La reincorporación de Rubén Rocha Moya a sus funciones como gobernador constitucional de Sinaloa generó una fuerte confrontación política este viernes 21 de agosto de 2026 en la escena nacional. El mandatario estatal retomó las riendas del Poder Ejecutivo local luego de cumplir un periodo de licencia temporal de 112 días (iniciado el pasado 1 de mayo), asegurando en un mensaje público que la Fiscalía General de la República (FGR) no encontró elementos probatorios que lo vinculen con las acusaciones emitidas en su contra por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Las dirigencias de los partidos de oposición rechazaron de inmediato el retorno del mandatario y anunciaron que intensificarán la presión parlamentaria para que responda ante las instancias judiciales competentes.
El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, acusó que el regreso de Rocha Moya representa una vulneración al Estado de derecho y sostuvo que la administración sinaloense se mantiene bajo la sombra de señalamientos internacionales por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y solicitudes de extradición.
En el mismo sentido se pronunció el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, quien calificó la reincorporación como una maniobra política para buscar impunidad tras permanecer más de tres meses separado de sus funciones públicas.
A estos posicionamientos se sumó el coordinador de los diputados federales priistas, Rubén Moreira, quien advirtió que la oposición no permitirá que se archive el expediente sobre los presuntos nexos con grupos delictivos en la entidad.
De manera paralela, el oficialismo marcó un distanciamiento total frente a la acción del mandatario sinaloense. A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Gobernación (Segob) puntualizó que la decisión de Rocha Moya responde exclusivamente a una determinación de carácter personal e individual.
La dependencia federal recordó que la FGR mantiene abiertas las carpetas de investigación correspondientes sobre las diez personas señaladas por autoridades estadounidenses y precisó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha requerido formalmente al gobierno del país vecino la aportación de elementos probatorios que sustenten sus señalamientos.
La dirigencia nacional del partido Morena emitió un pronunciamiento en el que aclaró que la cúpula partidista no tuvo conocimiento previo de la determinación de Rocha Moya, deslindándose formalmente de su regreso al poder. Por su parte, el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, encabezado por Ricardo Monreal Ávila, aprobó un exhorto público para solicitar al gobernador que reconsidere su postura y solicite nuevamente licencia con el objetivo de permitir que las autoridades ministeriales desahoguen las investigaciones con plena autonomía técnica e imparcialidad.
La postura de rechazo al personalismo político fue secundada por las y los gobernadores emanados de la Cuarta Transformación mediante un despliegue conjunto. Los mandatarios estatales de Morena y partidos aliados llamaron a la madurez institucional, enfatizando que las decisiones individuales no pueden anteponerse al orden constitucional ni comprometer la conducción del país encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.