Justo hoy 22 de septiembre se cumplen dos meses del artero y cobarde asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar. Sesenta días después, su familia sigue esperando justicia y la sociedad oaxaqueña sigue sin respuestas sobre un crimen que la propia fiscalía general de la República atrajo desde el 23 de julio.
La FGR a cargo de Ernestina Godoy, asumió el caso a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos y anunció que investigaría para esclarecer el homicidio y llevar ante la justicia a los responsables. Pero, hasta ahora, públicamente no se conocen resultados que permitan hablar de esclarecimiento, detenciones o avances sustanciales.
Hay un silencio cómplice de una autoridad federal que asumió el compromiso público de investigar y dar con los responsables del cobarde crimen. Nada, absolutamente nada que pueda mitigar el dolor y la incertidumbre que vive una familia lacerada por la impunidad y la falta de justicia.
Ahí está una de las grandes heridas abiertas de Oaxaca: un periodista asesinado, una investigación federal envuelta en silencio y una familia obligada a salir nuevamente a las calles para exigir lo que debería ser una obligación elemental del Estado: ¡Justicia!
No me cansaré de repetirlo, cuando matan a un periodista no solamente asesinan a una persona, se intenta silenciar una voz, intimidar a un gremio y mandar un mensaje a toda una sociedad. Por eso el caso Leyva Aguilar no puede convertirse en otro expediente que se archive bajo toneladas de burocracia o detrás de un escritorio de la FGR.
Mientras la justicia guarda silencio, la violencia habla todos los días en Oaxaca y el gobernador Salomón Jara Cruz anuncia una segunda estrategia de seguridad para las zonas más afectadas por la violencia, como el Istmo de Tehuantepec. No ha dado resultados tangibles.
OAXACA, OCTAVO LUGAR NACIONAL EN HOMICIDOS DOLOSOS
Los números son contundentes. De enero a agosto de este año, Oaxaca acumuló 560 víctimas de homicidio doloso, cifra que colocó a la entidad en el octavo lugar nacional por este delito, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Estos no son números abstractos. Son 560 ausencias y razones para preguntarle al gobierno estatal si realmente puede presumir que Oaxaca está en la ruta correcta en materia de seguridad.
Mientras desde Palacio de Gobierno se presentan indicadores favorables, en las calles existe otra conversación, otra percepción, otros datos. Una conversación marcada por el miedo, por las balaceras, por la extorsión, por los negocios atacados y por familias que saben que la violencia puede tocar a su puerta, caso concreto Juchitán, pero también en Tehuantepec ha escalado la violencia al igual que en Matías Romero.
El propio gobierno ha presumido que Oaxaca es el quinto estado más seguro del país, ya chole con esa gran mentira, así como decir que diversos delitos registraron disminuciones. También ha informado de detenciones, aseguramientos y reducción de la percepción de inseguridad.
Solo que las estadísticas oficiales no se pueden esconder y la experiencia cotidiana de la ciudadanía no siempre caminan al mismo ritmo.
La ENVIPE 2026 del INEGI reportó que 72.2 por ciento de la población adulta en Oaxaca considera inseguro vivir en la entidad. Es cierto que el indicador es ligeramente menor al promedio nacional de 74 por ciento, pero también es verdad que la percepción estatal aumentó respecto de 2025, cuando era de 70.9 por ciento.
Ahí está la contradicción que debe explicar el gobierno de Jara Cruz. Una cosa es presentar cifras que muestran reducciones en determinados indicadores y otra muy distinta es lograr que la gente vuelva a sentirse segura.
La seguridad no se decreta desde una “Mañanera”, se demuestra cuando una familia puede regresar a casa sin miedo, cuando un comerciante puede cerrar su negocio sin pagar piso y cuando un periodista puede ejercer su oficio sin convertirse en blanco de ataque.
Hoy Juchitán de Zaragoza representa precisamente lo contrario.
Hablemos del Istmo. Juchitán se ha convertido en uno de los grandes focos de preocupación, ahora federal por el ataque al diseñador Elvis Guerra a quien intentaron extorsionar con $200 mil pesos mensuales.
Hasta agosto, Juchitán acumulaba al menos 44 víctimas de homicidio doloso, la cifra municipal más alta reportada en Oaxaca; Pinotepa Nacional registraba 42.
En Juchitán los ataques armados se han convertido en parte del paisaje. Que una vivienda sea baleada, que un establecimiento comercial sea atacado o que una persona sea asesinada no puede asumirse como un episodio más dentro de la estadística semanal.
El colmo fue ayer lunes. Ahora la delincuencia organizada desarma a los policías, como el hecho registrado afuera de un negocio este lunes por la tarde, donde sujetos armados a bordo de una motocicleta desarmaron a un elemento de la PABIC.
El propio gobierno estatal reconoce la gravedad del problema, pero no ha hecho nada por ese municipio, que según sus propias palabras “Juchitán se cuece aparte”. En julio presumió que el llamado Plan Juchitán había producido 219 detenciones, aseguramientos de armas, droga y vehículos, y una disminución del homicidio doloso.
¡Ajá!, y después de esos operativos Juchitán continúa apareciendo como el principal foco rojo por homicidios, entonces ¿qué está fallando?
¿La inteligencia? ¿La prevención? ¿La coordinación? ¿La capacidad de investigación? ¿La estrategia para combatir las estructuras criminales? ¿O simplemente se está reaccionando cuando la violencia ya ocurrió?
Ahora, este lunes Salomón Jara anunció la creación de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá, integrada por 100 elementos, 50 de Seguridad Pública y 50 de la fiscalía general del Estado, con una inversión superior a los $171 millones de pesos para equipamiento táctico, comunicaciones, vehículos y capacitación.
La nueva corporación tendrá entre sus tareas intervenir en regiones de alta incidencia, detener objetivos prioritarios, realizar intervenciones tácticas y fortalecer la obtención de información.
Sobre el papel suena contundente. Pero Oaxaca necesita resultados, pide a gritos que quienes disparan sean detenidos, que quienes ordenan sean identificados y que quienes asesinan terminen frente a un juez.
EL ULTIMÁTUM DE JARA QUE LLEGA TARDE
Y vean estimados ciberlectores, aquí viene el otro componente preocupante: el tiempo político.
Jara puso diciembre como fecha límite. Fue directo: quien no dé resultados en seguridad para entonces recibirá “tarjeta roja” y dejará el cargo. ¿No les parece que diciembre llega demasiado tarde?
Porque el gobernador entrará a los dos últimos años de su gobierno, y enfrente están 2027 y 2028, años que inevitablemente comenzarán a mover aspiraciones, grupos, candidaturas, alianzas y reacomodos políticos. Ya hay quienes están saltando del barco, buscando reacomodos.
Jara no necesita esperar hasta diciembre, la película está muy clara quienes no funcionan en su gabinete de seguridad, para empezar, debería evaluar al encargado de la política interna, Jesús Romero López y al comisionado de la Policía Estatal, Francisco Santiago García, quienes tras tres días no lograron liberar al policía retenido en San Dionisio Ocotepec, aunque finalmente fue liberado durante la madrugada de este martes tras el diálogo con autoridades municipales y comunitarias.
Su propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Félix Quiroz Javier, no asoma ni las narices, no se le ve por ningún lado, vaya, no dispara ni en defensa propia el Almirante. ¿De qué le sirve un mando de seguridad así?
Por eso el ultimátum de Jara tiene que ser algo más que una amenaza administrativa. Si habrá “tarjeta roja”, la sociedad tiene derecho a saber cuáles serán los indicadores, cuáles son las metas, quién será evaluado y qué resultados concretos deberán alcanzarse. No deben ser anuncios de relumbrón a los que está acostumbrado.
De lo contrario, diciembre puede convertirse simplemente en otra fecha política.
La seguridad se mide en homicidios evitados, investigaciones concluidas, responsables detenidos y sentencias obtenidas. No en el número de camionetas nuevas “machuchonas” estacionadas frente a Palacio.
Por eso el caso de Alejandro Leyva es una prueba de fuego para el gobierno “jarista”.
La FGR tiene la investigación. Dos meses después, la pregunta sigue siendo brutalmente sencilla: ¿quién mató a Alejandro Leyva y por qué?
La familia merece respuestas, al igual que el gremio periodístico y Oaxaca. El reloj corre y a Salomón Jara se le acaba el tiempo.
Porque si diciembre llega y la violencia sigue igual, la “tarjeta roja” no debería ser solamente para los del gabinete de seguridad. Será el momento en que la ciudadanía le muestre al gobierno la factura de cuatro años de promesas incumplidas.
Si la justicia tampoco llega para Alejandro Leyva, entonces el silencio de la FGR y Ernestina Godoy habrá terminado siendo otra forma de impunidad: una que no dispara, pero que también mata.
DE COLOFÓN:
Alianza Morena-PT ¿hace agua?
Andan con el moco tendido, haciéndose acusaciones mutuas. Mientras Morena nacional ha dicho que no necesita a sus otrora aliados del Partido del Trabajo y se sienten sobrados, el coordinador de la bancada del PT, Reginaldo Sandoval advirtió que la coalición para 2027 podría romperse, ello porque los morenistas los han ninguneado.
El petista sostuvo que como aún no hay adversarios por la derecha de peso, entonces Morena desdeña a los aliados, sintiendo que puede solo, eso es lo que nosotros leemos, pero están totalmente equivocados en esa percepción.
¡Qué tal!, ahora las y los diputados petistas deberían aplicárselas en San Lázaro donde hay iniciativas de reformas pendientes que necesitan mayoría calificada, votar en contra y no hacer negociaciones, porque aún les queda un año legislativo.
Oigan, y en Oaxaca entonces los distritos federales que estaban siglados para el PT, como el caso Tlaxiaco y Huajuapan, se lo quitarían a la dos veces legisladora federal Margarita García, que va por el tercer intento, ya también se pasa.
Tlaxiaco es un espacio que pelea por Morena, el tatamandón de los Teletubbies, Sergio López Sánchez, porque su anhelo es llegar a San Lázaro, quiere salir corriendo del Cecyte con tanta corrupción que hay ahí y Finanzas no le hace caso para pagarle al SAT, $18 millones de pesos del ISR de trabajadores que le adeudan, mientras que por anexo de ejecución, la federación le está exigiendo reintegrar $23 millones de pesos. Heredado por Blanca Martínez su antecesora.
Menuda bronca.
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