El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) acusó a las autoridades estatales de mantener en la impunidad los asesinatos de las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García, cometidos en una misma acción armada hace 21 meses.
Durante una protesta efectuada frente al Palacio de Gobierno, los representantes de aquella agrupación política condenaron que las investigaciones no han registrado avances.
“A 21 meses del cobarde asesinato de nuestras defensoras Adriana y Virginia Ortiz García, el Estado vuelve a quedar a deber. La justicia, para nuestro pueblo, parece existir únicamente en el papel; se ha convertido en letra muerta mientras la impunidad sigue imponiéndose sobre la verdad”, sentenció la agrupación.
“Hoy volvemos a salir a las calles para alzar la voz con mayor firmeza, dignidad y determinación. Lo hacemos porque nuestro pueblo tiene memoria, y porque nos negamos a aceptar que el paso del tiempo se convierta en el mejor aliado de la impunidad”, subrayó.
La organización sostuvo que Adriana y Virginia no son ni serán una estadística más, pues forman parte de la historia de lucha, resistencia y dignidad “de la Nación Triqui”.
Reiteraron que, a 21 meses del doble crimen, las indagatorias no han arrojado a ninguna persona detenida.
“La lentitud de las investigaciones, el silencio institucional y la falta de respuestas concretas reflejan una profunda deuda del Estado con las víctimas de la violencia. La justicia que tarda injustificadamente también es una forma de negar derechos”, dijo.
“Adriana y Virginia dedicaron su vida a la defensa de su pueblo, de sus comunidades y de las causas colectivas. Levantaron la voz por quienes históricamente han sido olvidados y demostraron que las mujeres son protagonistas en la construcción de la paz, la organización y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas”.
Agregó: “Por eso hoy decimos con claridad: ninguna mujer debe ser asesinada por defender a su pueblo, por exigir justicia, por organizar a su comunidad o por luchar por una vida digna para las generaciones presentes y futuras. Cuando una mujer defensora es asesinada y el Estado no garantiza una investigación pronta, efectiva y transparente, también se vulnera el derecho de toda una comunidad a vivir en paz y con justicia”.
“No podemos normalizar que las familias esperen meses o años para conocer la verdad. No podemos aceptar que la impunidad continúe enviando el mensaje de que la violencia contra las mujeres defensoras puede quedar sin consecuencias. La indiferencia institucional alimenta el miedo y debilita la confianza en las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía”.