La Cámara de Diputados envió un requerimiento formal al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, con el objetivo de respaldar la acción internacional del gobierno de México ante las recientes muertes de ciudadanos mexicanos bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, remitió la misiva para sumarse al procedimiento iniciado previamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante el endurecimiento de las políticas de control fronterizo en territorio estadounidense.
Las autoridades legislativas detallaron en el documento que al menos 18 personas de nacionalidad mexicana han perdido la vida en eventos directamente relacionados con la actuación de los agentes del ICE.
De acuerdo con los expedientes oficiales, 14 de los decesos ocurrieron mientras los connacionales permanecían retenidos en el interior de los centros de detención migratoria, mientras que las otras cuatro muertes se registraron durante la ejecución de operativos de aseguramiento en espacios públicos, centros laborales o domicilios particulares.
La petición dirigida al organismo internacional solicita un seguimiento estricto a las denuncias por presunto uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias mediante agentes encubiertos o sin identificación visible, y la falta de información oportuna sobre el paradero de los detenidos.
Asimismo, las autoridades expresaron su preocupación por las condiciones de internamiento, las deficiencias reportadas en la atención médica básica y los obstáculos que enfrentan las familias para acceder a una defensa jurídica y la debida protección consular en el extranjero.
El texto enviado al Sistema Universal de Derechos Humanos enfatiza que la condición migratoria de una persona no disminuye su dignidad ni suspende sus derechos fundamentales. Por ello, el Poder Legislativo mexicano manifestó su disposición para colaborar en el diálogo internacional y la búsqueda de soluciones institucionales que garanticen la rendición de cuentas.
Las autoridades señalaron que, al ser Estados Unidos parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, está obligado a investigar de manera independiente estos hechos, adoptar medidas de no repetición y sancionar a quienes resulten responsables.