Militantes del Consejo Indígena Popular de Oaxaca (CIPO‑RFM) protestaron este día frente al Palacio de Gobierno en demanda de la detención de los autores intelectuales y materiales de la desaparición de la joven agrónoma Roxana López, así como la localización con vida de la ciudadana de 24 años de edad.
A seis meses de la desaparición de López, egresada del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca (ITVO), los manifestantes acusaron tanto a la Fiscalía como al gobierno estatal de haber hecho prevalecer un manto de impunidad en el caso.
A pesar de la emisión de fichas rojas por parte de Interpol contra tres de los presuntos autores del delito, los militantes del CIPO condenaron que aquellas acciones no representan ningún avance material en la solución del caso, por lo que demandaron la localización y ejecución inmediata de las órdenes de aprehensión liberadas contra aquellas personas.
La Fiscalía de Oaxaca ha acusado al ex edil de San Martín Itunyoso, Vilgaid López Guadalupe, junto con su sobrino, Dagoberto López Díaz, pareja de Roxana al momento de su desaparición, y a la madre de éste, Concepción Díaz, como los autores de aquel delito.
Exigimos a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) que no se conforme con anunciar que obtuvo fichas rojas de Interpol. Esa no es toda la solución. Aunque la Fiscalía ya ha dictado órdenes de aprehensión contra Dagoberto López Díaz, Vilgaid López Guadalupe (expresidente municipal de San Martín Itunyoso) y Concepción Díaz Martínez (madre de Dagoberto), aún no han sido detenidos; siguen prófugos.
Por esto, exigimos al gobernador, Salomón Jara Cruz, que ponga todos los recursos necesarios para encontrar a nuestra compañera Roxana López Martínez y dar con el paradero de los responsables de su desaparición.
El CIPO sostuvo que ha sostenido mesas de trabajo con el fiscal, Bernardo Rodríguez Alamilla, pero los avances, afirmó, han sido mínimos.
Exigen indagatoria contra comisionado
La organización también demandó que se investigue a Roberto Cabrera Vera, comisionado municipal provisional de San Martín Itunyoso y quien fue designado por el gobierno del estado tras el conflicto con el comisariado ejidal en 2024.
De manera principal, el CIPO exigió que se indague la relación del servidor público con Vilgaid López Guadalupe.
Pedimos que se profundice la investigación sobre la reunión que sostuvo el presidente municipal con integrantes de su cabildo el mismo día de la desaparición de Roxana. Estos y otros elementos deben tomarse en cuenta para reunir la información necesaria.
Denuncian filtración de información
Los inconformes manifestaron su preocupación por el hecho de que durante los cateos realizados en los últimos meses, se haya filtrado información desde la propia Fiscalía.
Se nos dice que no se avisa ni a los municipios ni a los pueblos, pero resulta sospechoso que cada vez que las autoridades llegan a los lugares donde se encuentran las personas con orden de aprehensión, éstas logren escapar con tiempo de sobra.
Tras la acusación, demandaron al resto de las dependencias del gobierno una mejor coordinación, pues hasta ahora han sido omisos.
Un ejemplo claro es la Secretaría de la Mujer: en una reunión le hicimos varias observaciones en el actuar de su abogada, que no son las correctas al tomar decisiones que le corresponden a la familia y organización, hasta el grado de que Rogelia González (titular de la dependencia) nos dijera que somos políticas, y que somos manejadas por los hombres.
Estas palabras nos violentan como mujeres y más grave aún cuando viene de una mujer servidora pública; Rogelia nos desprecia, discrimina por no ser como ellas, por pensar diferente y por organizarnos como mujeres magonistas.
Las mujeres del CIPO reiteraron que durante los más de seis meses transcurridos, los avances han sido escasos.
No hay un acercamiento real a la justicia ni indicios claros. Exigimos a la Fiscalía que cumpla con su responsabilidad: que se esclarezca si hay más personas involucradas y que se castigue a quienes participaron en esta desaparición.
Exigimos también que se le otorgue protección al papá, el señor Raúl López Hernández, de la misma manera a nuestra compañera, la tía de Roxana, Lourdes López Hernández, y su hermana de Roxana, Berenice López Martínez, quienes son los más involucrados en el caso.
Ante la falta de acceso a la justicia, cuestionaron a las autoridades sobre si existe algún funcionario relacionado con el caso que esté frenando las investigaciones y, con ello, la justicia.
Finalmente, hicieron un llamado a las organizaciones hermanas a estar atentas ante cualquier intento de represión en contra de nuestra manifestación, ya que hemos sufrido varios ataques por parte del gobierno del estado y, de igual manera, tampoco se ha hecho justicia por esos actos.