Este miércoles, diputadas y diputados de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente aprobaron el dictamen que ratifica el nombramiento presidencial de Jennifer Krystel Castillo Madrid como administradora general de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La resolución ocurrió tras la comparecencia de la funcionaria ante dicho órgano legislativo, el cual está presidido por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín.
Esta ratificación busca consolidar la estructura del brazo recaudador del país en un sector de alta relevancia fiscal. Castillo Madrid obtuvo el aval de los parlamentarios al presentar una estrategia enfocada en robustecer la certeza jurídica, mejorar los procesos de auditoría y aplicar mecanismos de inteligencia fiscal para incrementar la eficiencia de la recaudación tributaria sin alterar las tasas impositivas vigentes.
Durante su exposición, la funcionaria expuso la enorme trascendencia económica de la oficina que pretende encabezar, ya que coordina la fiscalización de los sectores comerciales más robustos. Castillo Madrid puntualizó que la Administración General de Grandes Contribuyentes atiende únicamente al 0.02 por ciento del total de los contribuyentes del país, pero concentra de forma masiva alrededor del 52 por ciento de la recaudación federal.
Al detallar la operación reciente, informó que entre 2023 y 2025 se efectuaron dos mil 480 auditorías dirigidas a este segmento corporativo. En este mismo lapso, la oficina gestionó devoluciones por una cantidad cercana a los 691 mil millones de pesos, una cifra que representa un incremento del cinco por ciento en comparación con lo registrado durante el ejercicio fiscal de 2024.
La funcionaria externó su compromiso para trabajar con honestidad y ofrecer certidumbre a las finanzas públicas, argumentando que una fiscalización justa es vital para el desarrollo económico. Su plan contempla homologar criterios de revisión, focalizar auditorías y optimizar la resolución de recursos de revocación y consultas, promoviendo un ambiente de confianza para la inversión empresarial.
La designación propició planteamientos de la oposición. La diputada María Lorena García Jimeno Alcocer (PAN) puntualizó la necesidad de evaluar minuciosamente el perfil, sosteniendo que el SAT debe ser una institución técnicamente independiente y profesional. En tanto, la diputada Cindy Winkler Trujillo (PVEM) cuestionó cómo el organismo garantizará la seguridad jurídica indispensable para que los inversionistas mantengan su capital en México.
Por su parte, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) resaltó la relevancia de incorporar herramientas avanzadas como la inteligencia artificial en los procesos de fiscalización y solicitó detalles sobre los planes tecnológicos del organismo. Tras finalizar las intervenciones, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín dio por aprobado el dictamen y anunció su remisión a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente para su posterior programación en el Pleno.