Nadie puede vaticinar lo que vaya a ocurrir en el 2028 cuando, según la Constitución local, deba elegirse al relevo, por un par de años, de Salomón Jara, considerado por sus críticos como el peor gobernador de la historia reciente de Oaxaca. Y eso que Manuel Zárate Aquino (1974‑1977) y Ulises Ruiz Ortiz (2004‑2010) son dolorosamente recordados, debido a la vileza con que ordenaron y/o toleraron asesinatos y actos de represión contra los movimientos populares. El sentido común indica que Morena retendrá el poder ejecutivo, a pesar del desgobierno actual y ante una oposición que come en el mismo plato guinda, salvo honrosas excepciones.
En el “círculo rojo” existe la percepción de que la administración jarista, envuelta en corrupción, nepotismo e inconfesables presuntas alianzas con grupos delictivos, tiene directa responsabilidad en la espiral de violencia que actualmente lacera a Juchitán de Zaragoza, municipios aledaños y regiones como la Costa y Valles Centrales.
“La podredumbre en el Istmo de Oaxaca apunta a la clase dirigente regional de Morena”, titula el periódico español El País, que, como varios medios, tienen a Oaxaca en su agenda de hechos negativos. A un lado quedan las acciones para atraer turismo, la fuente más importante de nuestra economía. La violencia e inseguridad ocupa el primer lugar en la preocupación ciudadana, antes que la economía y la salud, afirma Roy Campos de Consulta Mitofsky. En el ranking de gobernadores, evaluado por la misma casa encuestadora, Salomón Jara aparece en el lugar número 22 con el 49,8 % de aprobación ciudadana, abajo del promedio nacional. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene en Oaxaca un 65,7 % de respaldo. En agosto del año pasado Jara alcanzó el lugar número 15. Ha bajado siete puntos, sin considerar los señalamientos en su contra durante el reciente mes.
La violencia que, desde Alejandro Murat, tomó una fuerza inusitada, sin que los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador pusieran demasiado interés en frenarla, ha sumado tan solo en los últimos cuatro años 957 asesinatos, de los cuales el setenta por ciento son atribuidos a esta red criminal. Este es el dato de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca que, hincada por el Gabinete de Seguridad Federal y por la presidencia de la República, ha tenido que actuar, una vez madurada la etapa de investigación, para meter en prisión al exedil morenista juchiteco, dos de sus sicarios y al autodenominado comandante Cromo, Iván N., segundo de los sujetos que responden por el mismo apodo, como el propio Fiscal Alamilla lo aclara. Las recientes detenciones se suman a más de 250 integrantes de esta banda que, afirma la fiscalía, están a buen resguardo.
A dichos presuntos delincuentes se les acusa, por decir lo menos, de extorsión, narcomenudeo, secuestros y homicidios. Dichas aprehensiones fueron percibidas como un bálsamo ante el clima de temor e inseguridad que se ha vivido en Juchitán y toda la región, mismo que tratan de detener “la sangrienta lucha por el poder en la zona y el control de economías legales e ilegales durante años”, agrega El País.
Sin embargo, fuentes, conocedores del caso y la historia criminal reciente en el istmo, consultados por el reportero Pablo Ferri, ubican a Rafael de Jesús Álvarez Palma, alias El Fallo o comandante Renco, originario de Juchitán, quien sigue libre, como quien “sería el verdadero cabecilla del grupo criminal (Los Cromos)”, al menos de su vertiente violenta. Entrevistas realizadas a vecinos, activistas y antiguos funcionarios estos días matizan que Los Cromos eran el brazo ejecutor de un grupo político encabezado por el exalcalde Emilio Montero, que hasta finales de septiembre dirigía el todopoderoso Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), por nombramiento de Jara.
Hasta hace muy poco, la actuación gubernamental se ha centrado en atacar y encarcelar a defensores comunitarios y críticos de obras de infraestructura federales como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en lugar de actuar contra grandes capos regionales, a quienes la mirada ciudadana relaciona, presuntamente, sin que se conozca de alguna implicación judicial, con Emilio Montero y Antonino Morales, quienes se presumen libres de toda culpa. Uno, porque es senador de la República y actúa como el natural sucesor de Salomón Jara; y el otro, porque la escandalosa nómina dorada del Instituto Estatal de Educación Pública implicaría también a su superior e incluso al titular de Educación, Mario Delgado. Montero jura estar limpio de cualquier relación con el grupo delictivo.
A qué niveles estará el pacto de complicidad e impunidad, como para que ni la Federación logre romper el fino entramado entre partido, gobierno y poderes fácticos, que han nulificado el derecho de las y los istmeños a vivir en paz, como en otras partes de la República. A nuestro alrededor no hay más que degradación de valores éticos y la inmoralidad en el ejercicio del poder y las instituciones locales, en una palabra: podredumbre.
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