra la prensa creció en 2025 hasta sumar, en promedio, una nueva acción legal por semana.
Desde la tribuna, el dirigente cuestionó la reforma que esa misma Cámara aprobó el 21 de octubre, con 312 votos a favor y 119 en contra. La reforma agrega el artículo 403 Bis a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y sus críticos la llaman “Ley Antimemes”. Prevé de uno a cinco años de prisión por usar la identidad gráfica institucional con la intención de engañar o cometer un ilícito.
El gobierno federal y la mayoría legislativa sostienen que el objetivo es combatir la piratería y el fraude, y el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que no se aplicará a periodistas. Méndez Ferrer respondió que, si es así, la ley debería decir expresamente que el uso con fines periodísticos, satíricos o de crítica política no es delito.
Para Méndez Ferrer, la tercera capa, la precariedad, es la menos visible “y quizá la más eficaz, porque no necesita un solo disparo”. Presentó resultados de la Primera Radiografía del Periodismo Oaxaqueño, un estudio exploratorio levantado por el SINMCO:
- El 88 % de quienes respondieron trabaja por su cuenta y sólo seis de cada cien tienen contrato.
- Dos de cada tres no tienen seguridad social.
- El 72 % ha vivido alguna situación de violencia o riesgo.
- Ocho de cada diez trabajan desde su domicilio, así que una amenaza “llega a la casa donde duermen sus hijos”.
- Solo el 2 % tiene menos de 30 años.
“Si no cambiamos las condiciones, en diez años no habrá a quién proteger”, advirtió.
El dirigente informó que el sindicato ha documentado 76 casos de amenaza, agresión o censura desde su fundación, en julio de 2025. El 24 de julio pasado, dos días después del crimen de Leyva, entregó al gobernador una propuesta para crear un Comité Estatal de Atención y Protección Integral a Periodistas y Personas Comunicadoras. Dijo que ha habido mesas de trabajo y se designó un enlace, pero no ha salido un decreto. Oaxaca no tiene una ley ni un mecanismo estatal de protección propios.
El abogado y locutor Taré Jacob Alaníz Martínez llevó el debate al terreno constitucional. El estado discute una reforma integral a su Constitución, que el gobernador presentó el 3 de septiembre. Alaníz expuso las modificaciones que un grupo de periodistas pidió al Congreso local:
- Reconocer como de interés público el ejercicio del periodismo: la actividad, no las empresas.
- Adoptar una definición funcional de periodista.
- Prohibir padrones, licencias o acreditaciones obligatorias.
- Garantizar el secreto profesional.
- Obligar al Estado y a los municipios a prevenir agresiones, proteger e investigar.
- Fijar un plazo de 180 días para expedir una ley de protección.
“La norma protege la idea, pero no a la persona”, resumió.
Méndez Ferrer cerró con seis peticiones dirigidas a la Cámara:
- Una ley general que establezca un piso mínimo de protección en todas las entidades.
- Recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos 2027 para el Mecanismo de Protección y para la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
- Un régimen accesible de seguridad social para periodistas independientes.
- Salvaguardas expresas para el periodismo y la sátira en toda reforma penal, empezando por el 403 Bis.
- La obligación de agotar la línea periodística en toda investigación por agresiones a la prensa.
- Protección sin credencialización.
Propuso además construir una red latinoamericana de sindicatos y asociaciones de periodistas.
El cartel del foro sostenía que sin periodistas libres no hay sociedades libres.
Méndez Ferrer añadió una condición: tampoco las hay sin periodistas vivos.
Mientras tanto, en Oaxaca, la familia de Alejandro Leyva sigue esperando que la investigación diga, al menos, quién lo mató.
Redacción