El gobierno del estado de Chiapas anunció el reforzamiento de la seguridad con elementos policíacos de aquella entidad en el ejido Gustavo Díaz Ordaz, ubicados en una zona que la comunidad de San Miguel Chimalapa pretende recuperar mañana.
Las autoridades del vecino estado advirtieron que no tolerará “ningún acto de violencia ni de despojo” y que, en caso de ser necesario, “se actuará con estricto apego a la ley”.
A través de un comunicado emitido esta tarde, refirió que “nos mantenemos de manera permanente en la mesa de diálogo instalada en torno al tema de Los Chimalapas, participando activamente con el objetivo de encontrar la mejor solución para ambas partes”.
Agregó que el gobierno chiapaneco determinó mantener la presencia de la Guardia Estatal y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal con la finalidad de evitar conflictos.
No se tolerará ningún acto de violencia ni de despojo. En caso de ser necesario, se actuará con estricto apego a la Ley.
Hacemos un llamado a todas las partes a privilegiar el diálogo. Confiamos en alcanzar acuerdos que conduzcan a la paz y la tranquilidad de todas y todos los involucrados”, sostuvo la autoridad vecina.
Tensión
Al menos 600 comuneros de San Miguel Chimalapa anunciaron que acudirán este viernes al ejido Gustavo Díaz Ordaz, en la zona noroeste de Cintalapa, para exigir que los habitantes definan si se incorporan al régimen comunal zoque o abandonan las tierras.
El anuncio ocurre al cumplirse el plazo de 30 días que los comuneros oaxaqueños dieron a los pobladores del ejido, mientras habitantes de 17 comunidades de Cintalapa advirtieron que no permitirán un desalojo y exigieron la intervención de las autoridades para evitar una confrontación.
La movilización anunciada por San Miguel Chimalapa está prevista para este viernes 4 de septiembre. Los comuneros sostienen que buscan recuperar tierras que consideran parte de su territorio comunal y que cuentan con respaldo jurídico para reclamar su restitución. El plan contempla la presencia de cientos de personas en Gustavo Díaz Ordaz y otras comunidades cercanas.
El conflicto tiene como telón de fondo una disputa que durante décadas enfrentó a Oaxaca y Chiapas por la definición de sus límites territoriales. En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional y determinó que una amplia superficie en disputa pertenece a Oaxaca.
En la zona permanecen comunidades cuyos habitantes sostienen que cuentan con documentos agrarios y que han vivido allí durante décadas. El problema es que la definición de los límites entre los estados no resolvió automáticamente la situación de los núcleos agrarios ni la permanencia de sus pobladores.
El miércoles, cientos de habitantes de 17 comunidades de la zona noroeste de Cintalapa marcharon por las calles de la cabecera municipal para rechazar cualquier intento de desalojo.