La presidenta municipal de Santiago Choápam, Oaxaca, Dolores Luciano Valadez ofreció una rueda de prensa para denunciar que es víctima de violencia política en razón de género, intimidación armada y presiones directas de actores políticos que buscan obligarla a firmar su renuncia para imponer una figura de administración municipal en la demarcación. La edil aseguró que cuenta con carpetas de investigación abiertas y documentos probatorios que respaldan sus declaraciones ante las autoridades ministeriales correspondientes.
Luciano Valadez acusó que el titular de la Secretaría de Gobierno, Jesús Romero López, encabezó una mesa de diálogo en la capital del estado con grupos opositores y familiares de dos personas previamente retenidas (Jorge Méndez Martínez y Abelino Bartolo Cruz), sin que la presidencia municipal fuera notificada ni convocada para conocer los acuerdos pactados.
Señaló que tras dicha reunión, operadores de la zona y representantes de bienes comunales afirman en la localidad de Santo Domingo Latani que el cabildo renunció y que entrará un comisionado a tomar control de la administración y de los recursos públicos.
La presidenta municipal detalló que la parálisis administrativa comenzó cuando el síndico, la tesorera y el regidor de Hacienda bloquearon el dispositivo electrónico bancario (token) de las cuentas municipales para impedirle operar los presupuestos oficiales.
A raíz de este bloqueo, la demarcación arrastra deudas institucionales como un recibo de energía eléctrica por aproximadamente 40 mil pesos y pendientes con los salarios de la plantilla de trabajadores, debido a la negativa de los integrantes del cabildo de validar la entrega legal de partidas hacia las agencias auxiliares.
En el aspecto de su seguridad personal, la alcaldesa manifestó un profundo temor por su vida, la de su esposo, su madre y la de su hijo menor de edad. Denunció que sujetos desconocidos vigilan continuamente su entorno durante las noches y que se registraron detonaciones con arma de fuego en el domicilio particular donde se encontraba su familia. Asimismo, acusó que en diversas comunidades se ejerce coerción contra los agentes municipales mediante el cobro de multas económicas a los pobladores que no acudan a las marchas convocadas por organizaciones ajenas al municipio.
Finalmente, la presidenta municipal informó que continuará por la vía legal y que acudirá ante la Presidencia de la República para entregar un expediente con las pruebas documentales sobre el hostigamiento del que ha sido objeto.
Subrayó que su única exigencia es el respeto a su mandato constitucional y la preservación de la paz social en las agencias, advirtiendo que no cederá ante chantajes que pretendan quebrantar la autonomía de los pueblos de Santiago Choápam.