Autoridades comunitarias y pobladores de San Pablo Huitzo se movilizaron este día para tomar la caseta de cobro y dar paso libre a los conductores.

La medida de presión surge tras años de denunciar que la planta de tratamiento de aguas residuales operada por Caminos y Puentes Federales (Capufe) contamina sus fuentes de agua sin que las autoridades brinden una respuesta definitiva.

Jesús Cruz López, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, señaló que la infraestructura de Capufe funciona prácticamente como un vertedero de aguas negras. Los desechos van a parar directamente al arroyo Cañada Corazón y a un borde de agua local, provocando una alta concentración de coliformes fecales que ya comenzó a filtrarse en los pozos de agua potable que abastecen a la Tercera Sección del municipio.

Las principales afectaciones denunciadas por la comunidad son la prevalencia de agua contaminada por la filtración de aguas residuales y bacterias fecales en la red de agua potable comunitaria.

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Asimismo, la falta de mantenimiento de la planta, construida hace 22 años, que opera presuntamente sin permisos vigentes y con un esquema de mantenimiento anual deficiente que deja meses sin atención el problema.

Desechos en carreteras: Acumulación de basura arrojada por automovilistas y residuos de asfalto abandonados por Capufe, los cuales son arrastrados por las lluvias hacia los afluentes del río Atoyac.

Acusaron que el constante cierre de los sanitarios públicos en la caseta provoca que los conductores defequen u orinen a orillas de la vía, afectando terrenos agrícolas aledaños.

A pesar de haber mantenido mesas de diálogo y enviado peticiones formales a dependencias ambientales y de salud, la comunidad asegura que Capufe ha hecho caso omiso, exigiendo incluso que los mismos pobladores financien los estudios para demostrar la contaminación.

Ante la falta de garantías y la advertencia de que los trabajos de reparación tardarán al menos tres meses más, la asamblea general de San Pablo Huitzo determinó realizar esta protesta pacífica —que incluye la suspensión temporal de comercios en la zona— para exigir la reparación inmediata del daño ambiental y la salud pública de la población.